De Justicia a Interior

LA FUSI?N de los ministerios de Interior y Justicia fue durante a?os una idea cultivada en los predios de la derecha y combatida en los de la izquierda. Pero fue un Gobierno socialista, en mayo de 1994, el que la llev¨® a la pr¨¢ctica y es ahora un Gobierno conservador el que reniega de ella. El ciudadano comprende que en ocasiones los partidos pol¨ªticos se vean abocados a hacer desde el Gobierno cosas distintas a las defendidas desde la oposici¨®n; y viceversa. Pero este tipo de mudanzas merecen al menos una explicaci¨®n.El Gobierno socialista no la dio en 1994 cuando, en contra de sus postulados, fusion¨® por primera vez en la historia espa?ola los departamentos de Justicia e Interior. Y el Gobierno de Aznar tampoco la ha dado ahora al separarlos de nuevo en contra de lo reclamado desde hace a?os, primeramente, por Alianza Popular y, despu¨¦s, por el refundado Partido Popular, aunque en el programa electoral que le ha llevado al poder abogara de nuevo por el "restablecimiento del Ministerio de Justicia". Fusionar o separar dos departamentos de solera hist¨®rica como Justicia e Interior, que ocupan zonas pol¨ªtico-institucionales b¨¢sicas y diferenciadas en el funcionamiento del Estado de derecho, exige razones m¨¢s elocuentes que el silencio o que una gen¨¦rica invocaci¨®n a las "necesidades pol¨ªticas del momento" como la hecha en su d¨ªa por los socialistas.

En todo caso, el departamento de Justicia al que el Gobierno Aznar ha vuelto a dar autonom¨ªa no es el de siempre. Ha sido amputado de un componente esencial: la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias. Y lo ha sido mediante un simple real decreto, parco en explicaciones, que puede plantear problemas de legalidad, al entrar en contradicci¨®n con una norma de rango org¨¢nico como la Ley General Penitenciaria de 1979. Por m¨¢s chocante que parezca, el ¨¢mbito de ejecuci¨®n de las penas, sometido por mandato constitucional al control judicial, se le sustrae al departamento, el de Justicia, que en los sistemas democr¨¢ticos suele ser el valedor de las garant¨ªas jur¨ªdicas y el nexo de uni¨®n del Ejecutivo con el mundo judicial.

Se comprende la inquietud que esa decisi¨®n ha provocado entre los funcionarios de prisiones. Si, como parece, la decisi¨®n est¨¢ motivada por la necesidad de controlar desde Interior la pol¨ªtica penitenciaria respecto de los presos de ETA, la raz¨®n es insuficiente. La pol¨ªtica penitenciaria del Estado no puede estar supeditada a la lucha antiterrorista ni el tratamiento sin duda singularizado de 500 reclusos terroristas puede hipotecar el de los m¨¢s de 40.000 presos que no lo son, como ha recordado el consejero de Justicia del Gobierno vasco. La lucha contra el terrorismo exige, incluso en el ¨¢mbito penitenciario, una especial colaboraci¨®n entre Interior y Justicia. Basta ver el manejo que ETA pretende hacer con sus presos. Pero esa colaboraci¨®n, entre: Justicia e Interiores perfectamente posible, como se demostr¨® aqu¨ª, por ejemplo, en el periodo en que los ministros respectivos fueron M¨²gica y Corcuera.

Suprimir o restablecer el Ministerio de Justicia son propuestas en s¨ª mismas defendibles. Y la prueba es que el Partido Popular abog¨® en un momento por la primera en aras del principio de limitaci¨®n del gasto p¨²blico, y luego por la segunda. Pero es menos defendible restablecer un departamento de Justicia precisamente cuando se le amputa una de sus competencias m¨¢s caracter¨ªsticas: la pol¨ªtica penitenciaria.