La empresa p¨²blica en Espa?a

El sector p¨²blico empresarial de propiedad estatal re¨²ne un conjunto de empresas de actividad muy dispar, cuya composici¨®n actual, sin perjuicio de la justificaci¨®n que pueda haber existido en el momento de su creaci¨®n, resulta dif¨ªcil de sostener que obedezca a alg¨²n referente te¨®rico ni a ninguna estrategia definida. La experiencia de los ¨²ltimos a?os avala que ha quedado sin justificaci¨®n econ¨®nmica la existencia de empresas p¨²blicas dado que no existen sectores ni actividades en los que resulte prioritario ni imprescindible la intervenci¨®n p¨²blica bajo la forma de empresa.Durante los ¨²ltimos a?os, el comportamiento de la empresa p¨²blica ha mostrado tres aspectos concretos:

1. Ser soporte y territorio principal de un modelo de sindicalismo que, a partir de los "liberados" -en porcentaje no comparable al sector privado- utiliza las empresas como fuente de rentas y de poder sindical, desconociendo las exigencias de rentabilidad de toda empresa. Esta realidad se refleja en los niveles salariales, las condiciones de regulaci¨®n de empleo y en unas singulares relaciones laborales que, en la mayor¨ªa de las ocasiones,, han aceptado los directivos de los holdings y empresas por razones socio-pol¨ªticas o, quiz¨¢, por su situaci¨®n de interino en el cargo; dada la naturaleza pol¨ªtica de la "propiedad".

2. Crear una cultura funcionarial en la empresa, no compatible con las exigencias de permanente adaptaci¨®n competitiva derivada de la continua evoluci¨®n tecnol¨®gica -servicios al cliente, productos y procesos- y de productividad -como consecuencia de los cambios en la demanda y de la aparici¨®n de nuevos oferentes en una econom¨ªa que se abre a mercados cada vez m¨¢s globales. Al mismo tiempo, dada la naturaleza de su propiedad p¨²blica, se acent¨²a la supuesta obligaci¨®n del Estado de resolver todos los problemas de los ciudadanos y se genera un mercado politizado en sus relaciones con proveedores y clientes, que ven en la empresa p¨²blica una forma de obtener renta, lo cual no estimula el desarrollo de capacidades.

3. Aplazar los necesarios ajustes al mercado por presiones pol¨ªtico-sindicales dando origen a las mayores necesidades de fondos que siempre se registran cuando los ajustes son inaplazables y afectan a la competitividad del resto de las empresas, porque distorsionan el correcto funcionamiento de los mercados.

Las empresas de propiedad estatal dependen de tres centros con m¨¢s o menos autonom¨ªa': -Agencia Industrial del Estado (AIE).

- Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),

- Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado (DGPE).

Aparte de aquellas empresas con dependencia directa de los ministerios funcionales.

La Agencia Industrial del Estado se cre¨® con el fin de ejecutar las directrices del Gobierno en materia de reconversi¨®n y reestructuraci¨®n industrial de las empresas sometidas a reg¨ªmenes especiales y derogaciones parciales de las normas comunitarias sobre competencia. La Agencia no podr¨¢ endeudarse ni avalar o conceder pr¨¦stamos a sus empresas. Como consecuencia, las relaciones financieras de las sociedades o grupos cuya propiedad ostenta la AIE con el Estado se basan en los contratos-programa que puedan. establecerse para cada una de ellas y en el limite anual m¨¢ximo de los avales del Estado..

El conjunto de empresas integradas en la AIE tiene una plantilla de 44.000 personas y una cifra de ventas de 650.000 millones de pesetas. Las empresas de la Agencia se enfrentan a situaciones. muy diferentes. As¨ª, por ejemplo, la CSI -Corporaci¨®nSider¨²rgica- que concentra m¨¢s de la mitad de la facturaci¨®n del conjunto de las empresas propiedad de la AIE, parece que deber¨ªa aprovechar el actual ciclo sider¨²rgico para proceder a su inmediata privatizaci¨®n, con el fin de facilitar la creaci¨®n de grupos sider¨²rgicos competitivos y, en todo caso, contemplando, si es posible la integraci¨®n y alianzas con otras empresas o grupos nacionales.

Hunosa y Figaredo deber¨ªan acelerar su proceso de reducci¨®n de plantilla y actividad ante la inviabilidad econ¨®mica. Santa B¨¢rbara y Baz¨¢n se enfrentan con la dificultad de b¨²squeda de nuevos negocios y con la urgencia del ajuste productivo para su posterior privatizaci¨®n. Presur y Potasas de Navarra -50% del Gobierno navarro- se encuentran en liquidaci¨®n por agotamiento de los recursos explotados. En similar situaci¨®n se encuentran, de hecho, el conjunto de actividades sider¨²rgicas que todav¨ªa se desarrollan en las compa?¨ªas del grupo AHV-Ensidesa Capital.

La divisi¨®n de construcci¨®n naval -AESA, Astano, Barreras- necesita una reestructuraci¨®n y cambios de comportamiento que hagan posible su competitividad en 1998 sin ning¨²n tipo de ayuda. Los astilleros venden sus productos a un precio que equivale al 50% del coste. El resto es cubierto con ayudas p¨²blicas, al igual que sucede en gran parte de los astilleros europeos, en forma de primas, subvenciones y, hasta ahora, compensaci¨®n de p¨¦rdidas. Es urgente la introducci¨®n de cambios en la cultura sindical de los astilleros para que se acepten las soluciones que implica su privatizaci¨®n pues, en caso contrario, a medio plazo deber¨¢n cerrar, despu¨¦s de haberse beneficiado de todas las subvenciones posibles.

La Agencia Industrial, tal como se ha configurado, no parece ser un elemento que facilite ni la eficacia ni la eficiencia empresarial. Existen dos consideraciones organizativas que no se deben olvidar: 1) El exceso de controles implica descontrol, mucho m¨¢s cuando el problema de las empresas de la AIE no es de falta de control, sino que hay que proceder a su ajuste, cierre o privatizaci¨®n y no generar controles y codecisiones que mantengan empleos de la Agencia. 2) Sustituir las funciones de los ejecutivos de las empresas, centralizar la planificaci¨®n estrat¨¦gica e intervenir en decisiones estrat¨¦gicas es centrar las bases para la diluci¨®n de responsabilidades y la ineficiencia empresarial. El reducido n¨²mero (le m¨¢ximos ejecutivos en las empresas (siete) permite la coordinaci¨®n con los equipos directivos de la Agencia, sin necesidad de la maquinaria burocr¨¢tica y la cultura que encierra la oficina heredada del INI (95 empleados).

Sin embargo, se van a producir dos hechos relevantes, y esperemos que inductores de consecuencias positivas en el comportamiento de sus empresas, derivados de la ausencia de competencias financieras con que se ha creado la Agencia: a) van a ser visibles los incumplimientos de los contratos programa, as¨ª como los cr¨¦ditos extraordinarios que habr¨¢ que arbitrar para cubrirlos: y B) la Agencia no va poder ser objeto de demandas de poyo a sectores y/o empresas econ¨®mcamente inviables por razones sociopol¨ªticas. No obstante, no debe olvidarse que aportaci¨®n del estado a las empresas de la Agencia para 1996 ser¨¢ de m¨¢s de 400.000 millones. Es urgente hacer una estimaci¨®n de cual es el coste total para los ciudadanos de los planes de ajustes de estas empresas, dado que los complementos de pensiones en las jubilaciones, as¨ª como los singulares planes de prejubilaci¨®n con l¨ªmites garantizados alrededor del 80% del salario de media, se recogen, s¨®lo en parte, en las cuentas de resultados de las empresas a las que hay que a?adir lo que se paga a trav¨¦s de los distintos organismos del Ministerio de Trabajo.

La SEPI, creada por Real Decreto Ley 5/1995 de 16 de junio, se concibe como una sociedad instrumental, como un holding, que posee las acciones del Estado en Repsol y Teneo, as¨ª como, peque?as participaciones en Gas Natural y Enagas as¨ª corno en otras sociedades. Sus funciones b¨¢sicas son: a) la amortizaci¨®n de la deuda hist¨®rica del INI -700.000 millones- (sin considerar la deuda del INI previamente asumida por el Estado); b) la tenencia de las participaciones del Estado en Repsol y Teneo.

Las participaciones que configuran la cartera de la SEPI son b¨¢sicamente, Repsol y Teneo. Con esta cartera es previsible esperar en un futuro la venta del resto de paquete de Repsol (10%), despu¨¦s de la reciente privatizaci¨®n del 11%; la de Gas Natural (3,81%) a Repsol (que ya posee el 45,26% y/o en el mercado); y la venta del 9% de Enagas a Gas Natural o a Repsol, en l¨ªnea con la venta de Sagane a Enagas.

De cara al futuro, lo m¨¢s ¨²til para Teneo, ser¨ªa su reordenaci¨®n o su desaparici¨®n, dado que es un conglomerado de empresas cuya justificaci¨®n est¨¢ unida a unas supuestas econom¨ªas de es cala y alcance -servicios horizontales a prestar a las empresas por la oficina central- que, de existir, son poco relevantes y no compensan los costes y comportamientos let¨¢rgicos, propios e inducidos, por la burocracia de la corporaci¨®n, a pesar de la reducci¨®n de su plantilla. Y lo que es m¨¢s preocupante, aplazan las decisiones de reestructuraci¨®n y/o ajuste al utilizar los fondos de las empresas rentables en negocios de dudosa viabilidad, con base en la caja de las empresas del sector el¨¦ctrico que aportaron 107.000 millones en 1995.

Tiene poco sentido mantener conglomerados de dudosa eficiencia cuando estamos asistiendo a la especializaci¨®n de los grupos empresariales, a la rotura de grupos con negocios no relacionados, e incluso a la de grandes empresas con negocios relacionados (ATT, ICI) para facilitar la competencia y las econom¨ªas de gesti¨®n, ante la irrelevancia de las econom¨ªas de escala y alcance. Los mercados de capitales penalizan el factor conglomeral, confirmando el principio de que las partes valen m¨¢s que el todo.

El ¨²ltimo grupo de sociedades de propiedad p¨²blica estatal se compone de un conjunto heterog¨¦neo de empresas dependientes de la Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado, las cuales pueden clasificarse en los siguientes cuatro bloques, en funci¨®n de su estatus y evoluci¨®n deseables:

1. Empresas con cotizaci¨®n en el mercado burs¨¢til, con capacidades directivas, y, por tanto, de f¨¢cil privatizaci¨®n total: Telef¨®nica (21%), Argentaria (26,7%), Tabacalera (53,36%).

2. Empresas con negocios que pueden ser la base para desarrollar o crear alianzas y / o fusiones con grupos privados: Aldeasa, Trasmediterr¨¢nea, Empresa Nacional de Autopistas (Anausa) y Paradores de Turismo.

3. Empresas cuya actividad o negocio viene condicionado por el sector p¨²blico y cuya posible venta, por tanto, exige una previa regulaci¨®n y reestructuraci¨®n en aIgunos casos: Cetarsa, Tragsa, Segipsa, Alimentos y Aceites, Mercasa, Agencia Efe, Senasa, Minas de Almad¨¦n y Explotaciones Agrarias Andaluzas y Compa?¨ªa Espa?ola de Seguros de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n.

4. El resto de instrumentales que desaparecer¨¢n cumplidas sus funciones o continuar¨¢n, pero con escasa importancia.

Finalmente, por lo que se refiere a las sociedades con dependencia directa de sus respectivos ministerios funcionales, son un conjunto de empresas y organismos cuya privatizaci¨®n y / o la gesti¨®n privada de sus actividades, en algunos casos, no presenta dificultades, mientras que para otras, exigir¨ªa un cambio de regulaci¨®n previo, dado su car¨¢cter de actividad regulada, o monopolio natural.

?lvaro Cuervo Garc¨ªa es catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Empresa de la Universidad Complutense.