El fiscal acusa al Ayuntamiento de "omisi¨®n absoluta de controles" en la incineradora

La Fiscal¨ªa de Madrid ha estrechado el cerco contra la incineradora municipal de Valdeming¨®mez. En una demanda dirigida al Tribunal Superior, el ministerio p¨²blico describe el rosario de supuestas irregularidades en que incurre la instalaci¨®n que el Ayuntamiento puso en marcha en diciembre. Una lista que comprende desde el riesgo de graves afecciones para la poblaci¨®n hasta el incumplimiento de los tr¨¢mites de informaci¨®n p¨²blica, pasando por la "omisi¨®n absoluta de controles", falsedad de su dedicaci¨®n original al reciclado, falta de vigilancia sobre materiales t¨®xicos y peligrosos, dise?o obsoleto y anticuado, falta de previsi¨®n de accidentes, ausencia de medidas correctoras de las emisiones contaminantes, inexistencia de estudio de impacto ambiental e incumplimiento de la legislaci¨®n de seguridad para trabajadores.

La demanda del fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ocupa 44 p¨¢ginas, en las que se ofrece una minuciosa descripci¨®n de los, presuntos incumplimientos, deficiencias, irregularidades e ilegalidades de la instalaci¨®n municipal, que cost¨® 15.000 millones de pesetas. El escrito, firmado con fecha 1 de julio, se ha elevado a la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Su finalidad es conseguir que los magistrados ordenen de inmediato que un grupo de expertos imparciales controle la instalaci¨®n y que mantenga informado al tribunal de las situaciones de riesgo que se registren en la planta. Esta iniciativa ampl¨ªa el recurso que la misma fiscal¨ªa present¨® contra la decisi¨®n del Ayuntamiento de poner en marcha la incineradora.En su relato de hechos, al que ha tenido acceso EL PA?S, el ministerio p¨²blico aporta 23 argumentos, ampliamente desarrollados, contra la instalaci¨®n. Veintitr¨¦s argumentos en los que, pese a sus m¨²ltiples ramificaciones, subyace una sola idea: el peligro que la planta y su potencial intoxicador entra?an para el medio ambiente y la salud. Sobre este fundamento se levanta una exposici¨®n que empieza por destacar c¨®mo el Ayuntamiento de Madrid, sin tener ning¨²n estudio de impacto ambiental, "autoriz¨® y promovi¨® el funcionamiento de una incineradora con un control desproporcionadamente exiguo y que ( ... ) incumple flagrantemente las exigencias legales m¨¢s elementales. La ¨²nica legitimaci¨®n del complejo es su propia existencia; el empleo de las v¨ªas de hecho ha sido aqu¨ª patente".

Este supuesto desinter¨¦s se extendi¨®, seg¨²n el fiscal, incluso a la fase de proyecto y construcci¨®n, cuyo expediente administrativo ocup¨® "una sola p¨¢gina". A esta ausencia de control se suma "el absoluto incumplimiento por parte de las autoridades municipales de la legislaci¨®n urban¨ªstica", una carencia ejemplificada en la falta de licencia de obras y en que la planta se asienta en suelo no urbanizable.

Esta irregularidad en la tramitaci¨®n urban¨ªstica ha permitido, siempre seg¨²n el fiscal, que el proyecto no salga a informaci¨®n p¨²blica, con lo que los vecinos y los ayuntamientos afectados por la supuesta contaminaci¨®n no han podido recibir informaci¨®n ni presentar alegaciones. El escrito da especial relevancia a esta "indefensi¨®n del ciudadano" en tanto que "es seguro que las emisiones de la planta produzcan consecuencias graves para la salud de los n¨²cleos de poblaci¨®n situados en la direcci¨®n del penacho de emisiones".

Y pese a ello, seg¨²n afirma el fiscal, "no se ha realizado ning¨²n tipo de estudio sobre los da?os para la salud, absolutamente necesario para adoptar medidas de protecci¨®n".

No quedan ah¨ª las acusaciones contra la incineradora. Para el fiscal Valerio, la "omisi¨®n absoluta de todo control de actividades" ha conducido a que un proyecto que naci¨® para ser una planta de reciclaje se haya convertido en una incineradora capaz de tratar hasta residuos radiactivos. Esta alarma sobre el funcionamiento aumenta desde el momento en que la planta ha duplicado su capacidad inicial, debido al intento de "los operadores [la gesti¨®n de Valdeming¨®mez es privada] de sobredimensionar los hornos para obtener m¨¢s beneficio y menores plazos de amortizaci¨®n".

No menos llamativa resulta para el fiscal la falta de un manual de operaciones de funcionamiento, de un programa de control de las condiciones de combusti¨®n o de un programa espec¨ªfico para situaciones de riesgo.

Dise?o obsoleto y anticuado

Carencias que redundan en un aumento de la inseguridad en una planta cuyo dise?o el ministerio p¨²blico califica de "obsoleto y anticuado" y en la que "no hay medidas correctoras de las emisiones contaminantes" -por ejemplo, un filtro de carb¨®n activo como en la planta de Palma de Mallorca-.No acaba ah¨ª el varapalo fiscal. El peligro de la incineradora no s¨®lo ronda los cultivos del entorno y las poblaciones cercanas y desinformadas, sino a los propios trabajadores, ya que se incumple la legislaci¨®n sobre medidas de seguridad e higiene laboral. As¨ª, seg¨²n la demanda, algunos residuos que entran en la planta llegan putrefactos y los trabajadores deben, a veces, separarlos manualmente. Un trabajo no menos arriesgado para la salud que la manipulaci¨®n de cenizas y escorias, tratamiento sobre el que el proyecto b¨¢sico tampoco establece pautas de protecci¨®n. Resultado: posibilidad de "riesgos cancer¨ªgenos e inmunol¨®gicos" para los trabajadores.