Hacienda levanta actas por 1.800 millones por la venta de una empresa

Hacienda ha levantado actas fiscales que alcanzan los 1.800 millones de pesetas, incluyendo sanciones e intereses, a 70 socios de una empresa por desacuerdo con las condiciones fiscales por la venta de la sociedad Cargas Blancas Inorg¨¢nicas, de Girona. La operaci¨®n se realiz¨® en 1989 a trav¨¦s de la venta de derechos de suscripci¨®n de acciones, un mecanismo legal entonces y muy utilizado, para evitar el pago de impuestos en las ventas de sociedades.Seg¨²n la ley que reg¨ªa en ese momento, la plusval¨ªa por la venta de derechos de suscripci¨®n de acciones no se consideraba un incremento de patrimonio y estaba exenta de tributaci¨®n fiscal. El problema es que la venta de esta empresa se realiz¨® en dos tramos: uno antes de cambiar la ley y otro despu¨¦s.

Hacienda, en una resoluci¨®n fechada el pasado 28 de mayo, declara nula a efectos fiscales la primera venta hecha a la sociedad Ancedisa y s¨®lo considera v¨¢lida la segunda operaci¨®n, que al ser realizada cinco semanas despu¨¦s de cambiar la ley considera sometida a tributaci¨®n. Pese al tiempo transcurrido, la operaci¨®n no ha prescrito a afectos fiscales porque Hacienda inici¨® actuaciones hace dos a?os, que han terminado con el levantamiento de actas fiscales.

La venta de la empresa se hizo por un total de 3.651 millones de pesetas en derechos de suscripci¨®n de acciones y fue asesorada en sus aspectos fiscales por el bufete barcelon¨¦s de Pedro Ferreras, actual subsecretario de Industria y presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ni Ferreras ni ning¨²n miembro de su bufete han atendido la petici¨®n de este diario para explicar su papel en esta operaci¨®n.

Delito pol¨¦mico

Los accionistas de la empresa consideran que la venta es correcta y afirman que se sienten enga?ados por el antiguo gerente, Ramon Pruj¨¢, tambi¨¦n accionista. Fuentes jur¨ªdicas critican que pese a detectarse irregularidades en la operaci¨®n y a la elevada cuota tributar¨ªa que se reclama, Hacienda no haya apreciado delito fiscal y no haya permitido las actuaciones a los tribunales para que se inicie un procedimiento por presunto delito fiscal. En Hacienda se defiende que la inspecci¨®n tiene facultades para dirimir si hubo intencionalidad de defraudar y por tanto dolo, condici¨®n necesaria para que haya delito fiscal.La falta de env¨ªo por parte de Hacienda de algunos expedientes a los jueces o fiscales para que inicien actuaciones por presunto delito fiscal est¨¢ siendo criticada por abogados e incluso algunos magistrados. En estos medios se se?ala que siempre que haya dudas de si ha habido intenci¨®n de defraudar y la cuota supera los 15 millones de pesetas deben inicarse actuaciones por presunto delito fiscal.