La polic¨ªa debe destruir las cintas a los dos meses

Jaime Mayor y Juan Mar¨ªa Atutxa resaltaron las garant¨ªas que contempla la futura ley para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.' Entre ¨¦stas, que las filmaciones deben ser destruidas en un plazo de dos meses salvo que contengan im¨¢genes relacionadas con una investigaci¨®n policial o un procedimiento en marcha o bien que sean ¨²tiles para depurar infracciones administrativas graves.Todos los interesados tendr¨¢n derecho a visionar las grabaciones o a pedir su cancelaci¨®n y s¨®lo se les denegar¨¢ si existen "motivos de seguridad o defensa" o procedimientos judiciales o administrativos relacionados con quienes soliciten la cancelaci¨®n.

La futura ley obligar¨¢ a la polic¨ªa a remitir al juez la grabaci¨®n original, en el plazo m¨¢ximo de 24 horas despu¨¦s de visionada, cuando constate que la pel¨ªcula demuestra la existencia de un delito. En caso de que se capten infracciones administrativas, se remitir¨¢ al ¨®rgano competente para el inicio del expediente sancionador.

Prohibido en lugares cerrados

El proyecto del Gobierno central y el Gobierno vasco se?ala que no se podr¨¢n realizar grabaciones en vest¨ªbulos, viviendas y lugares cerrados si la polic¨ªa no cuenta con autorizaci¨®n judicial.

Las c¨¢maras m¨®viles podr¨¢n utilizarse en los lugares donde exista autorizaci¨®n para instalar. c¨¢maras fijas, as¨ª corno en otros lugares p¨²blicos siempre bajo autorizaci¨®n del jefe policial correspondiente. La comisi¨®n de control, presidida por un juez, ser¨¢ informada mensualmente de las operaciones que se hagan con videoc¨¢maras m¨®viles. Adem¨¢s, se le comunicar¨¢ con 10 d¨ªas de antelaci¨®n los dispositivos que se van a poner en marcha. "Si por razones de urgencia no se puede conseguir esta autorizaci¨®n previa, se informar¨¢ de tales circunstancias al jefe policial", se aclara en el proyecto.

El consejero Atutxa reconoci¨® que todav¨ªa quedan por regular muchos aspectos de la lucha contra la violencia callejera, tales como la utilizaci¨®n de m¨¢scaras y capuchas por los alborotadores, a dem¨¢s de que sigue quedando a merced de la discrecionalidad de los jueces el valor probatorio de las grabaciones.

El ministro, conocedor de que el proyecto crea suspicacias en diversos sectores pol¨ªticos y sociales, pidi¨® a todos que estudien el proyecto sin juicios a priori.

El juez de la Audiencia Nacional Ventura P¨¦rez-Mari?o, ex diputado socialista, opin¨® ayer en Avila que "la instalaci¨®n institucional de c¨¢maras en la calle tiene much¨ªsimas posibilidades de ser vulneradora del derecho a la intimidad", informa Carlos de Miguel. El juez record¨® que esta iniciativa "se dej¨® sin efecto hace vanos anos porque podr¨ªa ser atentatorio" contra los derechos ciudadanos.

Jos¨¦ Antonio Alonso, de Jueces para la Democracia, dijo que la nueva ley "plantea problemas de legalidad", mientras que la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria y la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura creen que no vulnera la Constituci¨®n.