El fiscal del 'caso Lasa-Zabala' se opone a devolver al Cesid las copias de los documentos

El fiscal del caso Lasa-Zabala, Jes¨²s Santos, present¨® ayer un informe al juez Javier G¨®mez de Lia?o en el que se opone a que se devuelvan al Cesid las copias de los documentos secretos que obran en poder del juzgado, dado que, en su opini¨®n, fueron obtenidos leg¨ªtimamente en un registro judicial en la celda del coronel Juan Alberto Perote. En el mismo informe, el fiscal se opone a la anulaci¨®n de los procesamientos del general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo y del teniente Pedro G¨®mez Nieto, as¨ª como a la petici¨®n de libertad provisional para los procesados que siguen en prisi¨®n.

La devoluci¨®n por parte del juez de las fotocopias de supuestos documentos secretos del Cesid fue solicitada por el abogado defensor de varios de los procesados, Jorge Argote, quien adujo el origen il¨ªcito de dichos documentos, presuntamente sustra¨ªdos por el ex jefe operativo del centro, coronel Juan Alberto Perote.Argote aleg¨® que el art¨ªculo 6 de la Ley de Secretos Oficiales obliga al personal de la Administraci¨®n del Estado -entre el que se encuentran los jueces-, a entregar de inmediato a la autoridad civil o militar m¨¢s cercana los documentos o asuntos clasificados como secretos que hayan escapado al control de los organismos encargados de su custodia y que hayan llegado a su conocimiento.

Las copias de los papeles del Cesid fueron obtenidas por el juez Baltasar Garz¨®n en el curso del doble registro de la celda que el coronel Perote ocupa en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢. Otros documentos llegaron a los juzgados a trav¨¦s de dos periodistas de El Mundo como procedentes de una fuente del Cesid cuya identidad se negaron a revelar.

En su informe, el fiscal Jes¨²s Santos no considera que se trate de pruebas procedentes de una sustracci¨®n y, por tanto, il¨ªcitamente obtenidas. En su criterio, fueron conseguidas "leg¨ªtimamente" en el curso de un registro judicial. Argumenta adem¨¢s el fiscal que ser¨¢ el tribunal que en su d¨ªa juzgue el caso Lasa-Zabala el que tendr¨¢ que pronunciarse sobre la validez de estos documentos como prueba.

El fiscal aduce que el juez Javier G¨®mez de Lia?o ha iniciado otras v¨ªas de investigaci¨®n, entre ellas la propuesta de que declaren en la causa los diputados de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales. El juez pretende compulsar las fotocopias de que dispone con los supuestos originales que pudieran haber visto los diputados, motivo por el que tambi¨¦n se opone a la devoluci¨®n.

Santos rechaza asimismo la pretensi¨®n del letrado Jorge Argote de que el juez levante los procesamientos de los encausados en el caso Lasa-Zabala. La negativa del Gobierno a desclasificar los documentos secretos del Cesid hab¨ªa sido esgrimida por Argote como argumento que restaba validez a los indicios existentes contra estos acusados.

Pero el fiscal afirma que adem¨¢s de las copias de los documentos del Cesid hay otras pruebas en el sumario, como son las declaraciones de algunos testigos, que deber¨¢n ser valoradas en el correspondiente juicio. Por los. mismos motivos, Santos se opone en su escrito a que salgan en libertad provisional los ex agentes de de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebasti¨¢n) Felipe Bayo y Enrique Dorado, y el ex gobernador civil de Guip¨²zcoa Julen Elgorriaga, que continuan en prisi¨®n.

En r¨¦plica a esta actitud del fiscal Jes¨²s Santos, el abogado Argote pidi¨® ayer mismo al fiscal general del Estado, Carlos Granados, que reclame la devoluci¨®n al Cesid de los documentos, papeles, copias o transcripciones de este centro a los jueces que los tengan y al diario El Mundo, as¨ª como a todas las personas que los posean. Argote recuerda que la divulgaci¨®n de documentos clasificados como secretos es una conducta delictiva y, por tanto, "deben ser reclamados por todos los medios que la ley autorice, all¨¢ donde se encuentren, ya sea en manos de periodistas, peri¨®dicos o juzgados, y deben ser devueltos a su origen".

El juez citar¨¢ la pr¨®xima semana al ex gobernador civil de Guip¨²zcoa Juan Mar¨ªa J¨¢uregui, al contrabandista Pedro Luis Migu¨¦liz, Txofo, testigo protegido por el juez, y a dos guardias civiles de Intxaurrondo que han sido descubiertos por la Polic¨ªa cuando supuestamente espiaban a Txofo.

Seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional, el juez G¨®mez de Lia?o quiere conocer de primera mano la informaci¨®n publicada ayer por El Mundo. Seg¨²n esta versi¨®n, los dos agentes del servicio de informaci¨®n de la Guardia Civil grababan un v¨ªdeo a Txofo cuando se encontraba comiendo en un restaurante del centro de San Sebasti¨¢n con J¨¢uregui.

El peri¨®dico precisaba que Txofo se percat¨® de la actitud sospechosa de dos individuos, uno de los cuales portaba un peque?o neceser en el que, al parecer, camuflaba una c¨¢mara de v¨ªdeo. Txofo alert¨® a sus escoltas de la presencia de los sospechosos, quienes, a instancias de los polic¨ªas, se identificaron como guardias civiles del servicio de informaci¨®n que estaban de vacaciones en San Sebasti¨¢n. Los vigilados presentaron una denuncia en comisar¨ªa, que fue remitida al juez G¨®mez de Lia?o.

Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia del director general de la Guardia Civil, Santiago L¨®pez Valdivielso, en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso. IU quiere que Valdivielso explique si los dos guardias civiles recibieron alguna orden "para realizar ese servicio singular e irregular, y cu¨¢l ha sido la respuesta de la direcci¨®n general a esa actuaci¨®n de seguimiento ilegal e intimidatorio a ese testigo". Tambi¨¦n aprovechar¨¢n la convocatoria para preguntar por la relaci¨®n del general Enrique Rodr¨ªguez Galindo con la Guardia Civil y con la direcci¨®n general del cuerpo.

Reuni¨®n de la Mesa

Antes de esta posible comparecencia, en el Congreso se abordar¨¢ la petici¨®n del juez para que declaren en la Audiencia Nacional los miembros de la Comisi¨®n de Secretos que tuvieron acceso a los originales de los documentos secretos del Cesid. La Mesa tomar¨¢ una decisi¨®n el d¨ªa 10, tras conocer, previsiblemente esta misma semana, el informe jur¨ªdico que est¨¢n elaborando los servicios de la C¨¢mara a solicitud de su presidente, Federico Trillo.