Vigilantes poco diligentes

"Lo que yo tengo en Estados Unidos..." El presidente de la Comisi¨®n de Presupuestos del Congreso, Rodolfo Mart¨ªn Villa, interrumpi¨® abruptamente al director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano, ante el temor, seguramente infundado, de que revelase alg¨²n dato sensible.Aquel 21 de marzo de 1990 fue la ¨²ltima vez que, Manglano acudi¨® al Palacio de la Carrera de San Jer¨®nimo para explicar los presupuestos, del servicio secreto. O, mejor dicho, una parte de ellos, pues ahora se ha sabido que en la partida correspondiente del presupuesto s¨®lo figura el 40% del gasto total del Cesid.

Durante sus 14 a?os al frente del centro de espionaje espa?ol, Manglano ha comparecido media docena de veces ante las Cortes; mientras que los diputados entraron una sola vez, el 17 de diciembre de 1993, en la sede central del Cesid, a las afueras de Madrid. "Ha habido mucha cortes¨ªa y muy poca informaci¨®n", fue el resumen de la visita que hizo uno de los invitados.

Seg¨²n la vigente ley de Secretos Oficiales, y as¨ª se mantiene en el anteproyecto elaborado por el Gobierno, s¨®lo tres instituciones gozan del extraordinario privilegio de acceder a los secretos de Estado, cuyo conocimiento se niega a los jueces. Son el Congreso y el Senado, en la forma determinada por sus respectivos reglamentos, y el Defensor del Pueblo, de acuerdo con lo dispuesto en su ley reguladora.

Sin embargo, el reglamento del Senado ni siquiera alude al acceso de los senadores a los documentos secretos. Tampoco lo hab¨ªan pedido nunca hasta que, el pasado oto?o, la comisi¨®n, investigadora sobre los GAL reclam¨® al Gobierno los papeles del Cesid. La petici¨®n habr¨ªa originado un conflicto institucional, pues el Ejecutivo dec¨ªa que s¨®lo la Comisi¨®n de Secretos del Congreso estaba facultada para verlos, si el fulminante haraquiri que se hizo la comisi¨®n no hubiese dejado la demanda sin respuesta.

Ley de Secretos Oficiales

La facultad que la Ley de Secretos Oficiales concede a las Cortes, se limita a conocer los documentos secretos, pero no a decidir su desclasificaci¨®n o entrega a los jueces, una competencia reservada en exclusiva al Poder Ejecutivo. Lo m¨¢ximo que puede hacer el Legislativo es instar al Gobierno a que desclasifique determinados documentos. Esta resoluci¨®n no vincular¨ªa al Consejo de Ministros, pero tendr¨ªa un indudable peso pol¨ªtico.Parad¨®jicamente, no fue el Congreso, cuyos miembros en la Comisi¨®n de Secretos vieron los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, sino el Senado, ignorante de su contenido, el que debati¨®, el 26 de octubre pasado, una moci¨®n en la que se instaba al Gobierno a entregarlos al juez Garz¨®n. El pleno de la C¨¢mara Alta rechaz¨® la moci¨®n del senador de Izquierda Unida ?lvaro Mart¨ªnez de forma abrumadora: cinco votos a favor (del PNV y el Grupo Mixto) y 209 en contra (de PP, PSOE y CiU). El senador popular Jos¨¦, Ignacio Ceniceros justific¨® la postura de su grupo, entonces en la oposici¨®n, con el argumento de que el contencioso estaba pendiente de resoluci¨®n por parte del Tribunal de Conflictos Y hab¨ªa que esperar a la sentencia. Por su parte, el Defensor del Pueblo no ha hecho uso de la facultad de solicitar al Gobierno documentos secretos -que le reconoce el cap¨ªtulo V de la ley org¨¢nica que regula dicha instituci¨®n- en los m¨¢s de 15 a?os que lleva en vigor. Ello se debe a que el acceso del Defensor del Pueblo a los secretos de Estado est¨¢ sujeto a m¨²ltiples limitacionesLa solicitud de un documento secreto s¨®lo puede producirse si, en el curso de la investigaci¨®n de una queja, es necesario para resolverla, lo que hasta ahora no se ha producido. Adem¨¢s, el Defensor del Pueblo no puede intervenir en aquellos casos que se encuentren sub iudice, lo que excluye todo lo relacionado con los GAL. Finalmente, al contrario de lo que sucede con las Cortes, el Consejo de Ministros tiene la posibilidad de negar un documento secreto al Defensor del Pueblo, por lo que su posici¨®n no es mucho mejor que la de los jueces. Fernando ?lvarez de Miranda, titular de la instituci¨®n, se ha limitado, en su ¨²ltimo informe, a alertar sobre las deficiencias de la actual legislaci¨®n de secretos oficiales y a reclamar una nueva ley. En m¨²ltiples declaraciones p¨²blicas, el defensor ha pedido, adem¨¢s, que la potestad del Consejo de Ministros para clasificar secretos est¨¦ sujeta a alg¨²n control judicial, en contra de lo, que prev¨¦ el, proyecto del Gobierno.No obstante, el verdadero poder de ?lvarez de Miranda radica en su capacidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, una vez que se apruebe, si considera que no responde satisfactoriamente a los problemas planteados.El Congreso, ¨²nica instancia en definitiva que se ha ocupado de controlar los secretos oficiales, lo ha hecho de forma intermitente, a golpe de esc¨¢ndalo period¨ªstico. La Comisi¨®n de Secretos Oficiales, regulada por una resoluci¨®n del entonces presidente de la C¨¢mara, F¨¦lix Pons, de 2 de junio de 1992, no se ha reunido con regularidad, sino s¨®lo cuando el Gobierno se ha visto obligado a dar alguna explicaci¨®n. El hecho de que est¨¦ formada por los portavoces de los grupos parlamentarios, con muchas otras ocupaciones, tampoco ha facilitado la dedicaci¨®n ni la especializaci¨®n de sus miembros.

El entonces ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, en su comparecencia del 9 de diciembre de 1993 ante la Comisi¨®n de Defensa del Congreso, a la que inform¨® sobre el esc¨¢ndalo de las escuchas del diario La Vanguardia de Barcelona, en el que estaban implicados agentes del Cesid, prometi¨® ofrecer informaci¨®n suplementaria de car¨¢cter reservado ante la Comisi¨®n de Secretos Oficiales.

Jam¨¢s lo hizo. Nadie se lo reclam¨®. El asunto hab¨ªa desaparecido de las primeras p¨¢ginas de los peri¨®dicos, desplazado por nuevos y m¨¢s espectaculares esc¨¢ndalos. Y, sin embargo, como reconocer¨ªa m¨¢s tarde el propio Garc¨ªa Vargas, el caso La Vanguardia fue una desatendida se?al de alarma sobre la profunda crisis del servicio secreto, que estall¨® a?o y medio a?o despu¨¦s.

A partir de 1986, el Gobierno remiti¨® al Congreso los seis acuerdos de coordinaci¨®n con la OTAN, que desarrollan la contribuci¨®n militar de Espa?a a la Alianza. Los documentos, de car¨¢cter secreto, quedaron depositados en el despacho del presidente de la C¨¢mara, para consulta de los diputados. S¨®lo uno solicit¨® verlos. Adem¨¢s de secretos, estaban redactados en ingl¨¦s, lo que los hac¨ªa m¨¢s herm¨¦ticos.

Secretos de guerra

Durante la guerra del Golfo, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores se reunieron en varias ocasiones con los diputados para informarles a puerta cerrada sobre la evoluci¨®n del conflicto y el papel de las Fuerzas Armadas espa?olas, que desplazaron varios buques a la zona. Nunca les revelaron, sin embargo, la m¨¢s comprometida aportaci¨®n de nuestro pa¨ªs: el uso de la base a¨¦rea de Mor¨®n (Sevilla) por parte de los bombarderos B-52 norteamericanos que atacaban Irak.Fue el primer ministro del Reino Unido, John Major, quien ante el Parlamento de Londres y a puerta abierta revel¨® que las fortalezas volantes que machacaban a los ej¨¦rcitos de Sadam Husein despegaban desde territorio brit¨¢nico y espa?ol.

El 15 de junio del a?o pasado, tres d¨ªas despu¨¦s de publicarse los papeles sobre el Gabinete de Escuchas del centro, Narc¨ªs Serra y Garc¨ªa Vargas comparecieron ante la Comisi¨®n de Secretos, a la que informaron del cese de Manglano como director del Cesid. Las explicaciones que recibieron los diputados fueron pr¨¢cticamente las mismas que los periodistas. Con un matiz. La reserva permiti¨® a los ministros poner nombre al principal sospechoso del esc¨¢ndalo, el coronel Perote, a quien p¨²blicamente no pod¨ªan todav¨ªa acusar.Aquella fue la ¨²ltima sesi¨®n parlamentaria de Serra y Garc¨ªa Vargas, quienes dimitieron pocos d¨ªas despu¨¦s como vicepresidente y ministro de Defensa, arrastrados por la tormenta pol¨ªtica que gener¨® el caso. Diez a?os antes, el 26 de abril de 1985, Serra y Manglano hab¨ªan acudido por vez primera a una reuni¨®n secreta del Congreso. Aquel d¨ªa, seguramente sin pensarlo demasiado, Serra contest¨®, a una pregunta del diputado del PNV Andoni Monforte, que el Cesid "naturalmente" investigaba a los GAL, aunque en ese momento no dispon¨ªa "de muchos datos" sobre ese grupo terrorista.