El Gobierno p¨¦rsigue ponerse a salvo de exigencias judiciales

El proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno muestra abiertamente que el Partido Popular no s¨®lo ha escarmentado en cabeza ajena, sino que ha tomado la iniciativa para evitarse los problemas que padeci¨® el Gabinete socialista a cuenta de los comportamientos del Cesid y de algunas actuaciones judiciales para conseguir la desclasificaci¨®n de documentos reservados. Y ha llegado a asumir la competencia de imponer sanciones administrativas a medios de comunicaci¨®n, en vez de dejar en manos de los jueces la decisi¨®n de aplicar un castigo por la publicaci¨®n de secretos.

Un destacado experto eb legislaci¨®n reguladora de secretos resalt¨® ayer que la opci¨®n tomada por el Gobierno entra?a el peor riesgo posible para una ley: su no cumplimiento.La argumentaci¨®n arranca del hecho de que el Ejecutivo, al atribuirse la capacidad sancionadora, se somete a una inevitable tensi¨®n pol¨ªtica: la de verse empujado por los hechos a decidir si abre o no expediente sancionador cada vez que se produzca la publicaci¨®n de un secreto por parte de un medio de comunicaci¨®n.

Sobre todo, cuando la experiencia indica que, por temor a la reacci¨®n de la opini¨®n p¨²blica y publicada, el poder ejecutivo prefiere soslayar enfrent¨¢mientos de ese tipo.

Una d¨¦ las posibles soluciones, seg¨²n un experto, podr¨ªa consistir en tipificar un delito en el C¨®digo Penal que en ning¨²n caso conllevara pena de prisi¨®n, y que estableciera como sanci¨®n una multa o una inhabilitaci¨®n temporal del director del medio de comunicaci¨®n que trasgreda gravemente la Ley de Secretos.

Otros de los art¨ªculos del proyecto del, Gobierno muestran hasta qu¨¦ punto han pesado en su elaboraci¨®n las secuelas de los problemas padecidos por el anterior Gobierno.

Se cierra la posibilidad de que un juez pueda entrar en la sede de los servicios secretos si no es con autorizaci¨®n del Gobierno -el juez Baltasar Garz¨®n baraj¨® la posibilidad de personarse en el Cesid-; se impone el mismo tratamiento a los originales y a las copias de los documentos secretos -el coronel Per¨®te ha suministrado transcripciones de papeles del Cesid-; y reitera que ning¨²n agente del servicio de inteligencia, ni tampoco ning¨²n diputado de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales, podr¨¢ prestar declaraci¨®n sobre asuntos reservados "ni ser requerido para ello" por un juez, salvo qu¨¦ haya una desclasificaci¨®n previa.

Rebaja parlamentaria

Para algunos expertos, el Gobierno ha llegado tan lejos en sus planteamientos restrictivos con el objetivo de que la negociaci¨®n parlamentaria, con las presumibles cesiones, deje el texto cerca de sus aspiraciones realistas.As¨ª, el plazo de 50 a?os para que desaparezca la catalogaci¨®n de secreto sobre un documento se considera excesiva, pues bastar¨ªa con la mitad de tiempo, seg¨²n especialistas que han trabajado con materiales clasificados en los ¨²ltimos a?os.

En el proyecto del Gobierno, seg¨²n varios ex altos cargos vinculados a la pol¨ªtica de seguridad y de defensa, la relaci¨®n de asuntos susceptibles de ser declarados secretos adolece de algunas inconcreciones y olvidos.

Por ejemplo, cita el car¨¢cter an¨®nimo de los agentes y colaboradores del servicio de inteligencia, pero no menciona los procedimientos operativos -existencia de empresas pantalla, adquisici¨®n de viviendas, tareas de infiltraci¨®n, etc¨¦tera- Mientras que menciona de modo excesivamente gen¨¦rico "el ordenamiento constitucional y el funcionamiento de sus instituciones".

La asunci¨®n por parte de un miembro del Gobierno de la Autoridad Nacional de Seguridad, que hasta ahora personaliza el director del Cesid, crear¨¢ graves riesgos de desestabilizaci¨®n al Gobierno, ya que la responsabilidad pol¨ªtica de cualquier irregularidad recaer¨¢ directamente en el Gabinete y en las inmediaciones de su presidente, seg¨²n dirigentes parlamentarios.