El Gobierno podr¨¢ vetar la venta de m¨¢s del 10% de Telef¨®nica despu¨¦s de su privatizaci¨®n total

El Gobierno podr¨¢ vetar o autorizar determinadas decisiones estrat¨¦gicas de Telef¨®nica, como la venta de m¨¢s del 10% de su capital, aun despu¨¦s de la venta del paquete de acciones del Estado en la compa?¨ªa. La Direcci¨®n General de Patrimonio ha iniciado los tr¨¢mites para la elaboraci¨®n de un real decreto que fijar¨¢ aquellas decisiones estrat¨¦gicas de la compa?¨ªa que habr¨¢n de contar con la autorizaci¨®n previa del Ejecutivo. As¨ª, el Estado, aunque se desprender¨¢ de la totalidad de sus acciones en la empresa, podr¨¢ hacer valer sus derechos para defenderla de ataques hostiles de la competencia.

El Gobierno prepara para mediados de febrero la venta de la totalidad de las acciones del Estado en Telef¨®nica (el 21% del capital de la empresa) y espera obtener por ellas alrededor de 500.000 millones de pesetas. Sin embargo, se resiste a perder totalmente el control de una empresa que factura por encima del bill¨®n y medio de pesetas y es referencia obligada del sector de las telecomunicaciones.Por ello, el Gobierno se reserva la potestad de hacer que determinadas actuaciones estrat¨¦gicas de la compa?¨ªa tengan que contar con su aprobaci¨®n durante un periodo de 10 a?os a partir de la fecha de la privatizaci¨®n.

Las actuaciones sometidas a r¨¦gimen de autorizaci¨®n habr¨¢n de ser recogidas en el real decreto que elaborar¨¢ Patrimonio, tal y como se?ala la Ley de Enajenaci¨®n de Determinados Activos Estrat¨¦gicos del Sector P¨²blico, y se referir¨¢n a las adquisiciones por terceros de participaciones de Telef¨®nica superiores al 10% del capital de la compa?¨ªa y de sus filiales m¨¢s significativas, as¨ª como a la enajenaci¨®n por parte de Telef¨®nica de sus participaciones en estas filiales. Tambi¨¦n habr¨¢n de someterse al visto bueno del ministerio de Fomento y del Consejo de Ministros, los cambios de raz¨®n social de Telef¨®nica y las operaciones de fusiones o escisiones en la sociedad. Entre las operaciones que el Estado podr¨¢ parar se encuentran posibles ofertas p¨²blicas de acciones hostiles que pudieran poner en marcha empresas competidoras del sector.

El PSOE pide mantener el 5%

El comit¨¦ ejecutivo de Telef¨®nica analiz¨® un borrador del decreto en su reuni¨®n del pasado mi¨¦rcoles y una vez redactado por Patrimonio deber¨¢ pasar al Consejo de Estado para su posterior aprobaci¨®n en Consejo de Ministros. El decreto sobre los poderes del Gobierno en Telef¨®nica tendr¨¢ que estar a disposici¨®n del p¨²blico.Antes de la privatizaci¨®n del 21 % del capital p¨²blico en la matriz, el Gobierno ha previsto la venta del paquete de acciones de Patrimonio del Estado en la filial Telef¨®nica Internacional, operaci¨®n por la que espera ingresos no inferiores a 150.000 millones.

El diputado del PSOE Alfredo P¨¦rez Rubalcaba present¨® ayer una proposici¨®n no de ley en la que pide que el Estado conserve el 5% de Telef¨®nica.

Por otra parte, la compa?¨ªa anunci¨® ayer que apelar¨¢ a la Uni¨®n Europea y a otras instancias internacionales para que se revoque el concurso de adjudicaci¨®n de dos licencias de explotaci¨®n de la telefon¨ªa m¨®vil GSM en Rumania. Las licencias han ido ha parar a sendos consorcios liderados por France T¨¦l¨¦com y Telesystem International Wireless, filial de la estadounidense AirTouch, aunque Telef¨®nica considera que una de ellas le hab¨ªa sido ya concedida en marzo de 1992 cuando comenz¨® a prestar los servicios de telefon¨ªa m¨®vil con tecnolog¨ªa anal¨®gica a trav¨¦s de Telef¨®nica Romania.

La adjudicaci¨®n de nuevas licencias de telefon¨ªa m¨®vil en Rumania se produce el ¨²ltimo d¨ªa h¨¢bil del actual Gobierno rumano, ya que el pr¨®ximo domingo se celebran elecciones en aquel pa¨ªs, y ¨¦se es precisamente uno de los argumentos que Telef¨®nica emplear¨¢ ante las distintas instancias a las que se dirigir¨¢ (Association Council de Bruselas, International Center for Settlement of Investment Disputes de Par¨ªs y Tribunal Internacional de Arbitraje) para lograr su prop¨®sito. No obstante, la compa?¨ªa espa?ola ya hab¨ªa contratado al bufete de abogados Steptoe & Johnson (ver EL PA?S del 17 de septiembre) para que tratara de paralizar el concurso rumano, sin resultados.