Moncloa retoc¨® a ¨²ltima hora la Ley de Secretos en base a un criterio jur¨ªdico que existe

El entorno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en la Presidencia del Gobierno retoc¨® a ¨²ltima hora el contenido de su anteproyecto de Ley de Secretos de Estado utilizando, fundamental y oficialmente, un dictamen sobre esa norma elaborado por el Consejo General del Poder judicial en noviembre pasado. Sin embargo, en dicho informe jur¨ªdico no se especifica nada sobre la modificaci¨®n m¨¢s sustancial: el control judicial de los secretos oficiales. El Gobierno pretend¨ªa en principio limitar dicho control a una comisi¨®n compuesta por, tres magistrados del Tribunal Supremo. Ese criterio ha sido cambiado en favor de que sea toda la sala contencioso-administrativa de ese tribunal: 33 jueces que ya operan ahora en condiciones de colapso.

El anteproyecto de Ley de Secretos de Estado que anticip¨® este peri¨®dico el lunes establec¨ªa un ¨®rgano integrado por tres magistrados -el presidente del Tribunal Supremo y otros dos designados por su sala de gobierno para resolver los recursos contra posibles acuerdos gubernamentales de no desclasificar documentos oficiales declarados secretos y reclamados por jueces penales. Ese proyecto hab¨ªa sido elaborado desde la vicepresidencia primera del Ejecutivo, que controla Francisco Alvarez Cascos, en coordinaci¨®n con los trabajos de los Ministerios de Defensa y de Justicia", seg¨²n fuentes de La Moncloa.La publicaci¨®n de esa noticia en EL PAIS desagrad¨® sobremanera en Moncloa. El mismo lunes, fuentes del Gobierno se encargaron de matizar que la informaci¨®n se basaba en un borrador no definitivo, y que ese n¨²mero de tres jueces que ejercer¨ªan el control de los documentos secretos podr¨ªa variar.

Los diarios Abc y El Mundo publicaron ayer, como novedad de ¨²ltima hora, que el ¨®rgano encargado de resolver los recursos contra la decisi¨®n gubernamental de no desclasificar ser¨¢ finalmente el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (33 magistrados). El Mundo revelaba incluso que el proyecto hab¨ªa sido "ultimado ayer" (por el lunes).

La innovaci¨®n sorprendi¨® en medios jur¨ªdicos y tambi¨¦n gubernamentales. Fuentes de Justicia desvincularon a este departamento de la novedad introducida, que atribuyeron directamente a "una decisi¨®n de Moncloa, de Presidencia". Algo similar expresaron tambi¨¦n fuentes del Ministerio de Defensa. Su m¨¢ximo responsable, el ministro de Defensa Eduardo Serra, ni siquiera se encuentra en Espa?a, ya que realiza una visita oficial a Estados Unidos.

En Moncloa, sin embargo, se especific¨® claramente que el proyecto final era obra "de todo el Gobierno", y se indic¨® que el primer borrador hab¨ªa quedado "anticuado y desfasado en base a los trabajos coordinados desde Presidencia con Defensa y Justicia". Tambi¨¦n se remarc¨® que en este asunto no se ha producido ning¨²n tipo de discrepancia entre los miembros del Ejecutivo y especialmente con el titular de Defensa, Eduardo Serra.

En este sentido, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, neg¨® esas posibles discrepancias y simplemente admiti¨® "peque?os matices o diferencias".

Fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno recalcaron que los cambios introducidos al proyecto ten¨ªan como origen, "b¨¢sicamente, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial", (CGPJ) sobre el texto inicial que le remiti¨® el Ejecutivo sobre este proyecto el 23 de agosto pasado.

El CGPJ no concret¨®

Sin embargo, tal informe, aprobado por el pleno del CGPJ el 6 de noviembre de 1996, no hace ninguna referencia a que sea el pleno de la Sala Tercera del Supremo el competente para resolver los recursos. Se limita a indicar que "el anteproyecto habr¨¢ de arbitrar un cauce procesal espec¨ªfico ante el Tribunal Supremo, ¨®rgano jurisdiccional superior en todos los ¨®rdenes".Es m¨¢s, el informe renuncia expl¨ªcitamente a concretar cuando dice: "Estas modalidades y cauces procesales. pueden ciertamente ser configurados por el legislador de forma diversa, sin que corresponda a este Consejo, en el ejercicio de su potestad de informe, pronunciarse anticipadamente sobre tales extremos".

La gran mayor¨ªa de los juristas consultados por este peri¨®dico considera que la iniciativa de reservar esa potestad de resolver los recursos sena m¨¢s operativa con tres magistrados que con toda la Sala Tercera del Supremo. Magistrados, constitucionalistas y otros juristas creen que la introducci¨®n en el anteproyecto de ley de Secretos de Estado de un ¨®rgano como el pleno de la Sala Tercera -33-jueces- para decidir en esos casos no es aconsejable, dado el atasco que sufre la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. Un colapso que acumulaba, a principios de a?o, 250.000 asuntos pendientes.

Fuentes del Gobierno en Moncloa no valoraron ayer la posibilidad de saturar dicha sala con nuevos asuntos. S¨ª valoraron en cambio, oficiosamente, que los 33 magistrados del pleno ser¨ªan mucho menos presionables, por la opini¨®n p¨²blica y los poderes, y m¨¢s independientes que s¨®lo tres jueces.