Libertad bajo fianza para el auditor Rodr¨ªguez Gil

El juez Javier G¨®mez de Lia?o dej¨® ayer en libertad bajo fianza al auditor Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez Gil, al que acusa de falsedad continuada en documento mercantil y delito societario por cooperaci¨®n necesaria," en relaci¨®n con el caso Sogecable. El magistrado le prohibi¨® tambi¨¦n la salida del territorio nacional y le impuso la obligaci¨®n de presentarse en el juzgado cada 15 d¨ªas, a petici¨®n del fiscal Ignacio Gordillo. A ella se adhirieron los dem¨¢s acusadores, excepto Javier Sainz Morerio, que no pidi¨® nada.El juez no fij¨® la fianza que piensa imponer ante la imposibilidad de constituirla, debido a lo avanzado de la hora, las diez de la noche. El fiscal ha solicitado que sea de cinco millones de pesetas, petici¨®n que hasta ahora no hab¨ªa hecho para ninguno de los declarantes anteriores.

El abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa dijo a los periodistas que el auditor no hab¨ªa sabido explicar un aparente desfase en una de las partidas del balance de la sociedad. Sin embargo, seg¨²n explicaron los restantes letrados, todo se deb¨ªa a la utilizaci¨®n de formularios distintos para la contabilidad.Medidas cautelares

A diferencia de lo que ocurri¨® con los tres primeros consejeros de Sogecable que declararon ante G¨®mez de Lia?o, los cuatro consejeros que han declarado el martes y mi¨¦rcoles pasados han sido objeto de medidas cautelares de contenido sustancialmente id¨¦ntico.

Seg¨²n el juez, dichas medidas pretenden asegurar que los declarantes est¨¦n en todo momento localizables para posibles actuaciones en el procedimiento judicial. La medida fundamental -com¨²n a todos ellos- es la necesidad de comunicar al juzgado sus desplazamientos al extranjero, que no quedan prohibidos, por lo que no se retiran los pasaportes.

Carlos March, asimismo, debe presentarse dos d¨ªas al mes en el juzgado, obligaci¨®n que se reduce a un d¨ªa en el caso de Leopoldo Rod¨¦s, por residir en Barcelona. De ello quedan dispensados Gregorio Mara?¨®n y Jos¨¦ Mar¨ªa Aranaz por ser abogados en ejercicio y tener en consecuencia que acudir con frecuencia a los juzgados.

S¨®lo a Carlos March y Leopoldo Rod¨¦s se les ha pedido expresamente que dejen en el juzgado su tel¨¦fono profesional, puesto que el de Mara?¨®n y Aranaz consta en la lista oficial del Colegio de Abogados, de la que dispone el juzgado.