La familia de un interno asesinado en un psiqui¨¢trico pide 20 millones a la Comunidad

El 23 de febrero de 1996, un enfermo del psiqui¨¢trico de Legan¨¦s mat¨® a otro. Le clav¨® un cuchillo en el coraz¨®n tras una discusi¨®n. El fiscal le acusa de un delito de asesinato y pide para ¨¦l una condena de 15 a?os de c¨¢rcel. La familia de la v¨ªctima reclama igual pena, pero con una variante: exige que la Comunidad de Madrid, como responsable del centro sanitario en que se produjo el crimen, abone a los herederos del fallecido una indemnizaci¨®n de 20 millones de pesetas. Un jurado popular dictaminar¨¢ qu¨¦ hacer con el acusado y si la Comunidad debe pagar.

El juicio se celebrar¨¢ en cuesti¨®n de semanas en la Audiencia Provincial de Madrid. El acusado, Antonio M. S., ingres¨® en el centro Jos¨¦ Germain, de Legan¨¦s -dependiente de la Comunidad de Madrid- en octubre de 1995. Sufr¨ªa una esquizofrenia paranoide. Sobre las siete de la tarde del 23 de febrero de 1996, mantuvo una fuerte discusi¨®n y un cruce de insultos con su compa?ero Jos¨¦ Manuel R. C., que tambi¨¦n sufr¨ªa una grave afecci¨®n psiqui¨¢trica.Tras la acalorada disputa, Antonio se march¨® del centro, fue a una ferreter¨ªa y compr¨® una navaja de 15 cent¨ªmetros de hoja. Al regresar, hall¨® a Jos¨¦ Manuel sentado en un sill¨®n. "Sin mediar palabra, se le acerc¨® por la espalda y le clav¨® la navaja", explica el fiscal en su escrito provisional sobre los hechos. Le perfor¨® un pulm¨®n y el coraz¨®n. El herido fue trasladado a un centro hospitalario, pero muri¨® dos horas despu¨¦s.

Lo primero que deber¨¢ decidir el tribunal es el grado de responsabilidad del homicida; es decir, hasta qu¨¦ punto era consciente de sus actos. El fiscal, en principio, no le exonera de culpa: le imputa un delito de asesinato, En contra de este acusado pesa tambi¨¦n otro dato: fue capaz de ir a una ferreter¨ªa y adquirir la navaja con la que, presuntamente, mat¨® a un compa?ero . Esta hecho, a juicio de fuentes jur¨ªdicas, siembra algunas dudas sobre su total inputabilidad.

Los peritos coinciden sobre el futuro del presunto homicida. Los tres que le han analizado entienden que se trata de un enfermo que no debe ir a una prisi¨®n normal, y dicen que debe continuar con su tratamiento contra la esquizofrenia.

Otro de los puntos que deber¨¢ resolver el tribunal es si la Comunidad de Madrid es responsable civil subsidiaria del crimen en lo que respecta al pago de la indemnizaci¨®n. Tanto la v¨ªctima como el presunto homicida son dos enfermos que est¨¢n bajo su custodia y por cuya seguridad e integridad f¨ªsica debe velar el centro. ?sta es, a grandes rasgos, la tesis de la familia de la v¨ªctima. El fiscal no se pronuncia sobre este extremo en su escrito.

Los asesores jur¨ªdicos de la Comunidad rechazan la responsabilidad en este asunto. Aseguran que nada en la. conducta anterior del acusado hizo sospechar de su peligrosidad, y que, por tanto, no se vio necesidad alguna de tomar medidas concretas de aislamiento contra ¨¦l.

La ¨²ltima palabra

La Comunidad se?ala que no es responsable porque en este caso no se ha vulnerado ning¨²n "reglamento" ni el centro ha actuado con negligencia. Los jueces y el jurado tienen ahora la palabra.Los nueve miembros del jurado deber¨¢n pronunciarse sobre algunas cuestiones complejas. Por un lado, qu¨¦ hacer con una persona enferma que, en principio y a juzgar por su cuadro cl¨ªnico, no es responsable de sus actos.

Antes, los psiqui¨¢tricos, los antiguos manicomios, eran centros cerrados: los enfermos no pod¨ªan salir de ellos sin autorizaci¨®n. Los que existen hoy, en cambio, son abiertos y no se puede retener en ellos a los enfermos contra su voluntad. Esta carencia de centros espec¨ªficos plantea problemas a los jueces, sobre todo cuando se enfrentan a psic¨®patas. Seg¨²n la ley, hay que absolverles porque son irresponsables de sus actos. En estos casos, los tribunales suelen adoptar medidas de seguridad contra ellos (internamiento y tratamiento) para evitar riesgos al resto de la sociedad.

Lo l¨®gico ser¨ªa que ingresasen en una instituci¨®n psiqui¨¢trica civil, p¨²blica y cerrada. Al no existir este tipo de centros, no queda m¨¢s opci¨®n que enviarles a un psiqui¨¢trico penitenciario: en definitiva, a una c¨¢rcel. Toda una paradoja, ya que legalmente se les absuelve del delito.