El alcalde considera "discutibles" las criticas del Defensor del Pueblo
Fernando ?lvarez de Miranda, Defensor del Pueblo, afirma en su memoria que la gr¨²a act¨²a de m¨¢s en Madrid, que los funcionarios que ponen multas de la ORA necesitan otras pruebas diferentes al mero testimonio y que algunas multas se notifican mal. El ¨¢rea de Circulaci¨®n del Ayuntamiento ha elaborado un contrainforme que intenta desmontar las quejas. El alcalde de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, a?ade que las conclusiones de ?lvarez de Miranda "son discutibles".
El Defensor del Pueblo considera que la gr¨²a municipal de Madrid no puede llevarse un coche a no ser que obstruya gravemente el tr¨¢fico. ?lvarez de Miranda lleg¨® a esta conclusi¨®n tras examinarla denuncia de un ciudadano al que la gr¨²a le retir¨® el coche cuando hab¨ªa aparcado en una parada de taxis.El concejal responsable, Jos¨¦ Ignacio Echeverr¨ªa, recuerda "que es completamente distinta la sensibilidad de personas con responsabilidad en el tr¨¢fico que la del resto de los ciudadanos". El edil se?ala que, por ejemplo, aparcar en un carril-bus obstruye gravemente el tr¨¢fico, ya que "el transporte colectivo se resiente" al obligar a los autobuses a cambiar continuamente de carril, lo que "supone un peligro para la circulaci¨®n". Con respecto al caso de la persona que aparc¨® en la parada ?e taxis, Echeverr¨ªa piensa que la gr¨²a actu¨® de manera correcta, contrariamente a lo que sostiene ?lvarez de Miranda. El edil de Tr¨¢fico explica que el art¨ªculo 91.2 del Reglamento de Circulaci¨®n se?ala como "aparcamiento gravemente obstaculizador el que se efect¨²a en una parada de transporte p¨²blico se?alizada y delimitada".
El segundo punto de conflicto es la potestad de los funcionarios de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA) para poner multas. El Defensor del Pueblo afirma que es necesario que se apoyen en pruebas (fotograf¨ªas u otros testigos) que refuercen el testimonio del funcionario. De otra manera, ¨¦ste no posee "la presunci¨®n de veracidad". Y esto es un problema, ya que si en una denuncia el multado no est¨¢ de acuerdo con la denuncia, su testimonio vale tanto como el del empleado de la ORA. Echeverr¨ªa est¨¢ de acuerdo en que estos funcionarios no poseen esta "presunci¨®n de veracidad", aunque a?ade que han pensado en su soluci¨®n.
Tribunal Supremo
Adem¨¢s, el edil de Circulaci¨®n aporta una sentencia del Tribunal Supremo que da la raz¨®n al Ayuntamiento de Soria para que cobre una multa aportando como prueba -s¨®lo- la ratificaci¨®n del funcionario.
El tercer aspecto en el que la opini¨®n del Defensor del Pueblo y la del Ayuntamiento de Madrid discrepan es el relativo a la notificaci¨®n de multas. El primero cree que tiene que ser el infractor en persona el que recoja la papeleta, y el Ayuntamiento piensa que no.
?lvarez de Miranda critica tambi¨¦n que las quejas de los madrile?os relativas al tr¨¢fico se han duplicado en el a?o pasado con respecto a 1995. Echeverria responde: "Ignoramos si se ha tenido en cuenta el n¨²mero de veh¨ªculos que circulan por Madrid y la intensidad del tr¨¢fico que soportan sus v¨ªas. Se ha incrementado la informaci¨®n con el triple de tel¨¦fonos (de tres a nueve) y se ha ampliado el horario en la oficina de gesti¨®n de multas".
M¨¢s guerra urban¨ªstica
Dos informes pedidos por el Ayuntamiento y elaborados por un equipo de abogados y urbanistas sostienen que las modificaciones que la Comunidad de Madrid ha introducido en el Plan General son ilegales. ?lvarez del Manzano aguarda el informe definitivo redactado por el secretario del Ayuntamiento. Ayer pas¨® por alto los informes ya terminados, y se?al¨®: "El Plan General est¨¢ aprobado y seguir¨¢ adelante".La oposici¨®n, que ha denunciado la ilegalidad, piensa impugnar el Plan General. Jos¨¦ Mar¨ªa de la Riva, del PSOE, no entiende que "el alcalde siga tan contento diciendo las cosas que dice con un Plan General de dudosa legalidad". "Est¨¢ caminando a ciegas, manda redactar dos informes y luego no les hace caso. Es una irresponsabilidad", a?adi¨®.
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