Boyer afirma que la sentencia "no afecta a lo bien o mal fundada que estuvo la expropiaci¨®n"

Miguel Boyer, que era ministro de Econom¨ªa y Hacienda del Gobierno que decidi¨® la expropiaci¨®n de Rumasa el 23 de febrero de 1983, hizo ayer unas puntualizaciones tras conocerse la sentencia. "La expropiaci¨®n de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos delitos presuntos que hubiera correspodido a los fiscales y tribunales depurar", afirma el ex ministro."Fue una medida de pol¨ªtica econ¨®mica", a?ade, "con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que en las dif¨ªciles circunstancias de 1983 nos pareci¨® que podr¨ªa tener unas consecuencias muy graves".

El comunicado de Boyer se?ala que "tras la expropiaci¨®n, las auditor¨ªas confirmaron que el grupo ten¨ªa un d¨¦ficit patrimonial de 259.000 millones de pesetas, como resultado de restar unas p¨¦rdidas acumuladas de 346.000 millones (le unos fondos propios consolidados de 87.000 millones de pesetas. Que ¨¦stas eran las p¨¦rdidas acumuladas lo ratifica la propia revalorizaci¨®n ficticia y sin base que fue hecha por los contables de Rumasa por 345.751 millones de pesetas, en un intento burdo de enmascarar la quiebra".

Adem¨¢s, Boyer a?ade que la sentencia conocida ahora "no afecta a lo bien o mal fundada que estuvo la medida de la expropiaci¨®n, aunque recuerda el tribunal que fue declarada constitucional dos veces, en 1983 y 1986".

Boyer concluye que "siempre he mostrado el m¨¢ximo respeto por los tribunales de justicia, tanto si sus decisiones coincid¨ªan con mi opini¨®n como si no era as¨ª. Nunca he ca¨ªdo en la pr¨¢ctica de atribuirles prevaricaciones, de denigrarlos, ni de mofarme de ellos ni de sus sentencias, por la alta consideraci¨®n que me merece ese pilar del Estado de Derecho y democr¨¢tico".

Por su parte, el diputado Juan Alberto Belloch, portavoz de Justicia e Interior del Grupo Socialista, se limit¨® a decir ayer que respeta "las decisiones judiciales" al ser preguntado sobre la absoluci¨®n de Ruiz-Mateos.

Andres Ollero, portavoz de Justicia del Grupo Popular, dijo que no pod¨ªa opinar sobre este particular "por desconocer los hechos y los fundamentos de la sentencia". Mariano Rubio, gobernador del Banco de Espa?a cuando se produjo la expropiaci¨®n, prefiri¨® no opinar.