La Administraci¨®n espera cumplir los plazos reglamentarios a finales de 1998

El director general de Objeci¨®n de Conciencia, Carlos Lesmes, ha asegurado en el Parlamento que el objetivo del Ministerio de Justicia es que a finales de 1998 se cumplan los plazos de incorporaci¨®n previstos reglamentariamente. Mientras tanto, el incumplimiento por la Administraci¨®n de los plazos reglamentarios puede conducir a que muchos de los 130.000 objetores aparcados en espera de destino se nieguen impunemente a cumplir la PSS.Hasta ahora, ya sea por evitar un proceso penal o por el desconocimiento de la legislaci¨®n por parte de los objetores, muchos de ellos se han incorporado fuera de plazo. Por el momento, cada vez que un objetor se niega a incorporarse para cumplir, la PSS tiene que enfrentarse a una querella criminal, aunque finalmente se le absuelva, ya que la Oficina para la Prestaci¨®n Social remite inmediatamente a las fiscal¨ªas los expedientes de los objetores que no se incorporan y los fiscales tienen ¨®rdenes de acusar.

El Gobierno se niega a aceptar que, por falta de plazas, se le pasa el plazo para llamar a los miles de objetores acumulados y, seg¨²n el letrado Jon Zabala, "les sigue llamando, por si cuela".

El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y dirigente de Nueva Izquierda Diego L¨®pez Garrido, que fue ponente del nuevo C¨®digo Penal, estima que, cuando la Administraci¨®n no cumple "una parte del tipo penal no existe". Agrega que tratar de penalizar a los objetores en esos casos "vulnera el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n, que proh¨ªbe la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos".