Garz¨®n da carpetazo a la 'amnist¨ªa fiscal' y cree "una temeridad" hablar de tr¨¢fico de influencias

Baltasar Garz¨®n, juez central de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, acord¨® ayer archivar, a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el caso de la supuesta amnist¨ªa fiscal encubierta durante la etapa socialista, con un alcance superior a los 200.000 millones de pesetas de perjuicio para la Hacienda P¨²blica. En su resoluci¨®n, Garz¨®n no aprecia "dato o indicio racional alguno" de delito ni de que la Administraci¨®n tributaria otorgara trato de favor a determinados contribuyentes, como denunci¨® el PP. "Hablar de tr¨¢fico de influencias ( ... ) supone una temeridad", afirma el magistrado.

La resoluci¨®n de Garz¨®n, de acuerdo con el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, explica que la investigaci¨®n que ahora se archiva se inici¨® por la denuncia de "una supuesta amnist¨ªa fiscal encubierta, producida mediante el perd¨®n de la deuda tributar¨ªa" en la etapa del PSOE, descubierta por los nuevos responsables de la Agencia Tributaria, tras la llegada del PP al poder.Garz¨®n revela que en la investigaci¨®n se han cruzado los datos aportados por la Agencia Tributaria, los expedientes de la Oficina Nacional de Inspecci¨®n y las delegaciones especiales de Madrid y Barcelona afectadas de prescripci¨®n administrativa, con los listados de la Unidad Especial de Vigilancia y Represi¨®n del Fraude Fiscal. El resultado obtenido permite la valoraci¨®n que conduce al archivo.

No hubo arbitrariedad

Una primera conclusi¨®n es que la Administraci¨®n Tributaria, cuando interpret¨® que la reglamentaria prescripci¨®n de seis meses tan solo ata?¨ªa a la fase de inspecci¨®n que concluye en el acta, no actu¨® "arbitrariamente, sino que lo hizo siguiendo un criterio estrictamente jur¨ªdico avalado por diversas resoluciones del Tribunal Econ¨®mico Administrativo Regional y de distintos ¨®rganos jurisdiccionales". No aparece ning¨²n indicio de que se hiciera con ¨¢nimo de perjudicar a la Hacienda P¨²blica o de favorecer a determinados contribuyentes.Sin embargo, ante la evidencia de que se ha producido "un perjuicio objetivo al erario p¨²blico", la investigaci¨®n realizada conduce a "ubicarlo en las deficiencias derivadas de la escasez de medios personales, materiales y organizativos y de una legislaci¨®n oscura -la del Reglamento de Inspecci¨®n-, que ha permitido la aplicaci¨®n de un criterio interpretativo rechazado posteriormente por los tribunales".

El juez Garz¨®n admite que la Administraci¨®n tributar¨ªa no fue capaz de "atisbar el cambio de interpretaci¨®n jurisprudencial", pero asegura que "no existe dato o, indicio racional alguno" de que, desde dicha Administraci¨®n, se otorgara "trato de favor a determinados contribuyentes". Y a?ade, tajante: "No cabe, por tanto, hablar de tr¨¢fico de infuencias, y el hacerlo supone una temeridad que va en descr¨¦dito de profesionales que han cumplido con su obligaci¨®n, dentro de los m¨¢rgenes establecidos reglamentariamente".

Ausencia de consignas pol¨ªticas

La resoluci¨®n judicial se ocupa espec¨ªficamente de las primas ¨²nicas, que apuntaban a la falta de liquidaci¨®n tributaria de La Caixa [Garz¨®n no la menciona] entre junio de 1993 y octubre de 1994, a consecuencia de determinadas consignas pol¨ªticas derivadas del pacto parlamentario entre PSOE y CiU. A la vista de la investigaci¨®n, Garz¨®n explica que la dilaci¨®n obedeci¨® a la necesidad de dar una soluci¨®n global a operaciones complejas y asegura "la inexistencia de tales consignas o injerencias de los responsables pol¨ªticos jer¨¢rquicamente superiores a aquellos que ordenaron la liquidaci¨®n".El magistrado asegura que

tampoco cabe hablar de prevaricaci¨®n administrativa" y en cuanto a los "hipot¨¦ticos delitos" de los responsables de la Agencia Tributar¨ªa contra la Hacienda P¨²blica, "no aparecen en la causa indicios de la comisi¨®n de il¨ªcito penal alguno" ni "¨¢nimo de perjudicar a la Hacienda P¨²blica ni de favorecer a determinados contribuyentes".

S¨®lo queda viva, desglosada en un procedimiento independiente, la investigaci¨®n sobre presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica que se imputan al ex jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, su hermano Paolo y otros 36 directivos de Tele 5. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n les acusa de un fraude inicialmente apreciado en unos 2.000 millones de pesetas entre 1991 y 1993.