Con las cosas de comer no se juega

La reforma de la Organizaci¨®n Com¨²n del Mercado (OCM) del aceite de oliva ha despertado, por primera vez, un inter¨¦s inusitado en la opini¨®n p¨²blica, pero si miramos hacia atr¨¢s veremos que el olivar siempre ha tenido un futuro incierto.La reforma de la OCM del aceite de oliva se plante¨® desde el anuncio de la adhesi¨®n de Espa?a a la Comunidad. En 1983, la C¨¢mara de los Lores elabor¨® un informe que 13 a?os despu¨¦s ha servido de fuente de inspiraci¨®n a la Comisi¨®n.

En el Tratado de Adhesi¨®n, el sector olivarero espa?ol recibi¨® un tratamiento muy duro, y se le fij¨® un periodo transitorio de 10 a?os hasta su integraci¨®n plena. Un a?o despu¨¦s de su adhesi¨®n se limit¨® la producci¨®n objeto de ayudas, introduciendo penalizaciones. En 1995 Austria, Suecia y Finlandia se adhieren a la Comunidad y se revisan las cantidades y contingentes que rigen la pol¨ªtica agraria y el comercio exterior. Sin embargo, la cantidad m¨¢xima garantizada de aceite de oliva no se ajusta a la nueva estructura del consumo y hoy es inferior en un 25% al consumo comunitario. Resulta dif¨ªcil pensar que pa¨ªses como Holanda o Alemania aceptasen una limitaci¨®n de la producci¨®n de leche a niveles tan inferiores a los del consumo comunitario.

Ninguno de estos hechos interes¨® a la opini¨®n p¨²blica espa?ola, y la explicaci¨®n m¨¢s obvia es que los desconoc¨ªa, por no tener acceso a la informaci¨®n. Otra explicaci¨®n puede ser la dispersi¨®n de los agentes sociales; la reforma de la Pol¨ªtica Agraria Comunitaria de 1992 se lleva a cabo sin m¨¢s foros de debate que los institucionales, y aun ¨¦stos eran escasos. Desde 1994 se abordaron las reformas de las producciones agrarias mediterr¨¢neas, el vino y las frutas y hortalizas. En ambas, al igual que posteriormente en el aceite de oliva, se crearon mesas con las organizaciones agrarias, ecologistas, sindicales, cooperativas y las empresariales de cada sector y se cre¨® un foro de debate en el que todos pudieron expresar sus opiniones, llegando a planteamientos comunes.

La mera existencia de estas mesas ha introducido una transparencia a los procesos comunitarios de decisi¨®n que en el pasado hubiera sido preciosa para el conjunto de la agricultura. Los procesos comunitarios son complicados y en su cocina intervienen muchas manos. Hay funcionarios que habr¨¢n elaborado una propuesta, otros que, la habr¨¢n revisado. Habr¨¢ comisarios que la discutan, la aprueben y la eleven al Consejo de Ministros. Los ministros la negociar¨¢n, y podr¨¢n adoptar un acuerdo.

En el Parlamento Europeo, los diputados presentar¨¢n enmiendas, actuar¨¢n en sus grupos pol¨ªticos y aprobar¨¢n un informe. Tambi¨¦n la Mesa del Aceite y sus componentes tienen la responsabilidad de enriquecer el debate y facilitar un acuerdo mediante sus relaciones con sus hom¨®logos de otros Estados y transmitir la evoluci¨®n del proceso a la opini¨®n p¨²blica. Todos estos cocineros deben responder a las responsabilidades que tienen contra¨ªdas con la UE y es de esperar que las ejerzan en beneficio de la sociedad y de los oleicultores.

Todos estamos sujetos al juicio de la historia; afortunadamente, hoy queda constancia escrita de casi todo y las hemerotecas y archivos tienen la memoria muy larga. Las grandes declaraciones de europe¨ªsmo si van del brazo de la omisi¨®n y del oscurantismo hacen un flaco favor a la construcci¨®n europea.

En el olivar hay muchas situaciones diferentes con aspiraciones leg¨ªtimas. Sin embargo, la verdadera confrontaci¨®n aparece entre el productor de aceitunas y el recolector de ayudas, entre el agricultor y el defraudador. Aqu¨ª no cabe buscar pol¨¦micas est¨¦riles entre pa¨ªses y regiones que ¨²nicamente ir¨¢n en contra del olivar. Los productores de aceituna lo son en Italia o en Espa?a y la nacionalidad de los defraudadores es accesoria frente a la necesidad de reducir su capacidad de detraer recursos de sus objetivos. Cualquier divisi¨®n puede tener resultados desastrosos para todos los oleicultores europeos.

Esto no excluye que haya diferencias que pueden ser resueltas mediante discusi¨®n y que la enriquecer¨¢n siempre que no obedezcan a intereses ajenos al sector ole¨ªcola. Esto es fundamental para influir en el resultado de unas negociaciones en las que s¨®lo cuatro pa¨ªses de los Quince tienen una producci¨®n ole¨ªcola significativa.

La reforma de la OCM del aceite de oliva se pone en el tapete al tiempo que la Agenda 2000. Conviene analizar sus contenidos sin dejarse deslumbrar por las connotaciones de futuro de su denominaci¨®n, ya, que sus contenidos representan la continuidad de los actuales desequilibrios de la pol¨ªtica comunitaria. La Agenda 2000 tiende a preparar las pol¨ªticas de la Uni¨®n Europea a la adhesi¨®n de los pa¨ªses de la Europea Central y Oriental, y afecta a las dos principales pol¨ªticas comunitarias, la agraria y la estructural y de cohesi¨®n. Sin embargo, no analiza las posibilidades de evoluci¨®n de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n y se limita a formular propuestas de gesti¨®n sobre tres sectores productivos: los cereales y oleaginosas, la leche y la carne. Aunque se supone que prepara la adhesi¨®n de los pa¨ªses del Este de Europa, no hay referencias a su aplicaci¨®n en ellos ni a su futura financiaci¨®n.

En la Agenda 2000 los l¨ªmites financieros no se alteran, se pretenden dedicar m¨¢s fondos para los tres sectores continentales arriba citados en detrimento de los mediterr¨¢neos, se anticipan las eventuales exigencias de Estados Unidos en la Ronda Singapur de la OMC y se va a profundizar en la reforma de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n de 1992. En cuanto a los fondos estructurales y de cohesi¨®n, se plantean condiciones m¨¢s restrictivas para los Estados que se benefician de ellos.

Dado que la Agenda 2000 es una prolongaci¨®n de la reforma de 1992, conviene a revisar sus efectos. Entre 1990 y 1995, desapareci¨® un 13% de las explotaciones agrarias comunitarias y se destruy¨® un 23% del trabajo agr¨ªcola. Mientras tanto, el coste de la pol¨ªtica agraria se increment¨® en un 27% y se concentr¨® en los tres sectores continentales que absorben el 75% del gasto agrario mientras que a las producciones mediterr¨¢neas s¨®lo se les dedica un 19%. La Agenda 2000 incrementar¨ªa este desequilibrio. Uno de los argumentos para reformar la PAC era que s¨®lo el 20% de los agricultores percib¨ªan el 80% de las ayudas. En 1995, en Espa?a, el 10% de los agricultores percib¨ªa el 90% de las ayudas, con lo que dicho desequilibrio tambi¨¦n hab¨ªa empeorado. A este respecto, se formulan intenciones de resolverlo, pero que jugando con la subsidiariedad y la cofinanciaci¨®n se conjugan conceptos atrayentes, como la pol¨ªtica agroambiental o la de desarrollo rural. Por el momento, ¨¦stas se quedan en formulaciones vagas. Si hoy se extrapolase el gasto agroambiental de Austria a toda la Uni¨®n Europea, ser¨ªa necesario duplicar el presupuesto de la PAC. En definitiva, detr¨¢s de todas estas formulaciones abstractas subyace una renacionalizaci¨®n. Por lo tanto, la Agenda 2000 para Espa?a no es un escenario esperanzador como beneficiario de fondos estructurales y de cohesi¨®n ni por la importancia de las producciones mediterr¨¢neas. Adem¨¢s, se a?aden problemas pendientes desde hace tiempo, como las cuotas l¨¢cteas o los rendimientos en cultivos herb¨¢ceos. Ante esta situaci¨®n, cada cual debe trabajar con seriedad en su ¨¢mbito. Sobre todo, es necesario, en bien de nuestra agricultura y de nuestra sociedad rural, tener en cuenta que con las cosas de comer no se juega.