El Supremo rechaza la prescripci¨®n de los delitos

La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaz¨® ayer todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del caso Marey, relativas a la prescripci¨®n de los delitos de detenci¨®n ilegal, pertenencia a banda armada y malversaci¨®n, por lo que el juicio oral se abrir¨¢ para los 12 procesados y con una petici¨®n fiscal de 23 a?os de c¨¢rcel para el ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. El Supremo, sin embargo no ha dicho que los delitos no hayan prescrito, sino que esta cuesti¨®n se resolver¨¢ en la sentencia del caso Marey, tal como propon¨ªa el fiscal. No obstante, seg¨²n fuentes del tribunal, los magistrados se mostraron mayoritariamente contrarios a considerar que la prescripci¨®n deba aplicarse de forma conexa a todos los delitos.Este caso es el primero de los sumarios abiertos por las acciones de los GAL, que secuestraron por error al industrial Segundo Marey, en diciembre de 1983, al confundirlo con un etarra. La v¨ªctima fue liberada 10 d¨ªas despu¨¦s. Adem¨¢s de Barrionuevo y Vera, se sentar¨¢n en el banquillo, entre otros, Juli¨¢n Sancrist¨®bal, Ricardo Garc¨ªa Damborenea, Francisco ?lvarez, Miguel Planchuelo, Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez. La Justicia tiene abiertos otros casos por la guerra sucia contra ETA: el caso O?ederra, el caso Lasa y Zabala, el caso Monbar, el caso Garc¨ªa Goena, el caso Luc¨ªa Urigoitia y otros por los asesinatos de Mlkel y Rafael Goikoetxea y de Mlkel Zabaltza.

Los 12 magistrados que integran el tribunal del caso Marey ultimaron ayer en apenas hora y media la deliberaci¨®n iniciada la noche del viernes sobre las cuestiones previas del caso. Con la decisi¨®n pr¨¢cticamente acordada desde la noche anterior, los magistrados se pronunciaron sobre los ¨²ltimos matices y en torno a la una de la tarde el presidente de la Sala Segunda, Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo, inform¨® sucintamente de la decisi¨®n a los periodistas.

"La Sala ha desestimado los art¨ªculos de previo y especial pronunciamiento que hab¨ªan formalizado las defensas sin perjuicio del derecho que les asiste de reproducir estas cuestiones en el acto del juicio oral", se?al¨® Jim¨¦nez Villarejo. "De momento, la Sala desestima esa pretensi¨®n, pero las partes tienen el derecho de reproducirla en el juicio", a?adi¨®.

Se resolver¨¢ en el juicio

El presidente de la Sala Segunda se?al¨® que, en opini¨®n de la Sala, es en el juicio cuando "con una mayor extensi¨®n, con un mayor conocimiento y, sobre todo, no rompiendo el contenido de la causa, se podr¨¢ resolver el tema".La prescripci¨®n de los delitos es una cuesti¨®n harto compleja que ha venido a complicarse m¨¢s con el cambio de C¨®digo Penal. El plazo de prescripci¨®n de 10 o 15 a?os seg¨²n se considere si los procesados actuaron como funcionarios p¨²blicos o como particulares; seg¨²n se les aplique el nuevo o el viejo C¨®digo Penal y seg¨²n se considere que, en su caso, afecta a todos los delitos de forma conexa o individualizadamente.

A preguntas de los informadores, Jim¨¦nez Villarejo indic¨® que la decisi¨®n se adopt¨® por unanimidad, sin que se registraran votos discrepantes. Preguntado por la eventual conexidad entre los delitos, se mostr¨® sumamente cauto y contest¨®: "Eso se resolver¨¢ en el acto del juicio".

El problema de la conexidad fue planteado por el fiscal del Tribunal Supremo al oponerse a la prescripci¨®n de los tres presuntos delitos de que acusa a los procesados. Dos de ellos, la pertenencia a banda armada y la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos por el pago de un mill¨®n de francos para el secuestro de Marey, estar¨ªan prescritos al haber transcurrido m¨¢s de 10 a?os entre el 4 de diciembre de 1983, fecha del secuestro, y diciembre de 1994, fecha en la que se inici¨® el procedimiento judicial.

El fiscal estima que el delito m¨¢s grave, el secuestro de Marey, tendr¨ªa un plazo de prescripci¨®n de 15 a?os y no de 10 como los otros dos. Seg¨²n el fiscal, al no estar prescrito el delito principal, no cabe entender que hayan prescrito los delitos conexos o subordinados a ¨¦l: la malversaci¨®n y la pertenencia a banda armada.

Sin embargo, fuentes de la Sala consultadas por este peri¨®dico indicaron que de las impresiones intercambiadas durante las deliberaciones de los dos ¨²ltimos d¨ªas se desprende que una mayor¨ªa de los magistrados es contraria a esta tesis del fiscal y considera "m¨¢s l¨®gico" individualizar los delitos.

As¨ª, si en su d¨ªa, al dictarse la sentencia, se llega a la conclusi¨®n de que el delito de pertenencia a banda armada y el de malversaci¨®n han prescrito, la Sala podr¨ªa tener en cuenta su prescripci¨®n individualizadamente, con la consiguiente extinci¨®n de las penas aplicables a dichos delitos. En hip¨®tesis, el tribunal tambi¨¦n podr¨ªa en la sentencia considerar prescritos incluso la totalidad de los cargos.

Pero antes ha de celebrarse el juicio contra los 12 procesados. Seg¨²n las fuentes consultadas, en el caso de que el tribunal llegase a la conclusi¨®n de que hay delitos prescritos, la sentencia no entrar¨ªa en el fondo de los mismos y no habr¨ªa lugar a dilucidar si la banda armada o la malversaci¨®n de caudales existieron o no.

El pleno la Sala Segunda rechaz¨® tambi¨¦n casi de plano las otras dos cuestiones previas planteadas por los defensores: la aplicaci¨®n del art¨ªculo 102 de la Constitucion, invocada por la defensa de Juli¨¢n Sancrist¨®bal, y la declinatoria de jurisdicci¨®n en favor del Tribunal de Cuentas referida a la responsabilidad civil derivada del presunto delito de malversaci¨®n de caudales , invocada por la defensa de Barrionuevo.

En la primera de las cuestiones, el tribunal entiende que no cabe aplicar el art¨ªculo 102.2 de la Constituci¨®n, que establece que la responsabilidad de los miembros del Gobierno por una "acusaci¨®n de traici¨®n o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones s¨®lo podr¨¢ ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobaci¨®n de la mayor¨ªa absoluta del mismo". El tribunal opina que el secuestro de Marey no fue un delito contra la seguridad del Estado.

Seg¨²n fuentes del Supremo, los magistrados apenas dedicaron diez minutos a alcanzar un acuerdo sobre la desestimaci¨®n de estas cuestiones y centraron el resto del debate en la prescripci¨®n.