El Gobierno aprueba un cupo de 28.000 inmigrantes, que las ONG ven "insuficiente"
El Consejo de Ministros, aprob¨® ayer la concesi¨®n para 1998 de 28.000 permisos de residencia y trabajo temporal para inmigrantes, un 13% m¨¢s que en 1997 y una cuota que las ONG ven "insuficiente. El Gobierno autoriz¨® tambi¨¦n la acogida en Espa?a de 20 desplazados cubanos de la base naval de Guant¨¢namo, tras haber hu¨ªdo de su pa¨ªs. La medida coincide con la especial tensi¨®n en las relaciones hispano-cubanas. El presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar di¨® a entender esta semana que el viaje del Rey a la isla se demorar¨¢; "Ir¨¢ cuando toque" dijo, esto es, cuando haya embajador espa?ol. El portavoz, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, insisti¨® en que si no hay es porque "el r¨¦gimen cubano no ha querido".
El Gobierno aprob¨® la concesi¨®n para 1998 de 28.000 permisos de residencia y trabajo temporal para inmigrantes, 3.300 m¨¢s (un 13%) que en 1997. Rodr¨ªguez explic¨® que de los 28.000 permisos, 16.000 corresponden al sector servicios, 9.000 a ganader¨ªa, 1.000 a construcci¨®n y 914 a otros sectores.Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) calificaron de "insuficiente" el cupo establecido, pero admitieron su incremento respecto a a?os anteriores. En 1997, el Gobierno situ¨® el cupo en 24.690 permisos de trabajo. "Todo aquel que trabaja en Espa?a en una situaci¨®n legal irregular y manifiesta cierto arraigo debe ser reconocido por las autoridades y regularizarse su situaci¨®n", manifest¨® ayer Manuel Herrera, responsable del Programa de Inmigrantes de C¨¢ritas. El secretariado de Migraciones de CCOO tambi¨¦n considera insuficiente el cupo y critica la distribuci¨®n sectorial.
Mientras, el acuerdo para la acogida de 20 cubanos de Guant¨¢namo tiene su origen, seg¨²n el portavoz del Gobierno, en una petici¨®n formulada por el embajador estadounidense en la que explicaba que desde mayo de 1995 los cubanos interceptados en alta mar o que entran en la base de Guant¨¢namo ya no son admitidos en Estados Unidos. Son devueltos a Cuba si no existe riesgo fundado de persecuci¨®n contra los mismos o, si ¨¦sta existe, se les busca un tercer pa¨ªs de reasentamiento, fundamentalmente de Iberoam¨¦rica.
Espa?a ya acogi¨® a 110 cubanos en 1994, si bien se trataba de personas que ten¨ªan familiares espa?oles. Esta circunstancia no se da en los 20 cubanos de Guant¨¢namo.
El portavoz asegur¨® que los cubanos acogidos gozar¨¢n, durante su estancia en Espa?a, de la protecci¨®n y asistencia prevista para los desplazados en el Reglamento de aplicaci¨®n de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo. Esta protecci¨®n incluye el derecho a obtener permiso de residencia, a no ser devueltos' a su pa¨ªs de origen y a beneficiarse de los programas de acogida e integraci¨®n para los refugiados.
El Gobierno concedi¨® adem¨¢s el indulto a 22 insumisos que lo hab¨ªan solicitado y no estaban encarcelados. Esta cifra se une a la de otros 14 indultados en el Consejo de Ministros del pasado viernes. El portavoz del Gobierno ya adelant¨® la semana pasada que el Ejecutivo estudiaba medidas legales para indultar a todo el colectivo de insumisos y conseguir la salida de la c¨¢rcel de los 70 que a¨²n est¨¢n en prisi¨®n.
Acuerdos. El Gobierno aprob¨® el nuevo Programa Nacional de, Formaci¨®n Profesional para 1998-2002. Adem¨¢s, el Ministerio de Fomento podr¨¢ contratar varias obras con el ,sistema de abono total del precio (modelo alem¨¢n), ya que ¨¦l Consejo decidi¨® destinar a ellas 111.000 millones de pesetas. De esta cantidad, la mayor parte, m¨¢s de 18.000 millones, se dedicar¨¢ a la construcci¨®n de uno de los tramos de la Autov¨ªa Cervera- Igualada.
Otros 10.000 millones de pesetas se destinar¨¢n a los Fondos de Promoci¨®n de Empleo, para subvencionar a los sectores de reconversi¨®n y reindustrializaci¨®n. Cerca de 6.000 trabajadores, entre 60 y 65 a?os, se ver¨¢n favorecidos por esta subvenci¨®n que les permitir¨¢ cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social para acceder a la pensi¨®n de jubilaci¨®n.
Igualmente se aprobaron los traspasos a Catalu?a en materias de tr¨¢fico, educaci¨®n y conservaci¨®n de la naturaleza. Estos servicios, que ahora asume la Generalitat, tienen un coste de casi 1.000 millones de pesetas. Respecto al tr¨¢fico, se traspasan las competencias de vigilancia y control, denuncia y sanci¨®n de las infracciones.
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