El fiscal asume que las penas a dos alemanes por colaborar con ETA no satisfar¨¢n a las autoridades espa?olas

EL caso de los dos ciudadanos alemanes sospechosos de haber colaborado con el comando Madrid, de ETA, qued¨® ayer listo para sentencia en la Audiencia de Wiesbaden. El juez de la causa contra Heike Schubbert, de 34 a?os, y Gary Siemund, de 33, confirm¨® que el fallo se anunciar¨¢ ma?ana, jueves. En su alegato final, el fiscal manifest¨® que el tribunal no puede "satisfacer" las expectativas de las autoridades espa?olas, que habr¨ªan querido una condena m¨¢s larga que la que ha pedido: dos a?os y nueve meses para Schubbert y ocho meses para Siemund. En ese sentido, subray¨® que el apoyo a ETA no constituye un delito en Alemania porque esta banda carece de estructura en este pa¨ªs. "Falta el instrumento para un verdadero proceso terrorista", apunt¨®. El juicio, que comenz¨® con un impresionante despliegue de seguridad el pasado 31 de marzo y que deb¨ªa durar hasta el 22 de junio, part¨ªa de las sospechas sobre la implicaci¨®n de ambos acusados en actividades terroristas. A Schubbert y Siemund se les ha imputado la preparaci¨®n de un atentado y la transgresi¨®n de la ley alemana de control de armamento. Ambos hab¨ªan sido los arrendatarios de, por lo menos, dos pisos utilizados por ETA en Madrid. En uno de ellos, en la calle de Polibea, fue detectado un arsenal despu¨¦s del estallido casual de una bomba en abril de 1997. Los procesados, que estaban en prisi¨®n preventiva desde el a?o pasado, fueron puestos en libertad condicional por el juez el 16 de este mes.

La defensa aleg¨® ayer en descargo de Schubbert que la polic¨ªa espa?ola torturaba, lo que, en su opini¨®n, justificaba el miedo de la acusada a denunciar a sus compa?eros de piso en Madrid. El letrado quiso que se llamara como testigos a dos funcionarios de la ONU en Nueva York. El juez, sin embargo, telefone¨® a Amnist¨ªa Internacional, que le remiti¨® por fax los apartados referidos a Espa?a de sus propios informes correspondientes a 1995, 1996 y 1997, en los que se se?ala la existencia de informaciones sobre el uso de la tortura por la polic¨ªa. El magistrado decidi¨® "darse por enterado" del contenido de esos documentos.