Gates contra el Estado

EL PASADO lunes, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, junto con los fiscales de 20 Estados de la Uni¨®n, ha interpuesto una demanda judicial contra Microsoft por presuntas pr¨¢cticas il¨ªcitas contra la libre competencia. La demanda se ha sustanciado tras varios intentos fallidos de conciliaci¨®n que culminaron en una ¨²ltima reuni¨®n mantenida los pasados viernes y s¨¢bado entre representantes de ambas partes.La empresa Microsoft ostenta, a trav¨¦s del sistema Windows en sus diversas versiones, el monopolio casi total del mercado de sistemas operativos para ordenadores personales, como demuestra que casi el 90% de todos los que existen en el mundo lo tiene instalado. Pero no es esto lo que la autoridad judicial encuentra censurable. El objeto de sus investigaciones, y de la demanda posterior, es la supuesta utilizaci¨®n de esta posici¨®n dominante para monopolizar tambi¨¦n el mercado de los browsers (ojeadores o navegadores de Internet). Ese sector estaba dominado hasta hace poco, en una medida similar a la de Microsoft en los sistemas operativos, por la empresa Netscape, que es quien m¨¢s est¨¢ impulsando que se tomen medidas legales contra Microsoft. Tras abandonar una posici¨®n de desconfianza en el potencial de desarrollo de la red, la empresa de Bill Gates cambi¨® hace tres a?os su estrategia para basarla en Internet, intentando contrarrestar su debilidad en este terreno mediante el lanzamiento de su propio browser, el Internet Explorer (IE).

El IE ha sido distribuido en combinaci¨®n con Windows 95, de modo que su difusi¨®n se beneficiar¨¢ de la privilegiada situaci¨®n ganada en el campo de los sistemas operativos. Los demandantes denuncian la existencia de imposiciones por parte de Microsoft sobre los vendedores de ordenadores para que los usuarios, al comprar un PC con su sistema instalado, se encuentren tambi¨¦n con el IE ya dispuesto, con lo que se desanima la utilizaci¨®n del browser competidor. Es verdad que ¨¦ste puede instalarse siempre y sin coste, pero lo normal es que los usuarios utilicen lo que viene ya incorporado, y no se arriesguen a manipulaciones que pueden perturbar el buen uso de su ordenador. Esas t¨¢cticas han tenido ¨¦xito, puesto que hoy se estima que el Explorer, partiendo de cero, ha ganado una cuota del 40% en el mercado de navegadores.

Con la pr¨®xima salida de la nueva versi¨®n Windows 98, el problema se agrava al estar la tecnolog¨ªa de Internet incorporada al propio sistema operativo. Se navegar¨¢ con las mismas herramientas tanto a trav¨¦s de la red como dentro del propio ordenador. Un desarrollo natural que convierte en casi imposibles las exigencias de la autoridad antimonopolio norteamericana, y en plausible, el ascenso del IE en detrimento de su competidor. De ah¨ª que el pasado 16 de mayo se rompieran las conversaciones. Microsoft decidi¨® iniciar la comercializaci¨®n de su nuevo software y los fiscales presentaron la demanda.

Lo que se debate es, primordialmente, si son aceptables todos los medios para hacerse con el dominio en un sector a partir del monopolio de hecho en otro tan b¨¢sico como el de los sistemas operativos, barriendo a los competidores que no tienen esa ventaja inicial. Parece, pues, razonable la preocupaci¨®n por que no se usen medios il¨ªcitos para forzar a proveedores y usuarios desde una posici¨®n de completo dominio. Todo el mundo est¨¢ de acuerdo en que las empresas de comunicaciones, de inform¨¢tica y, en general, las que incorporan nuevas tecnolog¨ªas, son hoy uno de los motores econ¨®micos primordiales de Estados Unidos. Crean riqueza y empleo, y todos se dicen dispuestos a defender su futuro. Pero los demandantes opinan que las posiciones dominantes en esos sectores estrat¨¦gicos impiden la innovaci¨®n y la entrada en escena de nuevos actores econ¨®micos, mientras que la empresa acusada sostiene que esta intervenci¨®n judicial es precisamente la que perjudica esa actividad innovadora. Y con ella, a grandes empresas de inform¨¢tica, cuyos productos dependen de la expansi¨®n de los h¨¢bitos inform¨¢ticos y de comunicaci¨®n entre los consumidores.

Desde un punto de vista m¨¢s general, lo que subyace es el temor a la consolidaci¨®n de un enorme poder f¨¢ctico del que dependa sin restricciones algo tan importante como el acceso a lo que puede convertirse en el canal por el que discurrir¨¢ la comunicaci¨®n, el comercio y la informaci¨®n en el futuro. Desde ese punto de vista, parece l¨®gico pensar que las autoridades deban actuar cuando consideren que el inter¨¦s general en materia tan delicada pueda ser da?ado. Lo que se debate en este caso son cuestiones b¨¢sicas sobre qu¨¦ regulaci¨®n es necesaria en una sociedad de mercado. Se trata de un terreno resbaladizo, por lo que no parece aventurado esperar un proceso largo y complejo.