La justicia argentina busca a los culpables de cerca de 200 secuestros de ni?os en la dictadura

Jorge Rafael Videla, el general que encabez¨® la dictadura m¨¢s feroz de la historia argentina tras el golpe de Estado de 1976, permanec¨ªa ayer detenido e incomunicado en una celda de la comisar¨ªa suburbana en el barrio residencial de San Isidro, al norte de Buenos Aires, a la espera de que el juez federal de este distrito, Roberto Marquevich, ordene hoy el traslado a su despacho, a dos calles de all¨ª, para tomarle la primera declaraci¨®n. Videla fue arrestado y procesado bajo acusaci¨®n de ser el ?autor mediato? de los delitos de ?sustracci¨®n y ocultamiento de menores de edad y falsificaci¨®n de documento p¨²blico?.

?Puede haber m¨¢s gente involucrada?, declar¨® el juez Marquevich cuando se le pregunt¨® si estos procesos podr¨ªan afectar a otros ex jefes militares. El magistrado dispone de diez d¨ªas para decidir si ordena la puesta en libertad del ex dictador argentino o si dispone de su ingreso en prisi¨®n. El juez Adolfo Bagnasco investiga otras 185 denuncias presentadas por los mismo delitos.Videla, que ya hab¨ªa permanecido poco m¨¢s de seis a?os en un cuartel militar cuando en 1985 un tribunal civil le conden¨® a reclusi¨®n perpetua por 66 homicidios agravados, 306 secuestros, 96 casos de tortura, cuatro de tormentos seguidos de muerte, adem¨¢s de 26 robos, y fue beneficiado con el decreto de indulto que el presidente Carlos Menem firm¨® el D¨ªa de los Santos Inocentes en diciembre de 1990, puede volver a prisi¨®n por una pena estimada como m¨ªnimo en tres a?os y como m¨¢ximo entre quince y veinte a?os. A pesar de que en 1985, cuando fue condenado a reclusi¨®n perpetua, el tribunal le absolvi¨® de las acusaciones de ?sustracci¨®n de menor, reiterado en seis oportunidades?, Videla puede ser procesado ahora nuevamente porque esos delitos no prescriben y se ha probado que existi¨® un plan sistem¨¢tico para apoderarse de los ni?os nacidos en cautiverio.

El juez Marquevich orden¨® el arresto en el curso de la investigaci¨®n iniciada tras las denuncias de la organizaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban por los ni?os nacidos entre 1976 y 1977 en El Campito, el centro clandestino de detenci¨®n de personas que funcionaba en la guarnici¨®n de Campo de Mayo, al noroeste de Buenos Aires, bajo la jurisdicci¨®n del Ej¨¦rcito de Tierra que Videla comandaba desde 1975. El juez reuni¨® cuatro expedientes que involucran a los que entonces eran cinco menores de edad. Dos de ellos, Carolina, que actualmente tiene 22 a?os y Pablo, de 20, fueron inscritos como propios por el mayor del Ej¨¦rcito y m¨¦dico Norberto Bianco, que trabajaba en el Hospital Militar Central de Campo de Mayo y se ocupaba de atender el parto de las mujeres secuestradas en un avanzado estado de gravidez.

Extradici¨®n

Bianco y su esposa, Susana Wehrli, huyeron a Paraguay en 1986. La Corte Suprema de Justicia paraguaya orden¨® el arresto domiciliario y concedi¨® la extradici¨®n de la pareja, pero sus abogados defensores lograron demorar el regreso a Buenos Aires hasta el pasado a?o. Desde entonces los Bianco permanecen en prisi¨®n. Ellos han reconocido ante el juez que Carolina y Pablo no son sus hijos y que falsificaron sus documentos, pero niegan que se trate de hijos de desaparecidos. Seg¨²n Bianco, Carolina les fue entregada por la supuesta madre, que nunca apareci¨®, y Pablo por la empleada dom¨¦stica que trabajaba en la casa de ?unos amigos?. Para impedir la extradici¨®n de Carolina y Pablo, los Bianco indujeron a sus supuestos hijos a que se casaran en Paraguay, donde ya se les considera ?libres y emancipados?. Carolina tiene dos hijos y Pablo, uno. Ayer, desde Paraguay, Carolina dec¨ªa en las entrevistas que le hicieron las emisoras de radio argentinas que no iba a regresar al pa¨ªs y que ?de ninguna manera? se iba a someter a ?ning¨²n control? de laboratorio para determinar el ADN. Para ella, sus padres son los Bianco.El ?Videla preso? de los titulares se repet¨ªa ayer en Buenos Aires como una noticia que a¨²n esperaba ser confirmada. Es tanta la desconfianza de la opini¨®n p¨²blica en la justicia que las primeras reacciones de la oposici¨®n fueron de incredulidad.