Tres jueces de la Sala Tercera del Supremo decidir¨¢n sobre los secretos de Estado

El presidente y otros dos magistrados, el m¨¢s antiguo y el m¨¢s moderno, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ser¨¢n los encargados de decidir sobre la desclasificaci¨®n de secretos de Estado, seg¨²n el anteproyecto de ley de control de las actividades del Cesid que ultiman los ministerios de Presidencia, Defensa y Justicia. El Gobierno ha optado por dejar la decisi¨®n en manos de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, pero limitando la competencia a s¨®lo tres jueces, en lugar de los 33 que forman el pleno de la Sala y que en marzo de 1997 resolvieron la desclasificaci¨®n de los llamados papeles del Cesid. El texto crea un juez especial para autorizar las escuchas del servicio secreto y regula su control parlamentario.

En marzo de 1997, EL PA?S public¨® el anteproyecto de ley de Secretos de Estado, que preve¨ªa la creaci¨®n de una Comisi¨®n de Secretos de Estado, integrada por tres magistrados del Supremo, a la que corresponder¨ªa decidir sobre los recursos presentados contra la negativa del Gobierno a desclasificar documentos. Inmediatamente se hizo p¨²blico un segundo borrador, presentado como definitivo, que dejaba la decisi¨®n en manos del pleno de la Sala Tercera del Supremo, el mismo organismo que decidi¨® en el caso de los papeles del Cesid.La f¨®rmula que ahora ha decidido el Gobierno, salvo nueva rectificaci¨®n, es un h¨ªbrido de las dos anteriores. Por una parte, se mantiene la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a la que corresponde legalmente resolver los recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros.

Pero, por otro lado, se limita a tres el n¨²mero de magistrados de la Sala que decidir¨¢n sobre el asunto. Esta limitaci¨®n se debe a que, durante sus deliberaciones, los jueces tendr¨¢n acceso a la informaci¨®n clasificada sobre la que deben resolver, como ocurri¨® con los papeles del Cesid, que conserva su car¨¢cter secreto hasta que se produce la sentencia e incluso despu¨¦s si resulta contraria a los recurrentes. No parece que su examen por 33 magistrados sea la mejor forma de garantizar la confidencialidad.

Escuchas a HB

Se da la circunstancia de que la Sala Tercera del Supremo deber¨¢ resolver en los pr¨®ximos meses un nuevo recurso sobre desclasificaci¨®n de datos secretos, esta vez referidos a las escuchas descubiertas en la sede de HB de Vitoria. La juez que investiga el caso ha dirigido una exposici¨®n razonada al Consejo de Ministros en la que pide que se levante el secreto sobre la operaci¨®n del Cesid, con especial referencia a la identidad de los agentes implicados.Aunque el Gobierno a¨²n no le ha contestado formalmente, sus m¨¢ximos responsables han adelantado que la respuesta ser¨¢ negativa, lo que abrir¨¢ el camino para que HB, que ejerce la acusaci¨®n particular, vaya al Supremo.

No es seguro que el nuevo procedimiento pueda aplicarse a este caso, pues depender¨¢ de la prisa que se d¨¦ el Gobierno en remitir el proyecto al Parlamento y de la rapidez de ¨¦ste en aprobarlo. De momento, el texto acumula varias semanas de retraso.

Eduardo Serra, ministro de Defensa, mantuvo una ronda de contactos con los portavoces de la oposici¨®n en los primeros diez d¨ªas de mayo y prometi¨® que, tras el debate sobre el estado de la Naci¨®n de los d¨ªas 12 y 13 del mes pasado, volver¨ªa a citarlos para discutir ya un texto concreto. A¨²n no les ha llamado.

El retraso obedece a las propias dudas del Gobierno. Hasta ahora se han manejado tres textos diferentes, no s¨®lo en su contenido, sino en su propia naturaleza. En principio, se comenz¨® a trabajar en una ley reguladora del Cesid, que abordase todos los aspectos referidos al servicio secreto, desde su dependencia hasta su estructura. De hecho, el proyecto de ley del R¨¦gimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que el Consejo de Ministros envi¨® el viernes al Consejo de Estado, remite en una de sus disposiciones adicionales a una futura ley para regular los derechos y deberes de los agentes del Cesid, que actualmente est¨¢n sujetos a un real decreto de 1995.

El Gobierno renunci¨®, sin embargo, a este proyecto. Seg¨²n algunas fuentes, la raz¨®n estuvo en que, aunque no hay intenci¨®n por ahora de sacar al Cesid del Ministerio de Defensa, tampoco se quiere consagrar esta dependencia por ley y dificultar un futuro traslado a Presidencia.

A continuaci¨®n, se opt¨® por acometer una reforma completa de la ley de Secretos Oficiales, sacando del caj¨®n los borradores preparados en agosto de 1996 y marzo de 1997, a los que se a?adir¨ªa un cap¨ªtulo sobre control judicial y parlamentario del Cesid.

Pero este proyecto era mucho m¨¢s ambicioso que el que Serra consult¨® con los grupos parlamentarios y el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar anunci¨® durante el debate sobre el estado de la Naci¨®n, por lo que se multiplicaban las posibilidades de una pol¨¦mica que dificultase el consenso.

La ¨²ltima propuesta legislativa es m¨¢s modesta y se limita a los tres aspectos que se han demostrado m¨¢s urgentes: el procedimiento para resolver los recursos contra la negativa del Gobierno a desclasificar informaci¨®n secreta; la autorizaci¨®n judicial de las escuchas del Cesid y su control parlamentario. Aunque se presenta como una ley independiente, se trata b¨¢sicamente de una reforma parcial de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985, a la que se a?aden varios art¨ªculos para regular las nuevas competencias de los jueces.