Los amigos o parientes que convivan en una vivienda tendr¨¢n derechos en caso de ruptura

La regulaci¨®n de las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales se aprobar¨¢ la semana pr¨®xima. El Departamento de Justicia present¨® ayer un proyecto de ley adicional, sobre "situaciones convivenciales de ayuda mutua" y "acogida de personas mayores" que regular¨¢ todos los hogares constituidos al margen de la pareja: desde los familiares (hermanos, abuelo y nieto, etc¨¦tera) a los amistosos, pasando por aquellos en que una o varias personas mayores conviven con j¨®venes para ayudarse mutuamente. Justicia calcula que esa ley puede afectar a 76.000 hogares.

La consejera de Justicia, N¨²ria de Gispert, dio a conocer ayer las l¨ªneas b¨¢sicas del proyecto de ley aprobado horas antes por el Consell Executiu de la Generalitat. El texto, que fue desgajado del C¨®digo de Familia a instancias de la oposici¨®n, est¨¢ justificado, seg¨²n De Gispert, por el envejecimiento de la poblaci¨®n y la "aparici¨®n progresiva de formas de convivencia distintas a la pareja y a la familia nuclear". El Departamento de Justicia calcula, con el censo en la mano, que en Catalu?a hay unos 76.000 hogares donde conviven familias no nucleares o personas unidas por amistad o por simple necesidad. El proyecto no es intervencionista, dijo De Gispert, sino protector de los m¨¢s d¨¦biles dentro de esos "grupos convivenciales" cada vez m¨¢s numerosos, y est¨¢ inspirado en la "libertad de pacto propia del derecho civil catal¨¢n". En la convivencia de ayuda mutua, que puede darse entre personas vinculadas familiarmente (hermanos, t¨ªos y sobrinos, abuelos y nietos), por amistad o por necesidad, se acreditar¨¢ la situaci¨®n mediante un documento de fecha indudable o cuando hayan transcurrido dos a?os de residencia en la misma vivienda. En caso de ruptura de esa convivencia, y si no existe un acuerdo entre las partes, quien no sea titular de la vivienda dispondr¨¢ de seis meses para abandonarla. El plazo se ampliar¨¢ a un a?o cuando la ruptura sea causada por una defunci¨®n. Quien haya trabajado para otro de los miembros del grupo tendr¨¢ derecho a compensaciones econ¨®micas. Si la ruptura se produce por defunci¨®n de uno de los miembros, el otro (o los otros) tendr¨¢ derecho a reclamar judicialmente una pensi¨®n alimenticia por un plazo m¨¢ximo de tres a?os, si era mantenido por el difunto. El proyecto de ley recoge otra situaci¨®n espec¨ªfica que afecta a las personas de m¨¢s edad, la que se da cuando una o m¨¢s personas mayores se vinculan a una o m¨¢s personas j¨®venes, "en condiciones similares a las relaciones entre ascendientes y descendientes". Para que esos grupos puedan acogerse a la ley, deber¨¢n formalizar su relaci¨®n mediante una escritura p¨²blica. La relaci¨®n se extinguir¨¢ por mutuo acuerdo o a petici¨®n de una de las partes con un preaviso de seis meses. Alternativa al geri¨¢trico "Esta relaci¨®n de acogida de personas mayores ya estaba recogida en el viejo derecho catal¨¢n de hace 700 a?os", explic¨® la consejera de Justicia, "y tiene como finalidad evitar el ingreso del anciano o ancianos en una instituci¨®n geri¨¢trica". De acuerdo con el proyecto de ley, si el acogido (la persona o personas ancianas) es propietario de la vivienda y fallece, los acogedores tendr¨¢n derecho a utilizar la casa y todos sus enseres durante un a?o. Si el fallecido era titular del arrendamiento, podr¨¢n subrogarse hasta la finalizaci¨®n del contrato, pero nunca por m¨¢s de cinco a?os. Acogidos y acogedores podr¨¢n reclamar compensaciones econ¨®micas si se produce un "enriquecimiento injusto" o exigir la devoluci¨®n de las donaciones que hubieran otorgado durante la convivencia. Los acogedores tendr¨¢n derecho a reclamar hasta una cuarta parte de la herencia del acogido o la totalidad de la misma si no existen herederos. N¨²ria de Gispert aprovech¨® su comparecencia ante la prensa para anunciar una aceleraci¨®n en el plan de informatizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia en Catalu?a. La informatizaci¨®n total, prevista inicialmente para el a?o 2001, estar¨¢ lista antes de que termine 1999. Eso supondr¨¢ una inversi¨®n total de 4.540 millones de pesetas en ordenadores, formaci¨®n, mantenimiento y comunicaciones, y permitir¨¢ dotar de medios inform¨¢ticos a 109 jueces, 410 magistrados, 421 secretarios judiciales y 4.700 funcionarios. "Adem¨¢s de una mayor agilidad de la justicia, la informatizaci¨®n permitir¨¢ alcanzar una plena normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica, ya que todos los documentos podr¨¢n ser realizados en catal¨¢n y castellano", declar¨® la consejera de Justicia.