El Tribunal Supremo condena a los 12 encausados por el secuestro de Segundo Marey

El caso Marey, la primera acci¨®n atribuida a los GAL, se ha saldado con un total de 88 a?os y 10 meses de condena a los 12 encausados por delitos de secuestro y malversaci¨®n de fondos reservados.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo hizo p¨²blica ayer su sentencia, en la que impone 10 a?os de prisi¨®n al ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo, al ex director de Seguridad del Estado Rafael Vera y al ex gobernador civil de Vizcaya Juli¨¢n Sancrist¨®bal. Son tres a?os menos de los que se barajaban en la sentencia anticipada por EL PAIS, debido a que el tribunal a¨²n no hab¨ªa deliberado sobre si la malversaci¨®n de fondos reservados constitu¨ªa un "medio necesario" para realizar el secuestro.

El presidente del tribunal y tres magistrados formularon tres votos particulares discrepantes en los que consideran que no hay pruebas para condenar a Barrionuevo y Vera y que, adem¨¢s, los delitos est¨¢n prescritos excepto para Amedo y Dom¨ªnguez.

La v¨ªctima del secuestro, Segundo Marey, debe ser indemnizado con 30 millones, de los que son responsables los condenados y subsidiariamente el Estado.

Las discusiones en el seno de la Sala se han centrado preferentemente en la valoraci¨®n de las pruebas para condenar, por encima de cuestiones como la prescripci¨®n de los delitos o la nulidad derivada de la instrucci¨®n realizada por el juez Baltasar Garz¨®n. La sentencia del Supremo viene a reproducir a escala el mapa pol¨ªtico: cinco jueces de talante conservador; cuatro progresistas y los dos restantes, situados a la izquierda del PSOE, que han votado con los primeros.

Primer ministro

Aparte de Vera, Sancrist¨®bal y Barrionuevo —¨¦ste es el primer ministro de la historia reciente de Espa?a condenado en un proceso penal— los comisarios Francisco ?lvarez y Miguel Planchuelo, as¨ª como el ex inspector Jos¨¦ Amedo, han sido condenados a nueve a?os y seis meses de prisi¨®n. El ex secretario general de los socialistas vizca¨ªnos Ricardo Garc¨ªa Damborenea, a siete. Los polic¨ªas Julio Hierro y Francisco S¨¢iz Oceja a cinco a?os y seis meses, mientras que sus compa?eros Luis Hens y Juan Ram¨®n Corujo lo han sido a cinco a?os. El que resulta mejor parado es el ex inspector Michel Dom¨ªnguez, sobre el que recaen s¨®lo dos a?os y cuatro meses como c¨®mplice del delito de detenci¨®n ilegal.

Todos las penas de prisi¨®n llevan aparejadas penas de inhabilitaci¨®n absoluta y especial, que en el caso de Barrionuevo y Vera es de 12 a?os, durante los cuales no podr¨¢n ejercer cargos p¨²blicos. El ex ministro tendr¨¢ que dejar su esca?o de diputado en cuanto se ejecute la sentencia.

Lo ocurrido al viajante de comercio Segundo Marey el 4 de diciembre de 1983 en Hendaya es considerado por el alto tribunal como un delito de secuestro bajo condici¨®n, acci¨®n a la que se a?ade la malversaci¨®n de un mill¨®n de francos franceses de los fondos reservados para el pago de la operaci¨®n.

La Sala considera probado que los 12 juzgados intervinieron de diversa forma en el secuestro de Marey, que ¨¦ste fue conducido a Espa?a y mantenido en cautiverio durante 10 d¨ªas, y que en este tiempo hicieron una llamada a la Cruz Roja de San Sebasti¨¢n condicionando la puesta en libertad del reh¨¦n a la excarcelaci¨®n de cuatro polic¨ªas espa?oles detenidos en Francia por intentar secuestrar al supuesto etarra Jos¨¦ Mar¨ªa Larretxea. El relato del tribunal se ajusta casi milim¨¦tricamente a la versi¨®n del fiscal, excepto que los magistrados no han apreciado el delito de pertenencia a banda armada.

Sin embargo, cuatro de los integrantes de la Sala discrepan abiertamente del resto de sus compa?eros. El presidente Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo y Gregorio Garc¨ªa Ancos sostienen que no ha quedado probado que la idea de realizar acciones de guerra sucia contra ETA en Francia fuera asumida por el Gobierno socialista. Tambi¨¦n afirman que no ha quedado probado que Barrionuevo y Vera respaldaran el secuestro de Marey, ni que se emplease un mill¨®n de francos para la operaci¨®n y mucho menos a¨²n que alguno de los procesados fuera quien llam¨® a la Cruz Roja amenazando con la "ejecuci¨®n" de Marey si Francia no liberaba en 48 horas a los cuatro polic¨ªas encarcelados por intentar secuestrar a Larretxea en octubre de 1983.

El aspecto m¨¢s debatido a lo largo de los dos meses que dur¨® la vista oral fue el relativo a la prescripci¨®n del caso Marey, al haber ocurrido ¨¦ste en diciembre de 1983. El Tribunal Supremo considera que los delitos no han prescrito porque la acusaci¨®n popular interpuso antes de transcurridos 10 a?os —el 23 de marzo de 1988— una querella que interrumpi¨® el plazo de prescripci¨®n, que comenzar¨ªa de nuevo a correr desde ese momento.

El fallo de la sentencia fue le¨ªdo a primeras horas de la tarde de ayer por el ponente, Joaqu¨ªn Delgado Garc¨ªa, en presencia del presidente de la Sala. Los condenados comparecer¨¢n hoy en el Tribunal Supremo para darles cuenta de la sentencia. Pero ¨¦sta no se ejecutar¨¢ hasta el pr¨®ximo septiembre y ninguno deber¨¢ ingresar en prisi¨®n hasta entonces, seg¨²n fuentes judiciales.

Vera, en sus primeras declaraciones tras publicarse el fallo, se reafirm¨® en que no va a solicitar el indulto. Tras considerar "evidente" que "la politizaci¨®n" del caso iba a acabar en una sentencia como ¨¦sta pese a considerarse inocente, anunci¨®: "Voy a recurrir al Tribunal de Estrasburgo, donde tengo grandes esperanzas".

El PSOE, que hoy dar¨¢ una respuesta m¨¢s concreta, proclama que conserva intacta su convicci¨®n en la inocencia de Barrionuevo y Vera. Los socialistas recalcan que entre los 11 magistrados no s¨®lo no ha habido unanimidad en el fallo, sino que cuatro de ellos han formulado votos particulares claramente discrepantes. El PP se ha limitado a se?alar que acata el dictamen del Supremo. Juan Ignacio Barrero, presidente del Senado, dijo que los pol¨ªticos deben hacer declaraciones ponderadas "en momentos dif¨ªciles como ¨¦ste".

La sentencia considera probado que Barrionuevo y Vera "conocieron, aprobaron y dieron el dinero necesario" para el secuestro de Marey, para lo cual se basa fundamentalmente en las declaraciones de Sancrist¨®bal, Garc¨ªa Damborenea, Alvarez y Planchuelo. Estas acusaciones, seg¨²n el tribunal, se han visto "completadas" por el testimonio del propio Marey y los papeles del Cesid de 1983 en los que se anunciaba el inicio de acciones de guerra sucia en Francia.

"No nos parece cre¨ªble", dicen los magistrados, que "las altas jerarqu¨ªas" de Vizcaya —encabezadas por el entonces gobernador civil Juli¨¢n Sancrist¨®bal— "pudieran actuar sin el conocimiento y aprobaci¨®n de los responsables del Ministerio del Interior" para Ilevar a cabo la operaci¨®n.

"No parece l¨®gico organizar aisladamente desde Bilbao, sin autorizaci¨®n de los m¨¢ximos responsables del Ministerio del Interior una operaci¨®n de tanta importancia como el secuestro de una persona en territorio extranjero que pod¨ªa originar problemas diplom¨¢ticos de relevancia, m¨¢xime cuando hubo de desarrollarse aquella en varias provincias".

Los magistrados estiman que hay "prueba directa" contra Barrionuevo y Vera, sobre todo por las declaraciones de los coimputados Sancrist¨®bal, Garc¨ªa Damborenea, Alvarez y Planchuelo, "robustecidas por el resultado de los careos" que el ex gobernador civil y el ex secretario general de los socialistas vizca¨ªnos mantuvieron con Barrionuevo.

"Hay otro dato que, aunque de menor importancia, asimismo consideramos corroborador de la mencionada prueba directa: el que desde el Ministerio del Interior no se hubiera promovido ninguna investigaci¨®n seria sobre la posible estancia en Espa?a de don Segundo Marey tras su secuestro en Francia", pese a los indicios que hab¨ªa en tal sentido, seg¨²n los jueces.

Otro de los hechos centrales del debate a que han debido hacer frente los 11 miembros del tribunal ha sido la llamada efectuada a la Cruz Roja el 6 de diciembre de 1983. Amedo fue el ¨²nico que reconoci¨® en el juicio que el comunicado lo dio ?lvarez por instrucci¨®n de Vera y Sancrist¨®bal. Las negativas de los dem¨¢s "carecen de capacidad de convicci¨®n" para los sentenciadores, que prefieren dar cr¨¦dito a la declaraci¨®n prestada por Sancrist¨®bal ante el juez Garz¨®n el 18 de julio de 1995, en la que reconoc¨ªa que se dieron algunos comunicados en los que se condiciona ha la suerte de Marey a la liberaci¨®n del inspector de polic¨ªa y los tres geos presos en Francia por el intento de secuestro de Larretxea.

Llamada

La Sala asegura que la negativa de los encausados a reconocer su participaci¨®n en la llamada a la Cruz Roja ha sido "fruto de un acuerdo de todos" para que la falta de prueba pudiera llevar consigo un "delito m¨¢s leve que pudiera haber prescrito". Los magistrados consideran "irrelevante" qui¨¦n telefone¨®.

El tercer delito del que culpaban el fiscal y las acusaciones a los procesados —el de pertenencia o colaboraci¨®n con la banda armada GAL— no ha sido apreciado por el Tribunal Supremo. "No consta que nos encontremos ante una agrupaci¨®n de car¨¢cter estable", sostiene, y "no puede decirse que el hecho aislado del secuestro llegara a perturbar la convivencia ciudadana para producir alarma o miedo propios del terrorismo".

Contra la sentencia cabe un recurso de aclaraci¨®n y, cuando la sala dicte un auto de firmeza, a¨²n cabe la petici¨®n de suspensi¨®n mientras se tramiten y resuelvan los previsibles recursos de amparo que los condenados presentar¨¢n ante el Tribunal Constitucional.