Legalizaci¨®n por sentencia

Un total de 5.500 agentes, la mayor¨ªa en servicio activo, forman parte, seg¨²n sus promotores, de Coproper 6-J, la ¨²nica asociaci¨®n legalizada de guardias civiles. La Coordinadora Pro Perjudicados por la Gesti¨®n de Luis Rold¨¢n y la Corrupci¨®n 6 de junio fue fundada en el verano de 1994 para personarse como acusaci¨®n en el proceso contra el ex director general de la Guardia Civil, pero casi de inmediato ampli¨® su campo de actividades.

Inscrita en el registro de asociaciones, el Ministerio del Interior se neg¨® a aceptar sin embargo la modificaci¨®n de sus estatutos, por considerar que supon¨ªa su conversi¨®n en una organizaci¨®n reivindicativa, a la que no pueden pertenecer los miembros de la Guardia Civil.

El art¨ªculo de la pol¨¦mica era el que inclu¨ªa entre los fines de la asociaci¨®n el de "ejercer la representaci¨®n de los asociados delante de los poderes p¨²blicos, administrativos o judiciales, en todas aquellas cuestiones justificadas y que fueran por el bien y la defensa de sus intereses sociales como funcionarios y como ciudadanos de pleno derecho de un pa¨ªs libre y democr¨¢tico". A Interior no le tranquilizaba en absoluto la coletilla a?adida al final del art¨ªculo: "Se excluye", dec¨ªa, "cualquier tipo de finalidad reivindicativa".

La disputa acab¨® en la Audiencia Nacional, que el pasado enero fall¨® en contra de Interior. "A juicio de la Sala", afirmaba la sentencia, "los fines de Coproper no s¨®lo son completamente l¨ªcitos dentro del marco de nuestro ordenamiento jur¨ªdico, sino que los considera altamente saludables, al articular a trav¨¦s de una v¨ªa asociativa la participaci¨®n ciudadana al logro de una Administraci¨®n que sirva con objetividad los intereses generales".

Tras la sentencia, Coproper se propone cambiar su nombre por el de Asociaci¨®n Unificada de Guardias Civiles, lo que no disipa desde luego los recelos de Interior.