La oposici¨®n califica de insuficiente la rebaja y la alcaldesa de Mollet, de "tomadura de pelo"

VIENE DE LA P?GINA 1 La alcaldesa de Mollet del Vall¨¨s y diputada del PSC en el Parlament, Montserrat Tura, calific¨® ayer de "tomadura de pelo" el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y ACESA para rebajar el peaje de la autopista A-17, situado en La Llagosta pero a pocos metros del t¨¦rmino municipal de Mollet. Esa misma impresi¨®n flotaba en las alcald¨ªas de otros municipios como Rub¨ª, Terrassa y Sant Cugat del Vall¨¨s. Montserrat Tura se?al¨®: "Se nos vende este pacto como si fuese una cosa muy positiva, cuando realmente no lo es", y a?adi¨® que las obras de mejora en las autopistas "se deber¨¢n financiar a cargo de los Presupuestos del Estado, y adem¨¢s se ampl¨ªa la concesi¨®n a ACESA en cinco a?os". La alcaldesa se manifest¨® contraria a la pr¨®rroga de concesiones. A juicio de la alcaldesa de Mollet, la reducci¨®n de la tarifa del peaje de la A-17 y de los situados en la antigua B-30 en Sant Cugat del Vall¨¨s y en la A-7 en Martorell "no es la soluci¨®n para mejorar las condiciones del tr¨¢fico en las inmediaciones de Barcelona". Tura lament¨® que "se ha perdido una oportunidad hist¨®rica para reubicar o incluso eliminar los peajes situados en el entorno de Barcelona". La alcaldesa de Mollet reiter¨® que el Ayuntamiento continuar¨¢ solicitando la eliminaci¨®n del peaje de la A-17 o, como m¨ªnimo, la construcci¨®n de carriles paralelos a la autopista entre Mollet y La Llagosta, para que los vecinos de esta zona del Vall¨¨s Oriental puedan saltarse la barrera de La Llagosta sin pagar ninguna tarifa. Montserrat Tura, responsable de pol¨ªtica territorial del PSC, se ha referido en m¨²ltiples ocasiones a los elevados beneficios de la concesionaria ACESA anteponi¨¦ndolos como argumento a la negativa a liberar de peaje el acceso a Mollet. Insuficiente y extra?o Diferentes municipios del ¨¢rea metropolitana, como Terrassa, Rub¨ª o Sant Cugat del Vall¨¨s, se han pronunciado abiertamente contra la prolongaci¨®n de las concesiones a ACESA porque perpet¨²a el sistema viario de pago. El acuerdo entre ACESA y el Ministerio de Fomento fue criticado ayer por insuficiente por los partidos de la oposici¨®n en Catalu?a, que coinciden en exigir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios y constituir la comisi¨®n de trabajo que negocie el precio de los peajes de todas las autopistas de Catalu?a. El PSC critica "que no se hayan suprimido peajes como el de Mollet del Vall¨¨s o el del tronco central de la B-30" y que la rebaja de peajes discrimine a los usuarios de Lleida y Tarragona, ya que s¨®lo bajan los peajes de los accesos a Barcelona. Manel Nadal, portavoz del PSC, calific¨® de sorprendente que el Ministerio de Fomento "no haya reclamado a la concesionaria la ejecuci¨®n de las mejoras pendientes, como el tercer carril Ma?anet-Girona y entre El Vendrell y Tarragona, o que se acabe el acceso Figueres Nord". Nadal tambi¨¦n se siente extra?ado de que "tenga que ser el Estado el que se haga cargo de la construcci¨®n del enlace de Sant Sadurn¨ª". El PSC reclama a la Generalitat una medida paralela con los peajes de su titularidad (t¨²neles del Cad¨ª y Vallvidrera, autopista Terrassa-Manresa, A-16 y Barcelona-Sitges-El Vendrell). Joan Boada, diputado de Iniciativa per Catalunya, critic¨® "el uso electoralista y partidista siempre de manera unilateral y mercadeando" de la rebaja de los peajes. Iniciativa acusa al Gobierno de Jordi Pujol de despreciar al Parlamento por demorar 19 meses la puesta en funcionamiento del grupo de trabajo sobre los peajes. Por su parte, el PP destaca que con el acuerdo "se ha corregido una injusticia hist¨®rica que demuestra que el PP cumple sus compromisos electorales; gracias a ellos, las tarifas de peaje de las autopistas catalanas de titularidad estatal se sit¨²an en niveles muy inferiores". La rebaja de peajes no fue analizada ayer por la Generalitat, que estuvo representada en las negociaciones entre el ministerio de Rafael Arias-Salgado y la concesionaria ACESA. El acuerdo fue defendido por el consejero de Obras P¨²blicas, Pere Macias.