El Estado pagar¨¢ los miles de millones que los etarras deben a sus v¨ªctimas

El Estado asumir¨¢ los miles de millones que los etarras deben a sus v¨ªctimas como consecuencia de la responsabilidad civil de los terroristas fijada por los magistrados en las condenas judiciales. Aunque la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) cifra la deuda en 60.000 millones, el Gobierno estudiar¨¢ cada resoluci¨®n judicial para calcular el coste total, as¨ª como los intereses generados. Despu¨¦s pedir¨¢ a las Cortes un cr¨¦dito extraordinario para compensar a los damnificados por la violencia terrorista, seg¨²n adelant¨® a EL PA?S el subsecretario del Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Esta iniciativa del Gobierno marca el ritmo de prioridades en la pacificaci¨®n del Pa¨ªs Vasco tras el anuncio de tregua de ETA. "Nos encontramos en una fase preliminar. Y se trata de una situaci¨®n delicada y compleja en la que no hay decisiones cerradas. Lo que s¨ª tiene claro el Gobierno es que las v¨ªctimas del terrorismo van a ocupar el primer lugar en el proceso de paz", manifest¨® Calvo-Sotelo.El primer paso lo dio el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en su declaraci¨®n institucional del pasado 2 de octubre, cuando dijo que la negociaci¨®n girar¨ªa en torno a una pol¨ªtica penitenciaria flexible, que incluir¨ªa la reinserci¨®n de los presos, y a la reparaci¨®n y el reconocimiento hacia las v¨ªctimas del terrorismo. Calvo-Sotelo se?al¨® que, en consonancia con la declaraci¨®n del presidente, el Gobierno pretende que la sociedad "reconozca el valor y el sacrificio en la defensa de la democracia" de los miles de espa?oles que han padecido la violencia de los terroristas durante los ¨²ltimos 30 a?os.

El Ejecutivo pedir¨¢ a las Cortes un agradecimiento institucional, "con la solemnidad que merecen", a los supervivientes de los atentados de ETA y a los familiares de los 810 asesinados por la banda terrorista desde la amnist¨ªa de 1978. "Ellos han pagado un precio muy alto por defender la democracia y es lo m¨ªnimo que les debemos", coment¨® el subsecretario de Interior. "Intentaremos obtener el respaldo del mayor n¨²mero posible de los grupos parlamentarios, en el Congreso como y en el Senado", a?adi¨®.

En cuanto a las deudas econ¨®micas, que la AVT (la mayoritaria con 1.400 familias afiliadas) cifra en 60.000 millones de pesetas, el Gobierno cree que debe ser el Estado quien asuma en principio las indemnizaciones que los jueces fijan en sus sentencias como compensaci¨®n civil subsidiaria del agresor con respecto a sus v¨ªctimas, y que ¨¦stas nunca reciben porque los terroristas se declaran insolventes.

La AVT s¨®lo ha conseguido cobrar unas 400.000 pesetas de los miles de millones que los jueces les reconocen. La cantidad percibida corresponde al embargo de parte del salario de cinco etarras reinsertados cuyos datos consigui¨® la asociaci¨®n tras una investigaci¨®n exhaustiva.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, despu¨¦s de numerosas peticiones de la AVT, orden¨® en septiembre de 1994 el embargo del sueldo de los etarras y justific¨® el retraso porque al ministerio p¨²blico no se le comunicaban las progresiones a tercer grado de los presos. Este vac¨ªo legal fue subsanado por el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, que dio orden a la Administraci¨®n para que informara de la identidad y el lugar de trabajo de los presos en tercer grado penitenciario. ?ste se consigue tras haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, sobre un m¨¢ximo de 30 a?os con el anterior C¨®digo Penal y de 20 con el vigente. Implica acudir a la c¨¢rcel s¨®lo a dormir y exige un empleo remunerado. Unos 150 etarras han disfrutado del tercer grado desde 1984, seg¨²n datos de la AVT e Instituciones Penitenciarias.

Pese a la orden de Belloch, la AVT sigui¨® "top¨¢ndose con un muro" cada vez que demandaba datos a la Administraci¨®n de Justicia, afirma Ana Mar¨ªa Vidal-Abarca, la presidenta de la asociaci¨®n. A pesar de contar con sentencias cuyas indemnizaciones civiles rondan los 400 millones de pesetas -es el caso de los etarras Armando Legaz Irureta y Jos¨¦ Manuel Azc¨¢rate Ramos- s¨®lo han conseguido que los jueces hayan embargado durante algunos meses los sueldos de cinco terroristas. "Las empresas les daban de baja enseguida", comenta Vidal-Abarca, "para contratarles poco despu¨¦s".

La Asociaci¨®n a?ade que esta dificultad extrema para la percepci¨®n de una parte del salario de los condenados se produjo, al menos en dos ocasiones, con el Gobierno vasco como empleador. En un tercer caso el etarra reinsertado era pe¨®n de alba?il en el Ayuntamiento de Tolosa.

El PNV no es partidario de estas medidas judiciales. Xabier Arzalluz, presidente del partido, y Emilio Olabarr¨ªa, miembro del Consejo General del Poder Judicial, han reiterado que el embargo de los sueldos de los presos "puede acabar con la reinserci¨®n". En el Ministerio del Interior se piensa lo mismo. De ah¨ª que, en v¨ªsperas de la negociaci¨®n con ETA, el tema de las indemnizaciones adquiera una urgencia que hasta ahora no ten¨ªa.

Situaci¨®n excepcional

La AVT lleva a?os intentando que el Estado cree un fondo para adelantar a las v¨ªctimas la responsabilidad civil subsidiaria. Propusieron al PSOE y al PP la creaci¨®n de un sistema similar al franc¨¦s, donde por cada p¨®liza de seguro se descuentan diez francos (unas 260 pesetas) para compensar a las v¨ªctimas de delitos violentos. En Espa?a, el Gobierno descarta esta f¨®rmula por entender que se trata de afrontar una situaci¨®n "excepcional" y que la Ley de Ayuda a las V¨ªctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual de 1995 garantiza la protecci¨®n de los ciudadanos.Dentro de esta excepcionalidad, el Gobierno propondr¨¢ a las Cortes la aprobaci¨®n de un cr¨¦dito extraordinario para hacer frente a los miles de millones que los etarras adeudan a sus v¨ªctimas. Primero se estudiar¨¢ cada sentencia, tanto las ya dictadas como lo previsible para las pendientes; despu¨¦s se calcular¨¢n los intereses y se adelantar¨¢ el dinero a las v¨ªctimas. Luego el Estado buscar¨¢ f¨®rmulas para que los condenados restituyan lo debido a las arcas p¨²blicas dentro de lo que sea posible.

"El reconocimiento moral y econ¨®mico de las v¨ªctimas es la ¨²nica manera que tenemos para acompa?arles en su dolor", se?al¨® Calvo-Sotelo, quien apunt¨® que este cr¨¦dito extraordinario se incluir¨ªa en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado, y que esto se efectur¨¢, probablemente, durante 1999.