PSV, cinco a?os y 12.000 pisos despu¨¦s

Fue una gran operaci¨®n urban¨ªstica, con 175 promociones en toda Espa?a y m¨¢s de 22.000 viviendas proyectadas. Fue el proyecto m¨¢s ambicioso que jam¨¢s arm¨® un sindicato y el fiasco m¨¢s grande del cooperativismo en Espa?a. Fue el caso de la Promoci¨®n Social de Viviendas (PSV), que dio lugar a una de las fianzas judiciales m¨¢s altas jam¨¢s impuestas (65.000 millones de pesetas, posteriormente rebajados a 18.587 millones) y oblig¨® al sindicato UGT, impulsor de la idea, a comprometer todo su patrimonio para respaldar p¨²blicamente el proyecto y tranquilizar a miles de cooperativistas.

Cinco a?os despu¨¦s, el caso de PSV (intervenida en febrero de 1994) y de su gestora IGS, que provoc¨® una gran alarma social, con manifestaciones masivas de afectados en Madrid, acaba de entrar en su ¨²ltima fase judicial.La juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral del caso. Hay siete encausados por apropiaci¨®n indebida, estafas continuadas y falsedad en documento mercantil: Carlos Sotos, antiguo concejal del Ayuntamiento de Madrid reconvertido en gestor inmobiliario; Sebasti¨¢n Reyna, responsable de finanzas del sindicato UGT en la ¨¦poca; su antecesor, Paulino Barrab¨¦s, nombre hist¨®rico del PSOE; Ferm¨ªn Bret¨®n, Francisco Hern¨¢ndez, Jes¨²s A¨ªna y Primitivo ?lvaro.

Proceso judicial

En el proceso judicial, los siete acusados se juegan mucho. Ocho a?os y dos meses de c¨¢rcel, de acuerdo con la petici¨®n del fiscal por presunta "apropiaci¨®n indebida". El sindicato UGT, por su parte, se juega, como responsable civil subsidiario, 18.587 millones de pesetas en indemnizaciones.Pero cinco a?os despu¨¦s de la intervenci¨®n administrativa de la cooperativa, decidida en consejo de ministros el 11 de febrero de 1994, queda muy poco de la inquietud que reinaba en las calles de Madrid a finales de 1993 y hasta muy entrado 1994. De los 22.000 afectados que se calcul¨® en su momento en toda Espa?a entre socios cooperativistas (17.000) y socios expectantes (4.228), 6.517 se adhirieron a las querellas contra los responsables de IGS, PSV y UGT. De ese total, alrededor de 3.600 han formalizado mandatos de acusaci¨®n contra los querellados, seg¨²n datos del sumario.

La raz¨®n de la situaci¨®n relativamente pac¨ªfica que envuelve el que fue uno de los mayores esc¨¢ndalos de la etapa de gobierno socialista se explica por el hecho de que los afectados, en su mayor parte, disponen del bien que estuvieron a punto de perder y por el que se movilizaron: su piso. Seg¨²n el informe de la administraci¨®n provisional ¨²nica de PSV, de septiembre de este a?o, se han finalizado -desde la cooperativa intervenida- un total de 11.893 viviendas. Si se tiene en cuenta adem¨¢s, que, seg¨²n consta en el sumario del caso, de los 6.503 reclamantes, 2.858 han recibido su piso, 3.011 el dinero comprometido y que s¨®lo quedan por resolver 16 casos, se entiende mejor por qu¨¦ el esc¨¢ndalo ha entrado en una etapa de cierta calma.

"El asunto est¨¢ felizmente superado", confirma Juli¨¢n Mart¨ªn, ex presidente de una de las coordinadoras de afectados que lleg¨® a aglutinar a 2.000 personas. En su caso, como en el de miles de afectados, disponer de su vivienda le cost¨® un 7% de derrama, "consecuencia del par¨®n" que sufrieron las obras en el a?o 1994, tras la suspensi¨®n de pagos de IGS. Quienes se dieron de baja -alrededor de 7.000 personas- s¨®lo lograron recuperar el 75% de su dinero tras una quita del 25%. Pero no lo hicieron en los cinco a?os que prev¨¦ la normativa de cooperativas, cosa que, seg¨²n se afirma en el informe de la administraci¨®n ¨²nica de PSV, compensa la quita.

Un lustro despu¨¦s de que estallara el esc¨¢ndalo, para el ex responsable de finanzas de UGT Sebasti¨¢n Reyna, acusado y miembro de la comisi¨®n liquidadora de la gestora IGS, una cosa est¨¢ clara: m¨¢s de dos a?os de investigaciones en torno al caso han servido para concluir que nadie meti¨® la mano en la caja de PSV y "distrajo" dinero de las aportaciones de los cooperativistas en su propio beneficio. Como Carlos Sotos, Reyna acepta que pudo haber una gesti¨®n cuestionable del proyecto, pero en ning¨²n caso enriquecimiento personal. En el tema PSV, "no hay cuentas en para¨ªsos fiscales", se defienden gr¨¢ficamente.

Desde el punto de vista de la defensa de los acusados, y al margen de la nebulosa contable que todav¨ªa rodea la operaci¨®n, todo lo sucedido en PSV tiene explicaci¨®n. As¨ª, si el sindicato cobr¨® 80.000 pesetas por piso gestionado en PSV (1.000 millones en total) fue porque el sindicato firm¨® un contrato con la gestora de PSV para prestar infraestructura y publicidad. "Un contrato legal", asegura Reyna, que se vio cuestionado por la pol¨¦mica que rodeaba entonces la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, olvidando, asegura el exdirigente del sindicato, "que UGT no era un partido pol¨ªtico y que pod¨ªa establecer contratos legalmente".

Seg¨²n el informe del fiscal, los intercambios comerciales entre UGT e IGS ascendieron a unos 4.000 millones de pesetas. Parte de ese dinero se habr¨ªa destinado, presuntamente, a la adquisici¨®n, por parte de IGS, de empresas deficitarias del sindicato que entonces dirig¨ªa Nicol¨¢s Redondo (la aseguradora Unial, Viajes Libertur, Tipograf¨ªa Torreblanca).

Irregulares o no, fuentes del sindicato destacan que esas operaciones est¨¢n expiadas: UGT se vio obligada a obtener cr¨¦ditos por importe de unos 8.000 millones de pesetas para evitar la quiebra definitiva de IGS y a comprometer su patrimonio como aval.

Reventa de pisos

Entre los afectados est¨¢n muy vivos todav¨ªa los d¨ªas de angustia, de movilizaciones y de desencanto. "La pesadilla est¨¢ pasada, la mayor¨ªa tenemos nuestros pisos, pero nada me quita la idea de que los cooperativistas fuimos utilizados en una pelea ajena", asegura Juan Carlos del Pozo, uno de los directivos de la promoci¨®n Madrid Sur. Del Pozo cree que en el fracaso del proyecto PSV pes¨®, y mucho, la guerra soterrada que manten¨ªan el PSOE, entonces en el Gobierno, y el sindicato dirigido por Nicol¨¢s Redondo. A ello, afirma, hay que a?adir "la tarta de negocio que supon¨ªa PSV" y que, en su opini¨®n, se han acabado por repartir las constructoras privadas. El cooperativista Del Pozo pone el dedo en la llaga con una afirmaci¨®n pol¨¦mica: "Muchos de los que protestaron entonces est¨¢n vendiendo los pisos de PSV por m¨¢s de 20 millones".Esta afirmaci¨®n tiene como base que en algunas promociones, los pisos de la cooperativa -viviendas de protecci¨®n oficial- se han vendido o se est¨¢n vendiendo a buen precio. En algunos casos, hasta un 30% o un 40% por encima del valor escriturado. Hay ejemplos que alguno de los acusados m¨¢s representativos en el caso no dejan de esgrimir. En el juzgado existe un documento, fechado en septiembre de 1997, en el que est¨¢n sistematizadas las ofertas de ventas de pisos PSV aparecidas en un medio especializado. Las ofertas corresponden a la promoci¨®n de Valdebernardo, la mayor de Madrid. Son 13 ofertas de venta. Precios, entre 18,5 y 22 millones de pesetas por piso. La legalidad de la operaci¨®n, discutible. Los compradores de una vivienda de protecci¨®n oficial, subvencionada, deben esperar para vender al menos 10 a?os.