El Consejo de Estado reclama un aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas retenciones

El decreto que regula las nuevas retenciones del IRPF y del impuesto de sociedades ha recibido fuertes cr¨ªticas del Consejo de Estado.En el informe aprobado ayer por esta instituci¨®n se rechaza la retenci¨®n del 20% para los fondos de inversi¨®n, se pide que en el caso de los seguros ¨¦sta sea del 18% (en lugar del 25% previsto) y se se?ala que la comprobaci¨®n de los datos aportados por los trabajadores a la empresa no corresponde a ¨¦sta sino a Hacienda. El Consejo de Estado subraya la complejidad del decreto que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros y pide aplazar su aplicaci¨®n.Las cr¨ªticas del Consejo de Estado se unen a las formuladas anteayer por el Consejo Econ¨®mico y Social (CES) sobre el pol¨¦mico decreto que regula las retenciones. El Consejo de Estado es un organismo oficial por el que deben pasar necesariamente las normas que aprueba el Gobierno. Su dictamen no tiene car¨¢cter vinculante, pero s¨ª representa una opini¨®n de calidad a la hora de determinar si se respeta el marco jur¨ªdico.

La principal queja que recoge el dictamen enviado ayer al Gobierno hace referencia a la complejidad de la norma y la conveniencia de retrasar su aplicaci¨®n. Como cr¨ªtica general, dice que ya ha "reiterado" en "numerosas ocasiones la dispersi¨®n normativa, singularmente apreciable en el ¨¢mbito tributario", lo que "dificulta su aplicaci¨®n" por sus principales destinatarios (los contribuyentes). Adem¨¢s, argumenta para pedir el aplazamiento la coincidencia con la introducci¨®n del euro, lo que va a exigir "un especial esfuerzo" por parte de las empresas. A?ade que los contribuyentes deben contar con un periodo de aprendizaje.

Por otro lado, a?ade, "no se desconoce que ¨¦ste es un ejercicio de transici¨®n y que en este marco uno de los objetivos perseguidos con la norma proyectada es asegurar una suficiente recaudaci¨®n para el a?o 1999, en el que coinciden una menor recaudaci¨®n por la plausible rebaja fiscal y la necesidad de atender las frecuentemente excesivas devoluciones que el anterior sistema generaba".

Periodo vacacional

As¨ª, el Consejo pone de relieve el alto coste recaudatorio que la rebaja de las retenciones va a tener el a?o que viene (776.000 millones de pesetas, seg¨²n Hacienda), un efecto todav¨ªa m¨¢s grave si se tiene en cuenta que en la segunda mitad de 1999 todav¨ªa habr¨¢ fuertes devoluciones. En este periodo, Hacienda debe devolver lo solicitado por los contribuyentes en la declaraci¨®n que presentar¨¢n en junio de 1999 sobre los ingresos de 1998. Esta cantidad rondar¨¢ el bill¨®n de pesetas, cifra similar a la de este a?o, ya que el impuesto se liquidar¨¢ por ¨²ltima vez con la anterior normativa del IRPF.Sobre las retenciones del trabajo, el Consejo pide que se respete, al menos, el periodo vacacional, pero sobre los fondos de inversi¨®n, se?ala la conveniencia de un aplazamiento de seis meses. Fuentes de Hacienda estudiaban ayer incluir este aplazamiento hasta junio de 1999 en el decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno.

Los fondos de inversi¨®n tendr¨¢n una nueva retenci¨®n del 20%, que el Consejo tambi¨¦n rechaza.Argumenta que esta retenci¨®n "puede hacer especialmente fr¨¢giles a los mercados en momentos de crisis". A?ade que "no es frecuente" este pago a cuenta en los dem¨¢s pa¨ªses, lo que "puede generar una peor situaci¨®n competitiva de las empresas espa?olas y estimular la salida de ahorro nacional". Otra raz¨®n es que puede implicar la desaparici¨®n de nuevas figuras de fondos, como los fondos de fondos o los fondos subordinados, regulados este a?o en la Ley del Mercado de Valores.

En cuanto a los seguros, se?ala que "lo correcto" ser¨ªa aplicar una retenci¨®n del 18% y no del 25% como prev¨¦ el decreto. De esta forma se equiparar¨ªa la retenci¨®n a la de los dep¨®sitos bancarios, lo que "podr¨ªa garantizar un tratamiento fiscal similar y equilibrado".

No entra en la pol¨¦mica sobre si la aportaci¨®n de datos por parte de los trabajadores a sus empresas para calcular la retenci¨®n vulnera el derecho a la intimidad. ?nicamente subraya que la comprobaci¨®n de la veracidad de estos datos ha de corresponder a Hacienda, y no a la empresa como parece deducirse de la norma analizada ayer. Las fuentes de Hacienda se?alaron que esta recomendaci¨®n se recoger¨¢ en el real-decreto.