Bruselas exige explicaciones al Gobierno sobre los cr¨¦ditos concedidos a Ercros en 1994

El romance que hasta ahora han vivido el ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, y el ortodoxo comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, parece que ha llegado a su final. El esc¨¢ndalo de Ercros ha llegado ya hasta Bruselas. Van Miert ha solicitado al Gobierno por carta que explique las condiciones del cr¨¦dito de 8.500 millones concedido a la empresa por el ICO en diciembre de 1994, as¨ª como los detalles de su cancelaci¨®n, a propuesta del ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, en junio de 1998. En dicha fecha, el Gobierno acept¨® que Ercros pagara 1.100 millones para cancelar el cr¨¦dito.

La Direcci¨®n General de la Competencia de la Comisi¨®n Europea, alertada por las informaciones publicadas por la prensa espa?ola, envi¨® el pasado 21 de diciembre una carta de advertencia al Ministerio de Industria en la que le requiere numerosa informaci¨®n sobre Ercros, la empresa que presidi¨® hasta 1996 el hoy ministro Josep Piqu¨¦.El Gobierno tiene un mes desde la recepci¨®n de la carta para responder a las alegaciones de Bruselas. El plazo est¨¢ ya a punto de cumplirse y ser¨¢ el propio ministro Josep Piqu¨¦ quien tenga ocasi¨®n de explicar la situaci¨®n durante la entrevista que mantendr¨¢ el pr¨®ximo lunes en Bruselas con el comisario Van Miert. [No obstante, Piqu¨¦, afirmo ayer que el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, deber¨¢ explicar al Tribunal Europeo de la Competencia las ayudas a Ercros. "Por lo tanto, el actual presidente del Gobierno tendr¨¢ que dar explicaciones de lo que hizo el Gobierno anterior", afirm¨® el ministro en declaraciones a la prensa en Barcelona].

La Comisi¨®n ha requerido a Industria para que le explique las "condiciones, tipo de inter¨¦s, incluidas las bonificaciones, si las hubiera, y plazo de amortizaci¨®n del cr¨¦dito de 8.500 millones de pesetas presuntamente concedido por el ICO a Ercros en diciembre de 1994, as¨ª como condiciones pactadas entre las partes para su rescate". Se refiere Bruselas al famoso cr¨¦dito del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) cancelado en junio de 1998 tras el visto bueno de la Comisi¨®n Delegada para Asuntos Econ¨®micos del Gobierno a propuesta de Piqu¨¦, que fue presidente de Ercros hasta su incorporaci¨®n a Industria en mayo de 1996. La condonaci¨®n hab¨ªa sido negada por el Gobierno socialista.

Bruselas pide tambi¨¦n "confirmaci¨®n de que el precio de 5.000 millones de pesetas abonado por el ICO para el pago de un terreno de Ercros corresponde a un precio en condiciones de mercado".

Los 5.000 millones no han sido destinados a pagar al ICO, sino a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Precisamente la tercera petici¨®n de Bruselas se refiere a que se le comunique la "cuant¨ªa de las deudas de Ercros con la Hacienda p¨²blica, la Seguridad Social y entidades financieras participadas mayoritariamente por el Estado, porcentaje de las mismas con respecto al pasivo de Ercros y porcentaje de las quitas eventualmente convenidas en favor de dichas administraciones y entidades con respecto a las quitas convenidas con otros acreedores".

Bruselas quieren cerciorarse de que la deuda condonada por las entidades p¨²blicas espa?olas a la empresa que dirigi¨® Piqu¨¦ hasta su nombramiento como ministro guarda una proporci¨®n adecuada con la condonada por el sector privado. Por ¨²ltimo, los servicios de Van Miert quieren conocer "cualquier ayuda que Ercros haya podido recibir desde que fue declarada la suspensi¨®n de pagos", en 1992.

El Gobierno del PP tard¨® dos a?os en aprobar la cancelaci¨®n del cr¨¦dito concedido por el ICO a Ercros. A la operaci¨®n, que fue planteada por primera vez por Piqu¨¦ en junio de 1996, se opon¨ªa el Ministerio de Econom¨ªa. La Comisi¨®n Delegada aprob¨® finalmente la cancelaci¨®n poco antes de que Piqu¨¦ fuera nombrado portavoz del Gobierno. Piqu¨¦ ha tratado de distanciarse de la operaci¨®n al asegurar que se ausent¨® de las reuniones en las que se abord¨® el tema.

Los requerimientos de Bruselas al Gobierno espa?ol no presuponen la existencia de ninguna irregularidad en las operaciones, pero s¨ª un primer paso para que la Comisi¨®n decida si existen indicios racionales de ilegalidad en la operaci¨®n que justifiquen la apertura de un proceso formal de investigaci¨®n y, si ha lugar posteriormente, abrir un procedimiento de infracci¨®n por ayudas p¨²blicas ilegales.