Pol¨¦mica por la oferta de indemnizaci¨®n a una viuda del "caso del Bazar Espa?a"

La oferta de dos millones de pesetas a modo de indemnizaci¨®n a cargo de las arcas del Estado a la viuda de una de las v¨ªctimas del desplome del muro del Bazar Espa?a envolvi¨® ayer de nuevo en la pol¨¦mica uno de los casos m¨¢s opacos, cenagosos y pol¨ªticos de los ¨²ltimos a?os en Sevilla. Despu¨¦s de que a primera hora de la ma?ana la Cadena Ser informara sobre la reuni¨®n que hace alrededor de un par de semanas hab¨ªa mantenido la viuda de Tom¨¢s Carroza con el Jefe de Protecci¨®n Civil en Sevilla, Jos¨¦ Mart¨ªnez Rey, y Manuel Barros, uno de los hombres m¨¢s cercanos a la alcaldesa de Sevilla, la catarata de acusaciones y contraacusaciones no se hizo esperar. El Ayuntamiento sevillano y Mart¨ªnez Rey aseguran que la ayuda (apenas dos millones de pesetas) ofrecidos a la viuda de Tom¨¢s Carroza no significan de ninguna manera que se aborte la v¨ªa judicial para dirimir responsabilidades. El caso est¨¢ en manos del titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Sevilla, Jos¨¦ Herrera, y ya acumula m¨¢s de un millar de folios. A¨²n queda por recibir el peritaje judicial, una prueba de an¨¢lisis fundamental a la hora de imputar responsabilidades. El jefe de Protecci¨®n Civil no ocultaba ayer su malestar por el barullo surgido de la oferta y apelaba a sus m¨¢s de 20 a?os de servicio como funcionario para que no se le mezclara con disputas "pol¨ªticas". "A m¨ª me llamaron de la Direcci¨®n General de Protecci¨®n Civil y me dijeron que por qu¨¦ no hab¨ªa solicitado nadie las ayudas tras el desastre. Despu¨¦s me puse en contacto con el Ayuntamiento y me dieron las direcciones de los afectados". Seg¨²n Mart¨ªnez Rey, tan s¨®lo la viuda de Tom¨¢s Carroza -con tres hijos en edad escolar- reun¨ªa los requisitos econ¨®micos para poder optar a recibir este dinero. Sin embargo, la portavoz del Partido Popular, Carmen Diz, asegur¨® ayer que tambi¨¦n se hab¨ªa hablado con los familiares de Mar¨ªa Prua?o, tambi¨¦n cabeza de familia. Primera reuni¨®n Siempre seg¨²n el jefe de Protecci¨®n Civil, en una primera reuni¨®n la mujer lleg¨® sola a la Subdelegaci¨®n del Gobierno y no firm¨® nada porque no hab¨ªa el impreso correspondiente. Varios d¨ªas despu¨¦s, la viuda de Tom¨¢s Carroza lleg¨® acompa?ada de su abogado, Fernando Mellet, y a instancias de este se neg¨® a firmar el citado papel, porque significaba que la muerte hab¨ªa sido fruto de un desastre natural. Mart¨ªnez Rey insiste en que ese tipo de ayuda tambi¨¦n las recibieron las v¨ªctimas del avi¨®n que se estrell¨® en Melilla y que nunca renunciaron a la posibilidad de que el juez dictaminara otras responsabilidades y otras indemnizaciones. "?C¨®mo le voy a convencer yo a una persona que se quede con dos millones de pesetas si le pueden dar cerca de cien si el juez encuentra a alguien culpable!". Mart¨ªnez Rey insiste que el texto legal de 1993 deja bien claro que la ayuda que dar¨ªa Protecci¨®n Civil no imposibilitar¨ªa la llegada de otras, "provenientes de la Administraci¨®n o de quien fuere". Lo ¨²nico malo de este caso, seg¨²n el jefe de Protecci¨®n Civil, "es que esta mujer ha perdido dos millones de pesetas". Adem¨¢s, asegura que el documento se pod¨ªa haber firmado ad cautelam, con el compromiso de desandar lo andado si la resoluci¨®n judicial fuera favorable a los intereses econ¨®micos de las familias de las v¨ªctimas. Desde el otro lado, sin embargo, se ven las cosas de distinta manera. El abogado de algunas de las v¨ªctimas Enrique P¨¦rez Perera aseguraba ayer que haber aceptado esta ayuda habr¨ªa significado admitir que las causa de las muertes hab¨ªan sido naturales. Esto es, admitir que el viento fue el que derrib¨® un muro que, adem¨¢s, no estaba en ruinas sino en buen estado. La incapacidad moral de poder reclamar otras indemnizaciones es la raz¨®n para la negativa esgrimida desde la parte de las v¨ªctimas. La propia viuda de Carroza aseguraba ayer por tel¨¦fono que le hab¨ªan propuesto "firmar como que hab¨ªa sido una cat¨¢strofe natural". Todo se reducir¨ªa, seg¨²n esta visi¨®n, a una estrategia urdida entre el Ayuntamiento y la Delegaci¨®n del Gobierno para echar tierra sobre el tema.