Bruselas investiga si distribuidores de Renault en Irlanda y Francia niegan la venta de coches a los brit¨¢nicos
La Comisi¨®n Europea ha inspeccionado las sedes de Renault en Francia e Irlanda, sospechosas de haber dado consignas a sus concesionarios para que no vendan autom¨®viles nuevos a los clientes brit¨¢nicos, seg¨²n anunci¨® ayer un portavoz comunitario. Esta actuaci¨®n la ha realizado despu¨¦s de haber recibido informaci¨®n de organizaciones de consumidores brit¨¢nicos de que no pueden comprar coches nuevos de esa marca en Irlanda y Francia, donde son m¨¢s baratos que en el Reino Unido. Unas pr¨¢cticas que tambi¨¦n podr¨ªan estar realizando los constructores alemanes Volkswagen, Mercedes-Benz y Opel.
Las investigaciones en la compa?¨ªa Renault se realizaron los d¨ªas 24 y 25 de marzo pasado. La direcci¨®n de la empresa automovil¨ªstica difundi¨® ayer un comunicado en el que se declara dispuesta "a aportar toda su colaboraci¨®n" a la Comisi¨®n Europea en el curso de la investigaci¨®n abierta sobre sus ventas, y asegura que respeta el derecho comunitario.
Desde la implantaci¨®n del mercado ¨²nico europeo, en el a?o 1993, los ciudadanos comunitarios pueden comprar coches en cualquiera de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea sin pagar derechos especiales de aduana. En los precios de los autom¨®viles hay enormes diferencias seg¨²n el pa¨ªs en raz¨®n de sus distintos impuestos y tasas de matriculaci¨®n. Seg¨²n los ¨²ltimos datos comparativos sobre los precios de los coches, un Renault Laguna cuesta un 21% menos en Irlanda que en el Reino Unido.
Esta semana el Ejecutivo comunitario ha anunciado que ha abierto un procedimiento judicial contra DaimlerChrysler, bajo la sospecha de que ha denegado la venta de sus coches a ciudadanos no residentes. La Comisi¨®n ha procedido a inspeccionar la sede central de Stuttgart (Alemania), as¨ª como sus filiales en Espa?a, B¨¦lgica y los Pa¨ªses Bajos.
El constructor alem¨¢n Volkswagen tambi¨¦n fue investigado por los mismos motivos y fue obligado a pagar una multa r¨¦cord de 102 millones de euros (17.000 millones de pesetas) en enero de 1998, que fue confirmada en primera instancia por el tribunal de justicia de Luxemburgo.
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