El fiscal pide 12 a?os de inhabilitaci¨®n para el presidente de un tribunal de Barcelona

El fiscal solicita 12 a?os de inhabilitaci¨®n y 2,7 millones de pesetas de multa para el presidente de la Secci¨®n Octava de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Raposo, al que acusa de un delito de prevaricaci¨®n supuestamente cometido al archivar una causa de delito fiscal por entender que hab¨ªa prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha decretado ya la apertura de juicio oral contra el magistrado Raposo.

El magistrado del TSJC que ha instruido las diligencias contra Raposo, Pon? Feliu, ha acordado tambi¨¦n trasladar su resoluci¨®n "a los efectos oportunos" al Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de este organismo explicaron ayer que con toda probabilidad Raposo ser¨¢ apartado de la carrera judicial de manera cautelar en la reuni¨®n que celebrar¨¢ la comisi¨®n permanente el pr¨®ximo martes. El presidente de la Secci¨®n Octava de la Audiencia de Barcelona sigue actualmente en activo, aunque desde el pasado mes de noviembre est¨¢ de baja por depresi¨®n y tiene fijado su domicilio en Galicia. El caso que ahora ha acabado en juicio se inici¨® el pasado mes de julio, cuando la fiscal¨ªa se querell¨® contra Raposo y contra Mar¨ªa Jos¨¦ In¨¦s Mart¨ªnez ?lvarez y Mercedes Fern¨¢ndez P¨¦rez, las otras dos magistradas que tambi¨¦n firmaron la resoluci¨®n supuestamente prevaricadora (v¨¦ase EL PA?S de 25 de julio de 1988). Sin embargo, las magistradas fueron exculpadas del caso el 25 de enero, despu¨¦s de declarar por segunda vez ante el instructor y manifestar que firmaron el pol¨¦mico auto sin que Raposo, que era el ponente de la resoluci¨®n, les explicase todas las circunstancias jur¨ªdicas del caso. El auto supuestamente prevaricador fue dictado el 2 de junio del a?o pasado y supuso el archivo de las diligencias que hab¨ªa tramitado el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona contra Jaime Sent¨ªs Abad por un delito fiscal. Esa causa se abri¨® tras la querella de la fiscal¨ªa en la que se le acusaba de defraudar a Hacienda 501 millones de pesetas correspondientes a los ejercicios de 1989, 1990 y 1991. PASA A LA P?GINA 6