Ascendido a general un militar que apoy¨® a los golpistas del 23-F en 1981

Por vez primera, uno de los firmantes del manifiesto de los 100, un panfleto en contra de la prensa y a favor de los golpistas del 23-F, difundido en 1981, ha sido ascendido a general. El nombramiento de los generales corresponde al Consejo de Ministros mediante real decreto y a ese puesto llegan muy pocos militares: de entre los m¨¢s capacitados, s¨®lo aquellos que merecen la total confianza del Gobierno. Una confianza que, en este caso, no se ha visto mermada por el hecho de que el general Juan Ca?adas Lorenzo demostrase en su d¨ªa, junto al resto de los firmantes del manifiesto, una "absoluta falta de identidad con los principios constitucionales", tal y como estim¨® la Junta de Jefes de Estado Mayor en 1981.

El Consejo de Ministros decidi¨® el pasado 16 de abril ascender a general de brigada a Juan Ca?adas Lorenzo. El 8 de mayo se public¨® en el BOE su nombramiento como comandante militar de Le¨®n y jefe del Mando de Artiller¨ªa de Campa?a, uno de los destinos m¨¢s importantes que puede ocupar un artillero.En diciembre de 1981, Juan Ca?adas era capit¨¢n, ten¨ªa 38 a?os y estaba destinado en la Brigada Paracaidista. Su firma figur¨® al pie del llamado manifiesto de los cien, suscrito por un centenar de oficiales y suboficiales de la Primera Regi¨®n Militar, que se difundi¨® el 5 de diciembre, la v¨ªspera del tercer aniversario de la Constituci¨®n, a trav¨¦s de la agencia Europa Press y el diario ultraderechista El Alc¨¢zar.

Apenas nueve meses despu¨¦s del 23-F y en la antesala del tenso Consejo de Guerra por el frustrado golpe de Estado, aquel documento, que evidenciaba un amplio respaldo a los golpistas entre los mandos intermedios del Ej¨¦rcito, produjo una profunda desestabilizaci¨®n pol¨ªtica y oblig¨® al entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, a regresar precipitadamente a Madrid y a reunir a la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Contra la prensa

Dos p¨¢rrafos del manifiesto eran particularmente conflictivos. En uno de ellos se advert¨ªa, tras criticar duramente a la prensa: "Los insultos y ataques a nuestros compa?eros [los militares presos por el 23-F] los consideramos dirigidos a la colectividad [militar] con las consecuencias [a] que ello d¨¦ lugar, pues tenemos el C¨®digo de Justicia Militar para corregir debidamente al que cometa alguna falta, y nuestra fama y prestigio no puede estar en boca de cualquiera".El otro p¨¢rrafo era una defensa de la doctrina de la autonom¨ªa militar, que negaba al Gobierno democr¨¢tico capacidad para dirigir las Fuerzas Armadas. "El poder pol¨ªtico", dec¨ªa el texto, "debe respetar la necesaria autonom¨ªa de los ej¨¦rcitos en cuanto a organizaci¨®n y funcionamiento interno para garantizar la inexistencia de intereses partidistas en sus organismos y unidades".

El capit¨¢n general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, uno de los principales art¨ªfices del fracaso del 23-F, asesinado por ETA en 1984, orden¨® el arresto de 91 de los firmantes, como autores de una falta disciplinaria leve. Pero, adem¨¢s, mand¨® incoar diligencias judiciales contra ocho capitanes y un brigada.

Estos nueve militares fueron expedientados, seg¨²n el comunicado difundido el 19 de diciembre de 1981 por la Capitan¨ªa de la Primera Regi¨®n Militar, porque "las diligencias previas incoadas han podido determinar, en principio, mayores responsabilidades" en su conducta que en la de los dem¨¢s firmantes. Uno de los militares a los que se atribuy¨® en aquel momento una responsabilidad especial en la elaboraci¨®n y difusi¨®n del texto fue el entonces capit¨¢n Ca?adas Lorenzo.

Tambi¨¦n estaba el actual general entre los cinco oficiales que el 10 de diciembre de 1981 fueron separados del mando y pasados a situaci¨®n de disponibles y entre los ocho a los que, ya en abril de 1982, se traslad¨® con car¨¢cter forzoso lejos de Madrid.

En su mayor parte, los expedientes judiciales por falta grave no prosperaron, pues los afectados alegaron que el manifiesto no era una petici¨®n colectiva y que, por tanto, no encajaba en el C¨®digo de Justicia Militar. Ca?adas, como muchos de sus compa?eros, fue castigado con dos meses de arresto; aunque, en la mayor¨ªa de los casos, la sanci¨®n no se cumpli¨® en su integridad.

La Junta de Jefes de Estado Mayor, seg¨²n explic¨® Oliart, consider¨® el manifiesto de los cien "una grave infracci¨®n de la disciplina que atenta, adem¨¢s, a la lealtad y confianza debida a los mandos. El documento", agreg¨® el ministro, "introduce afirmaciones que revelan una absoluta falta de identidad con los principios constitucionales y con las misiones asignadas a las FAS en el art¨ªculo 8 de la Constituci¨®n".

El actual presidente de la Comisi¨®n de Defensa del Congreso, Alejandro Mu?oz Alonso, del Grupo Popular, escribi¨® entonces que el manifiesto respond¨ªa a una estrategia dirigida a "acumular incidentes que vayan desgastando la capacidad de respuesta del poder civil y preparen el camino para el golpe definitivo".

Un portavoz del Ministerio de Defensa justific¨® ayer el ascenso de Ca?adas alegando que "no hay que revolver hechos tan antiguos". Tras recordar que nunca fue condenado y que el golpismo no constituye hoy motivo de preocupaci¨®n en las Fuerzas Armadas, subray¨® que la mayor parte de su carrera, incluido el ascenso a coronel, en 1994, tras superar un proceso selectivo, la realiz¨® bajo gobiernos del PSOE, "sin que en ning¨²n momento se le pusiera ninguna traba".

Dicho portavoz concluy¨® que "su hoja de servicios es impecable y no ha dado ning¨²n motivo de queja en todos estos a?os. Al contrario, cuenta con dos medallas de sufrimiento por la Patria y una de mutilado".

Documento apol¨ªtico

"No s¨¦ si fue un error, lo que s¨ª fue es una chiquillada", dijo ayer el general Ca?adas, en conversaci¨®n con EL PA?S. El militar, que afirma no tener "ninguna ideolog¨ªa pol¨ªtica", declar¨® que el documento carec¨ªa de la trascendencia que se le dio y que fue el primer sorprendido por su eco.A su juicio, el manifiesto "no ten¨ªa car¨¢cter pol¨ªtico" y, adem¨¢s, entonces , exist¨ªa "un vac¨ªo legal", por lo que sus firmantes no eran conscientes de estar vulnerando la disciplina militar con ese pronunciamiento colectivo. Admite, sin embargo, que la legislaci¨®n ha cambiado y que, si sus subordinados hiciesen algo parecido, les impondr¨ªa un correctivo. "Yo me limit¨¦ a firmar el documento, no tuve nada que ver en su elaboraci¨®n y difusi¨®n", asegura. En todo caso, "la Constituci¨®n reconoce el derecho a reinsertarse y, si alguien comete una falta y se corrige como se corrigi¨®, no creo que haya que tenerla en cuenta 20 a?os despu¨¦s", concluy¨®.