Los directores piden m¨¢s autoridad y "un contrato entre la familia y el centro"

VIENE DE LA P?GINA 1 Fuentes de la Junta de Directores indican que el n¨²mero de alumnos conflictivos es peque?o, alrededor de un 0,8% del total, pero que, al concentrarse ¨²nicamente en algunos centros p¨²blicos, altera la din¨¢mica escolar. En estos momentos hay en Barcelona 22.800 alumnos de ESO matriculados en centros p¨²blicos y otros 38.600 en los privados concertados. Las mismas fuentes a?aden que el fen¨®meno de la segregaci¨®n afecta tambi¨¦n a los alumnos inmigrantes y los ni?os con discapacidades, que se concentran mayoritariamente en la red escolar p¨²blica. El documento indica que si no se llevan a cabo medidas para "reequilibrar la demanda p¨²blica y privada, se consolidar¨¢n dos redes educativas que aumentar¨¢n la disgregaci¨®n social". Para corregir esta situaci¨®n, adem¨¢s de repartir "a todo el alumnado con riesgo de marginaci¨®n social entre todos los centros sostenidos con fondos p¨²blicos de forma equitativa y proporcional", se reclaman m¨¢s recursos para poder sostener los gastos derivados de la educaci¨®n de estos alumnos. Pero adem¨¢s de estas correcciones de fondo, la Junta de Directores plantea medidas concretas e inmediatas para abordar el problema de la conflictividad escolar. De hecho, estas medidas son las que figuran en el primer apartado de propuestas y son fruto de una preocupaci¨®n latente en los centros de secundaria. Algunas de estas preocupaciones fueron expuestas tambi¨¦n en una asamblea de profesores celebrada el mi¨¦rcoles en el IES Men¨¦ndez Pelayo de Barcelona. El documento propone dar una atenci¨®n espec¨ªfica a los alumnos con problemas de conducta o con necesidades especiales, incluida la posibilidad de escolarizarlos durante todo el ciclo en aulas espec¨ªficas para ellos, y tambi¨¦n reconvertir las aulas ahora destinadas a los ni?os que, por diferentes razones, no pueden seguir el ritmo de la clase, en aulas taller donde se les d¨¦ una formaci¨®n m¨¢s pr¨¢ctica. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar la autoridad en los centros y que se garantice "el respeto al profesorado por parte de alumnos y familias" mediante la creaci¨®n de un "contrato entre la familia y el centro de secundaria". Y tambi¨¦n apunta la conveniencia de que la Guardia Urbana vigile "los alrededores de los institutos en las horas de la entrada y salida". Fuentes de la junta recalcaron que esta medida s¨®lo ser¨ªa necesaria en los barrios con mayor problem¨¢tica social. Algunas de las propuestas implican cambios en el sistema educativo implantado con la reforma escolar. Una de ellas, que tambi¨¦n puede resultar muy pol¨¦mica, es la de introducir estudios orientados al mundo del trabajo manual para alumnos menores de 16 a?os con dificultades para alcanzar los objetivos de la ESO. Ahora todos los alumnos estudian ESO hasta los 16 a?os. S¨®lo a partir de esa edad, los que no la superan son orientados hacia programas de garant¨ªa social, es decir, oficios manuales. Finalmente, se propone crear "mancomunidades de centros p¨²blicos que puedan satisfacer una oferta educativa que abarque hasta los 18 a?os". Ello les equiparar¨ªa con los centros privados, uno de cuyos atractivos es precisamente que garantizan la continuidad escolar en las sucesivas etapas.