El S¨ªndic de Greuges tambi¨¦n advirti¨® en 1998 un aumento de las quejas relativas a los derechos ling¨¹¨ªsticos

El s¨ªndic de greuges, Anton Ca?ellas -al igual que el defensor del pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda-, advirti¨® "un aumento del n¨²mero de quejas relativas a los derechos ling¨¹¨ªsticos de los ciudadanos" en 1998, el a?o de la aprobaci¨®n de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica. La oficina de Ca?ellas recibi¨® 50 quejas sobre este asunto, de las que tramit¨® 15 y una m¨¢s, de oficio. ?lvarez de Miranda recibi¨® 3.000. Los criterios del S¨ªndic sobre la cooficialidad de las lenguas son id¨¦nticos a los del Defensor del Pueblo. A juicio de Ca?ellas, "las administraciones no han de estar al servicio de los derechos abstractos de una lengua, catal¨¢n o castellano, sino de los derechos concretos de los ciudadanos a utilizarlas". Pero la simetr¨ªa de las quejas de catalanohablantes y castellanohablantes pone en evidencia que, muy a menudo, las administraciones anteponen lo abstracto a lo concreto. As¨ª, el S¨ªndic de Greuges pone como ejemplo de las dificultades que encuentra el ciudadano para ejercer sus derechos ling¨¹¨ªsticos la inexistencia de impresos en catal¨¢n para la expedici¨®n del Documento Nacional de Identidad (DNI), y recuerda que ya en 1992, en respuesta a un diputado, la Administraci¨®n central asegur¨® que los impresos biling¨¹es "estaban en fase de elaboraci¨®n"; que en 1995 la respuesta fue que "se estaban haciendo pruebas de imprenta y corrigiendo errores de traducci¨®n", y que, hasta la fecha, siguen sin estar disponibles. En el mismo sentido, Ca?ellas afirma que, pese a las previsiones legales, ha tenido que requerir a la Generalitat de Catalu?a para que "ponga los medios necesarios para que los ciudadanos que quieren hacer sus declaraciones o autoliquidaciones de impuestos en lengua castellana reciban los impresos en esta lengua". Las administraciones locales tampoco escapan a esta tendencia hacia lo abstracto. El S¨ªndic recuerda que, en ocasiones, "cuando un ciudadano ha pedido ser informado en lengua castellana no se le ha respondido en esta lengua, sino en la de uso normal, es decir, el catal¨¢n". Uno de los casos citados es el de un ciudadano que se dirigi¨® personalmente a un ayuntamiento para efectuar ciertas gestiones y no consigui¨® que se le atendiera en castellano. La actuaci¨®n de la Administraci¨®n perif¨¦rica del Estado en Catalu?a est¨¢ aquejada de los mismos vicios. El S¨ªndic ha recibido numerosas quejas, especialmente relacionadas con el ¨¢mbito del Registro Civil, donde, en contra de las previsiones de la ley, se sigue obstaculizando, cuando no negando, el derecho de los ciudadanos a escoger la lengua catalana.