El fiscal general del Estado de Portugal investiga a Champalimaud

La Fiscal¨ªa General del Estado ha abierto una investigaci¨®n por una supuesta "desobediencia cualificada" al Parlamento por parte del financiero luso Antonio Champalimaud y diversas instituciones portuguesas, entre ellas el Ministerio de Finanzas y el Banco de Portugal. Seg¨²n la denuncia del diputado popular Jorge Ferreira, el Banesto de Mario Conde adquiri¨® el control del Totta & Azores "al margen de la legalidad" y Champalimaud lo compr¨® irregularmente en 1995.

En este mismo proceso, el fiscal investiga diversas irregularidades en la compra del grupo asegurador Mundial Confianza, el Banco Pinto & Sotto Mayor y el Totta & Azores, por parte del financiero luso, entre 1992 y 1995. El diputado popular Jorge Ferreira confirm¨® ayer a este peri¨®dico la apertura de la investigaci¨®n iniciada a ra¨ªz de su denuncia al fiscal como ponente de la comisi¨®n parlamentaria que investigaba "el trato de favor" dispensado por el anterior Gobierno conservador al financiero luso Ant¨®nio Champalimaud, durante la etapa de las reprivatizaciones. Ferreira explica que el fiscal investiga "la presunta violaci¨®n del deber de informar al Parlamento" por parte de Champalimaud y diversas instituciones p¨²blicas, entre ellas el Ministerio de Finanzas y el Banco de Portugal. A su juicio, la presunta "desobediencia cualificada" al Parlamento constituye "un aut¨¦ntico esc¨¢ndalo" que s¨®lo ha alcanzado notoriedad p¨²blica tras el acuerdo del BSCH con el grupo Champalimaud.

El diputado conservador a?ade que entreg¨® al fiscal general una copia de la investigaci¨®n parlamentaria, donde se da cuenta de diversas ilegalidades en la reprivatizaci¨®n de Mundial Confianza, el Pinto & Sotto Mayor y el Totta & Azores. La documentaci¨®n, en poder de este peri¨®dico, sostiene que el anterior Gobierno, de An¨ªbal Cavaco Silva, "favoreci¨®" al financiero luso en la reprivatizaci¨®n de Mundial Confianza, entreg¨¢ndole "recursos p¨²blicos con los cuales ¨¦ste, directa o indirectamente, liquid¨® el precio que el d¨ªa anterior hab¨ªa ofrecido por el 51% del capital social de la empresa". El Banco Pinto & Sotto Mayor, a¨²n nacionalizado, entreg¨® al financiero luso, el 15 de abril de 1992, 18.000 millones de escudos a cambio de su renuncia a todas las reclamaciones judiciales por la nacionalizaci¨®n de sus empresas durante la revoluci¨®n de los claveles (1974-1975).

Asimismo, la investigaci¨®n parlamentaria sostiene que el Banesto, de Mario Conde, "actuando concertadamente con sus asociados portugueses, adquiri¨® el control del Totta & Azores al margen de las disposiciones legales en vigor". En 1995, Ant¨®nio Champalimaud compr¨® al Banesto el 50% de su participaci¨®n en el Totta, mediante la "dispensa del lanzamiento de una OPA, exigida por el c¨®digo de Sociedades Comerciales y por las normas del Mercado de Valores, perjudicando gravemente al Estado y a los dem¨¢s accionistas del Totta, y favoreciendo il¨ªcitamente a los presumibles infractores y prevaricadores del Banesto y sus asociados portugueses".

El diputado popular explica que "el Ministerio de Finanzas, el Banco de Portugal, el Instituto de Seguros y la Comisi¨®n del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) tuvieron conocimiento de esas irregularidades (...) y no actuaron, hasta el momento, en conformidad". A su juicio, el anterior Gobierno conservador "lesion¨® gravemente los intereses p¨²blicos, concretamente el principio de transparencia en el funcionamiento de los mercados, el principio de la igualdad de tratamiento a que tienen derecho los ciudadanos y, por supuesto, el deber de transparencia de la Administraci¨®n". "La comisi¨®n parlamentaria", dice, "fue v¨ªctima de falsas declaraciones y rechazo ilegal a la entrega de documentos por ella solicitados".

Con su abstenci¨®n, el Partido Socialista, en el Gobierno, impidi¨® que el Parlamento aprobara el informe de la comisi¨®n investigadora, supuestamente bajo las amenazas por parte de Champalimaud de vender su imperio a los grupos espa?oles. El diputado popular decidi¨® el pasado 9 de junio presentar su denuncia por la supuesta "desobediencia" al Parlamento y adjuntar el informe de la comisi¨®n investigadora para que el fiscal actuase en consecuencia. "Yo soy pol¨ªtico, no polic¨ªa", explica, "y, por tanto, mi denuncia se restringe a la violaci¨®n de la ley de investigaciones parlamentarias; no obstante, el fiscal tiene datos suficientes para investigar otro tipo de ilegalidades que se deducen de la documentaci¨®n entregada".

Por otro lado, el industrial y financiero Ant¨®nio Champalimaud, afirm¨® ayer al semanario Expresso su absoluta disposici¨®n para ajustar con el Gobierno de Lisboa los t¨¦rminos de su acuerdo con el BSCH, con el fin de que "esta alianza se ponga en pr¨¢ctica lo antes posible y mis empresas puedan trabajar en paz". El financiero explic¨® que el acuerdo no se puede romper y preparar uno nuevo porque el documento de su constituci¨®n establece varias cl¨¢usulas penalizadoras para quien no respete sus t¨¦rminos. Champalimaud reitera que "se han cumplido todos los requisitos legales" en el acuerdo que firm¨® el 7 de junio pasado por medio del cual vendi¨® el 40% de su grupo a cambio del 1,6% del BSCH.