Ya no tan extranjeros

La nueva Ley de Extranjer¨ªa, cuyo proyecto est¨¢ en el Parlamento, tiene dos caracter¨ªsticas esenciales: supone, en la pr¨¢ctica, una amnist¨ªa para una parte de la inmigraci¨®n ilegal; y ser¨ªa, sin duda, un paso adelante en la democratizaci¨®n del tratamiento que reciban los extranjeros que decidan establecerse en Espa?a. Aunque todo proyecto de este tipo sea mejorable, y no colme las aspiraciones de todos los implicados, el texto inicial constituye un punto de lanzamiento aceptable. Parte de un planteamiento que facilita la obtenci¨®n del permiso de residencia temporal de decenas de millares de inmigrantes: todos aquellos que puedan probar dos a?os de residencia ininterrumpida en el pa¨ªs, con un mero contrato de alquiler de vivienda, por ejemplo. Y equipara en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos al trabajador residente con el nacional. Es decir, convertirse de ap¨¦ndice, como mucho tolerado, de la econom¨ªa espa?ola en ciudadano de pleno derecho. Todo ello est¨¢ bien... si el proyecto sale adelante. Porque muchos sectores implicados, y algunos pol¨ªticos de la oposici¨®n, desconf¨ªan de que este texto legal pueda ver la luz en esta legislatura. Corremos el peligro, pues, de que estemos creando falsas ilusiones a un colectivo ya castigado mucho m¨¢s de lo humanamente soportable. Hay en Espa?a alrededor de medio mill¨®n de inmigrantes con los papeles en regla, mayoritariamente procedentes del ?frica del norte y subsahariana, y se calcula que con la prometida regularizaci¨®n pueden aflorar entre 65.000 y 100.000 ilegales. La medida, por tanto, afecta a un n¨²mero muy respetable de personas a las que nadie deber¨ªa ilusionar por motivos electoralistas. Pero llegue ahora o no a buen puerto, la simple existencia del proyecto comporta tambi¨¦n otra forma de entender el problema, que no por omitida en el texto resulta menos evidente. Si se quiere democratizar la presencia de la inmigraci¨®n entre nosotros, es porque, inevitablemente, va a tener que hacerse mucho m¨¢s que lo hecho para responder a la exigencia de los socios europeos de convertir a Espa?a en una frontera menos permeable. El Gobierno y una gran mayor¨ªa de la opini¨®n est¨¢n de acuerdo en que as¨ª sea. Ante el infamante tr¨¢fico de las pateras, ante el coladero de Melilla, ante la angustiosa necesidad del Tercer Mundo de darse una v¨ªa de escape para la supervivencia, huyendo al Primer Mundo, la respuesta de Espa?a y de toda la Uni¨®n Europea es la de convertir, si es que ello es posible, la zona del Estrecho en el brazo de mar m¨¢s vigilado y protegido de la Tierra.Una inversi¨®n prevista de 25.000 millones, a los que hay que sumar los m¨¢s de 5.000 ya gastados en la ineficaz impermeabilizaci¨®n de Melilla, pretende cerrar esa puerta del sur, con la excepci¨®n de aquellos que tengan la suerte de entrar en la cuota anual de homologados y admitidos. Es ¨¦sa una realidad dur¨ªsima, ante la que no es viable una oposici¨®n frontal, puesto que ni Europa ni Espa?a admitir¨ªan una frontera despojada del derecho de admisi¨®n; pero s¨ª cabe poner en guardia, de un lado, contra la eventual inutilidad del dispendio, y de otro, contra la utilizaci¨®n de medidas de fuerza y de controles inhumanos. La reciente carta de los ni?os guineanos muertos en ese viaje al nuevo Ed¨¦n, en la que rogaban que se les ense?ara a ser europeos, encoge el coraz¨®n. Pidamos, por ello, al menos de momento, que haya ense?anza para el mayor n¨²mero posible de todos aquellos para los que el ¨²nico ma?ana imaginable parece residir en estas viejas tierras.