Diez meses de "respeto a la justicia" de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar

En su primera declaraci¨®n tras el arresto del general Augusto Pinochet en la noche del viernes 16 de octubre de 1998 en Londres, durante la cumbre iberoamericana de Oporto, celebrada dos d¨ªas despu¨¦s, tras pedir "respeto y prudencia", Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar dijo: "El Gobierno no ser¨¢ instado por nadie o nada. Podr¨¢ recibir o no recibir peticiones, podr¨¢ estudiar o no podr¨¢ estudiarlas en funci¨®n de que las reciba o no las reciba, y del fundamento de esas peticiones..., pero, desde luego, no voy a adelantar nada hasta que no sepa el fundamento real de los hechos".El presidente a?adi¨®: "Estamos ante un asunto que no s¨®lo afecta a personas, sino a muchas sensibilidades diferentes en pa¨ªses distintos, y que tambi¨¦n tienen derecho a decir lo que opinan y pueden decir muchas cosas, incluso decir cosas de Espa?a". O sea: Aznar teme al "t¨² m¨¢s", a que puedan "incluso decir cosas de Espa?a".

Aunque manifest¨® su resistencia a comentar el asunto, ya desde el primer momento Aznar estaba al corriente de la orientaci¨®n de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional. "No es cuesti¨®n de manifestar opiniones sobre lo que es una decisi¨®n judicial. Puede haber un juez en determinado pa¨ªs, esta vez Espa?a, que entienda que dentro de sus atribuciones est¨¢ la de investigar determinados hechos en otros pa¨ªses. Puede haber fiscales en Espa?a, la Fiscal¨ªa General, que pueda entender que no entra en la competencia de los jueces tales decisiones y, por tanto, impugne esas decisiones. Nuestra posici¨®n es respetar la decisi¨®n final de la justicia".

Ese mismo d¨ªa, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional recurri¨® el auto de prisi¨®n de Pinochet dictado por el juez Garz¨®n en la tarde del 16 de octubre de 1998. Un d¨ªa m¨¢s tarde, el lunes 19, en Bayona, en un encuentro de presidentes de la Internacional Dem¨®crata Cristiana (IDC), Aznar explic¨® que los presidentes actuales de Chile, Eduardo Frei, y de Argentina, Carlos Menem, "han marcado y est¨¢n marcando hitos en la historia de sus pa¨ªses". Frei acudi¨® a esa reuni¨®n, pero cancel¨® su viaje de Bayona a Madrid en protesta por el procedimiento en marcha contra el general Pinochet.

Un Aznar m¨¢s relajado volv¨ªa sobre el asunto al d¨ªa siguiente, ya en Madrid. "En funci¨®n del final de los recursos,hasta es posible que esto no pueda llegar al Gobierno. A lo mejor, ni se tiene que pronunciar", declar¨® en una rueda de prensa en La Moncloa con el presidente de Panam¨¢, Eduardo P¨¦rez Balladares. Ese mismo d¨ªa trascend¨ªa que el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunir¨ªa la semana siguiente para resolver los recursos de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional contra la jurisdicci¨®n espa?ola en los casos de Chile y Argentina. El Gobierno, seg¨²n trascendi¨®, confiaba en que la citada sala rechazar¨ªa la jurisdicci¨®n, lo que equivaldr¨ªa a anular la orden de detenci¨®n internacional y el auto de prisi¨®n del ex dictador.

Aznar solicit¨® "prudencia y respeto con la democracia y justicia chilena y, especialmente, con su presidente, Eduardo Frei"; y agreg¨®: "Pido respeto desde una democracia como la espa?ola, que no tiene cuentas con el pasado, para todas las democracias hermanas de Iberoam¨¦rica, para las que hay y las que pueda haber en el futuro".

Es interesante la nueva racionalizaci¨®n hecha por Aznar ese mismo d¨ªa: "Hay que buscar el bien mejor; con el af¨¢n de que act¨²e la justicia con los dictadores por abusos de poder, se pueden poner en riesgo vidas humanas en aquellos otros pa¨ªses en los que perviven dictaduras".

La ex primera ministra, la baronesa Margaret Thatcher, sal¨ªa en defensa de Pinochet mediante una carta que publicaba en primera p¨¢gina el peri¨®dico The Times de Londres el 22 de octubre, en la que expresa su preocupaci¨®n por la situaci¨®n interna de Chile.

En la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Uni¨®n Europea de P?rtschach, el primer ministro, Tony Blair, se limit¨® a se?alar, el 25 de octubre de 1998: "Espa?a ha pedido su extradici¨®n y ahora hay un tribunal que se ocupa de ese asunto". En realidad, todav¨ªa no se hab¨ªa enviado la solicitud de extradici¨®n, aunque Espa?a s¨ª hab¨ªa anticipado que si llegaba la petici¨®n se encargar¨ªa de cursarla. Aznar, en una rueda de prensa, dijo: "Me preocupar¨ªa que nosotros tuvi¨¦semos unas actitudes irrespetuosas, no comprensivas con las democracias iberoamericanas. Lo m¨¢s importante es que no se hagan disparates, convirtiendo este tema en un asunto pol¨ªtico, lo que no lleva a ninguna parte buena".

Pero Aznar tambi¨¦n establece su l¨ªnea, por as¨ª decir, estrat¨¦gica: "La relaci¨®n con Iberoam¨¦rica es fundamental para nosotros y hay que ponerla por encima de cualquier otra circunstancia. Y de todos los temas, probablemente el menos importante es el econ¨®mico. Lo que hace falta es respeto hacia las democracias latinoamericanas, que deseamos que se desarrollen, que sean maduras. Nuestra democracia tiene 20 a?os, y esperemos que sea para siempre. Pero igual que a nosotros nos gusta que nos respeten, debemos respetar a los dem¨¢s".

Tres d¨ªas m¨¢s tarde, el Gobierno de Aznar parec¨ªa ver la luz del t¨²nel. El Alto Tribunal de Justicia brit¨¢nico admit¨ªa un recurso de la defensa de Pinochet y conced¨ªa a ¨¦ste la inmunidad como ex jefe de Estado frente a los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Pero, atenci¨®n, el tribunal, por la trascendencia del caso, permiti¨® apelar la resoluci¨®n ante la C¨¢mara de los Lores. La idea del Gobierno era que la apelaci¨®n ser¨ªa desestimada y que la pesadilla terminar¨ªa.

El 2 de noviembre de 1998, Aznar, tras visitar en Londres a Blair, respondi¨® a las preguntas de la prensa en el n¨²mero 10 de Downing Street. "Hemos dedicado menos de 30 segundos al asunto Pinochet", dijo. Por separado, ambos coincidieron: "Reiterar el respeto a las decisiones judiciales".

El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaraba el 5 de noviembre, contra las previsiones del Gobierno, la jurisdicci¨®n espa?ola en los casos de Argentina y Chile. Al d¨ªa siguiente, el Consejo de Ministros aprobaba la solicitud de extradici¨®n de Pinochet al Reino Unido. Todas las encuestas de opini¨®n p¨²blica se?alan, poco despu¨¦s, un gran apoyo al Gobierno, "sobre todo" por haber cursado r¨¢pidamente la solicitud de extradici¨®n de Pinochet. Varios d¨ªas m¨¢s tarde, Aznar asume por primera vez, sin el escudo verbal del "respeto a las decisiones judiciales", la posici¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado.

En las preguntas de la sesi¨®n de control parlamentario, el Gobierno, el 11 de noviembre, ante una pregunta de si va a destituir al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, por su actitud contraria a la investigaci¨®n del caso Chile y por sus recursos contra el auto de prisi¨®n y de arresto de Pinochet, Aznar explica: "No se destituir¨¢ al fiscal general del Estado por el hecho de haber defendido una interpretaci¨®n leg¨ªtima de la legislaci¨®n espa?ola". El 25 de noviembre de 1998, poco antes del primer fallo de la C¨¢mara de los Lores, los asesores de Aznar en La Moncloa manejan con certeza el dato de que la inmunidad de Pinochet ser¨¢ confirmada, lo que permitir¨¢ su devoluci¨®n a Chile. Esa tarde se dicta la sentencia en Londres: la C¨¢mara de los Lores, por tres contra dos, revoca la inmunidad del ex dictador.

El mismo d¨ªa, el Congreso aprob¨® una propuesta favorable a la extradici¨®n, presentada horas antes de la decisi¨®n de los lores por los socialistas, en la que solicitaba la m¨¢xima colaboraci¨®n del Gobierno con las actuaciones judiciales contra el ex dictador. El Grupo Popular apoy¨® la iniciativa. Aznar declar¨®: "La decisi¨®n brit¨¢nica no tiene por qu¨¦ afectar a las relaciones de Espa?a y Chile. No ha habido ninguna amenaza a esas relaciones y no va a haberla".

Aznar comienza el d¨ªa siguiente a expresar m¨¢s claramente lo que piensa. Tras un encuentro con el presidente del Gobierno italiano, Massimo D"Alema, ambos coinciden en que la decisi¨®n brit¨¢nica "pone de manifiesto la necesidad de un Tribunal Penal Internacional como el creado recientemente por Naciones Unidas". Esta posici¨®n era tanto m¨¢s extra?a cuando desde el 5 de noviembre era un hecho que los tribunales espa?oles hab¨ªan afirmado su "jurisdicci¨®n universal" en el caso. Aznar, al atacar oblicuamente con el Tribunal Penal Internacional, manten¨ªa la misma posici¨®n que la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, derrotada el citado d¨ªa.

D¨ªas despu¨¦s, al recibir el 1 de diciembre la visita del canciller chileno, Jos¨¦ Miguel Insulza, el presidente del Gobierno dijo que Espa?a "no obstaculizar¨ªa una decisi¨®n del Gobierno brit¨¢nico en favor de la liberaci¨®n por razones humanitarias". Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, declara, tras su entrevista con Insulza, que, despu¨¦s de haber presentado la solicitud de extradici¨®n de Pinochet, "no le compete al Gobierno espa?ol ninguna particular actuaci¨®n en este caso, salvo acatar la decisi¨®n de las autoridades brit¨¢nicas competentes, lo que har¨¢ cualquiera que sea ¨¦sta".

El 9 de diciembre de 1998, el ministro de Interior brit¨¢nico, Jack Straw, transmiti¨® por escrito su decisi¨®n, adoptada con car¨¢cter "cuasijudicial": es favorable a que comience el procedimiento de extradici¨®n por los delitos de tortura, conspiraci¨®n para tortura; asesinato, conspiraci¨®n para el asesinato; desaparici¨®n de personas y conspiraci¨®n para hacer desaparecer personas.

Esta decisi¨®n obliga a Pinochet a comparecer, el 11 de diciembre de 1998, por primera vez ante un juez, el magistrado Graham Parkinson, en el tribunal de alta seguridad de Belmarsh. Pero un d¨ªa antes, Garz¨®n dicta el auto de procesamiento del ex dictador. Chile anuncia entonces sanciones como la suspensi¨®n de cualquier contacto bilateral o de alto nivel con cualquiera de los dos pa¨ªses. Blair se?al¨® en la cumbre de la Uni¨®n Europea de Viena: "Lamento la decisi¨®n chilena". Aznar, por su parte, dijo: "La decisi¨®n corresponde al Gobierno chileno. Respeto completamente las decisiones que pueda adoptar".

La posibilidad de explorar una salida negociada al caso Pinochet tuvo una primera expresi¨®n durante la visita del presidente del Senado chileno, el democristiano Andr¨¦s Zald¨ªvar, a Aznar el 17 de diciembre de 1998. Zald¨ªvar le solicit¨® "que sea un Tribunal Internacional de Justicia" el que decida qu¨¦ pa¨ªs y qu¨¦ instituci¨®n es competente para juzgar a Pinochet". Al abandonar La Moncloa, el l¨ªder democristiano explic¨® que Aznar "se mostr¨® en todo momento abierto a que se estudie cualquier tipo de salida" en torno al caso Pinochet. Matutes, junto a Zald¨ªvar ante la prensa, dijo que aportar "propuestas nuevas y contructivas" para encontrar una salida era algo "muy inteligente".

En esas fechas, la C¨¢mara de los Lores deja sin efecto la sentencia del 25 de noviembre de 1998, tras un recurso de la defensa de Pinochet en la que denuncia la relaci¨®n de uno de los jueces lores -lord Leonard Hoffmann- con Amnist¨ªa Internacional, entidad que intervino en el recurso de apelaci¨®n. Semanas antes del nuevo fallo, el ministro Josep Piqu¨¦ maneja la informaci¨®n de que los jueces lores resolver¨¢n, esta vez, confirmar la inmunidad, lo que permitir¨¢ el regreso de Pinochet a Chile. El 24 de marzo de 1999, los jueces lores deciden que Pinochet no es inmune a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que en el Reino Unido y en Espa?a la tortura puede ser considerada de "doble incriminaci¨®n" y, por tanto, es un delito de extradici¨®n. El 14 de abril de 1999, el ministro Straw vuelve a resolver que la extradici¨®n debe seguir adelante por los delitos establecidos en el fallo de los lores: tortura y conspiraci¨®n para tortura a partir del 8 de diciembre de 1988.

En la segunda quincena de junio de 1999, Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa y Hacienda del Gobierno espa?ol, incluye una visita a Chile al preparar un viaje a Brasil y Argentina para julio. Al hacer los preparativos del viaje, el Gobierno de Frei comunica a Espa?a que la visita no se considera conveniente y aconseja suspenderla.

El 28 de junio de 1999, con ocasi¨®n de la reuni¨®n cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Uni¨®n Europea en R¨ªo de Janeiro, el Gobierno de Chile espera una respuesta positiva, basada en varias conversaciones bilaterales, del Gobierno espa?ol sobre un arbitraje amistoso entre Chile y Espa?a.

En la entrevista que mantienen ese d¨ªa Aznar y Frei, ¨¦ste le informa del presunto deterioro de salud del general Pinochet, de su diabetes y sus problemas cardiorrespiratorios. Aznar aprovecha para reiterar que su Gobierno no pondr¨¢ objeciones si la justicia brit¨¢nica decide enviar a Pinochet a Chile por razones humanitarias. Matutes expresa con mayor amplitud la verdadera orientaci¨®n del Gobierno al manifestar la disposici¨®n del Gobierno espa?ol a "buscar soluciones que sean conformes a Derecho".

En la misma reuni¨®n de R¨ªo, el Gobierno espa?ol ha comunicado al nuevo canciller chileno, Gabriel Vald¨¦s, que los servicios jur¨ªdicos del Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejan un arbitraje amistoso. Finalmente, el 11 de julio de 1999, Matutes escribe, en una carta publicada en Chile, que el Gobierno "accedi¨® a transmitir oficialmente, a trav¨¦s del Ministerio de Justicia,toda la informaci¨®n disponible que hab¨ªa solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales adoptados por el juez, junto con las razones alegadas por la fiscal¨ªa". En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Vald¨¦s, "agradece el env¨ªo" de dict¨¢menes internos del Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol.

Matutes, en sinton¨ªa con Aznar, est¨¢ dispuesto a avanzar hacia el arbitraje amistoso con las autoridades chilenas en el marco del Convenio Contra la Tortura, antes de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya con la controversia. Ambos han tomado la decisi¨®n de consultar sobre dicho mecanismo al Consejo de Estado para saber si es preceptivo llevar el asunto al Congreso, dado lo avanzado del procedimiento, antes de acordar el arbitraje.

En el terreno judicial, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional eleva un escrito, el 29 de julio, a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, secci¨®n tercera, para que se deje "en libertad a Pinochet" -como si ¨¦ste estuviera preso en Madrid-, ya que han transcurrido m¨¢s de cinco meses desde que se recurriera el auto de prisi¨®n del juez Garz¨®n sin que hubiera resoluci¨®n.

En el terreno pol¨ªtico, el Gobierno busca el apoyo del PSOE, para lo que Matutes se entrevist¨® con Joaqu¨ªn Almunia, su secretario general y candidato a la presidencia. ?ste nada tiene que decir a la idea de consultar al Consejo de Estado, pero advierte de que se opondr¨¢ al arbitraje y que es favorable a que siga el proceso de extradici¨®n.

El 3 de agosto, el juez Garz¨®n resuelve por providencia enviar oficios al Ministerio de Asuntos Exteriores para que informe sobre la existencia del pacto para el "arbitraje amistoso", as¨ª como sobre qu¨¦ materiales se entregaron al Gobierno de Chile, a fin de determinar si ha habido una posible intromisi¨®n en su jurisdicci¨®n.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional recurre la providencia y ataca al juez por inmiscuirse en el poder pol¨ªtico. El 6 de agosto, la Fiscal¨ªa General del Estado apoya p¨²blicamente a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, tanto en su petici¨®n de libertad de Pinochet como en el recurso a la decisi¨®n de Garz¨®n de pedir informaci¨®n a Matutes.

El presidente del Gobierno, en su rueda de prensa en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, advierte, el 9 de agosto: "Las relaciones exteriores de Espa?a, incluidas las relaciones con Chile, corresponden al Gobierno de la naci¨®n, no a ning¨²n tribunal de justicia. Me gustar¨ªa que el mismo celo y el mismo respeto que el Gobierno pone para las decisiones de los tribunales y para la independencia judicial se pusiera por todos los tribunales para lo que es el ejercicio de competencias que corresponden al Gobierno".

La aparente irrespetuosidad del juez Garz¨®n ha consistido en solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores una confirmaci¨®n sobre la negociaci¨®n del llamado "arbitraje amistoso" y una precisi¨®n sobre los documentos que, seg¨²n una carta del propio Matutes, se han entregado al Gobierno de Chile, que no es parte personada en el procedimiento espa?ol.

El resumen de todas las intervenciones de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar revela, como m¨ªnimo, dos cosas: ha apoyado m¨¢s activamente de lo que puede creerse la posici¨®n de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional contra la jurisdicci¨®n de Espa?a; nunca ha incorporado en sus definiciones una referencia a las v¨ªctimas espa?olas de la dictadura de Pinochet.

Un doble rasero que no ha estado presente en la conducta de los colegas europeos de Aznar. En el Reino Unido, Francia, B¨¦lgica, Suiza e Italia, la respuesta de los Gobiernos ha sido respaldar -no ser simplemente buz¨®n- la acci¨®n de la justicia. Y Estados Unidos acaba de desclasificar material secreto sobre los m¨¦todos y actividades de Pinochet y sus amigos por si ello puede servir a la investigaci¨®n de los abusos de los derechos humanos y desapariciones durante la dictadura, al tiempo que ha abierto una colaboraci¨®n judicial con Espa?a en el caso Letelier.