El lino, en los tribunales

Se dice que termina mal lo que mal comienza. Pero no se pod¨ªa imaginar un peor fin para la comisi¨®n parlamentaria que ha investigado las subvenciones al cultivo del lino: la intervenci¨®n de los tribunales en el asunto. El partido del Gobierno quiere llevar ante la justicia al consejero de Agricultura de Andaluc¨ªa, al que acusa de haber mentido en su testimonio ante la comisi¨®n, y los socialistas quieren que el Tribunal Constitucional dictamine si el presidente del Congreso, Federico Trillo, ha aplicado correctamente el reglamento al no admitir la impugnaci¨®n de las votaciones del pasado 17 de agosto que concluyeron con la exculpaci¨®n de la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio. No es un indicio de buen funcionamiento institucional que los asuntos pol¨ªticos, que tienen sus propios cauces de resoluci¨®n, terminen en los tribunales. En principio hay que atribuirlo al fracaso de la pol¨ªtica. En el caso del lino ese fracaso estaba inscrito en los proleg¨®menos a la creaci¨®n de una comisi¨®n que fue aceptada a rega?adientes por el Gobierno, en el desarrollo apresurado de sus sesiones y en las confusas conclusiones aprobadas, que niegan la existencia de una trama organizada de altos cargos en el Ministerio de Agricultura para obtener subvenciones p¨²blicas para el cultivo del lino pero no que esas subvenciones se percibieran, y exculpan a la antigua titular del departamento de toda responsabilidad pol¨ªtica en el asunto.

Es posible que los socialistas magnificaran desde sus inicios el esc¨¢ndalo del lino al saberse que la entonces ministra Loyola de Palacio encabezar¨ªa las listas europeas del PP y que este partido tratara de minimizarlo por igual motivo. Pero esta sobreexplotaci¨®n pol¨ªtica del asunto no deber¨ªa haber desbordado los cauces parlamentarios. En el Parlamento Europeo las reservas expresadas sobre Loyola de Palacio en relaci¨®n con el asunto del lino no parece que vayan a restarle el benepl¨¢cito de los socialistas para sus nuevas funciones. Pero en el Parlamento espa?ol el asunto se ha exacerbado con el cuestionamiento de la actuaci¨®n de su presidente, Federico Trillo, al que el PSOE y otros grupos de la oposici¨®n acusan de no aplicar con la imparcialidad que requiere su funci¨®n el reglamento del Congreso. Que el presidente de la m¨¢s alta instituci¨®n democr¨¢tica sea sospechoso de parcialidad es, sin duda, un asunto grave. Al Constitucional le corresponde dictaminar sobre esta cuesti¨®n si se le requiere. Pero que ocurra algo as¨ª ni refuerza la autonom¨ªa de la pol¨ªtica, tantas veces reivindicada por los pol¨ªticos ante las supuestas intromisiones de los jueces, ni realza el prestigio del Parlamento.