Zozobra permanente

LA APERTURA de un expediente administrativo a cuatro altos cargos de la Inspecci¨®n Fiscal de Valencia por supuestas irregularidades de car¨¢cter grave recuerda a la opini¨®n p¨²blica que la Agencia Tributaria vive una etapa de inestabilidad y de sobresaltos continuos que minan peligrosamente su prestigio institucional. A grandes rasgos, primero fue el caso de la pretendida amnist¨ªa fiscal de 200.000 millones, que aire¨® el Gobierno del PP contra sus antecesores socialistas y que rechazaron por inconsistente los tribunales y la Comisi¨®n Parlamentaria encargada de investigar la denuncia. Luego aflor¨® el esc¨¢ndalo Aguiar-Huguet, dos de los estandartes del rigor fiscal en tiempos del PSOE; continu¨® con la disoluci¨®n de la Unidad Especial de Estudios Econ¨®micos de la Agencia y la detenci¨®n de uno de sus miembros; y la secuencia se prolonga ahora con los cuatro expedientes citados. Sin contar con el rosario de huelgas y conflictos protagonizados por inspectores y subinspectores que revelan un grave malestar de fondo en la Agencia que va m¨¢s all¨¢ del caos administrativo.El papel vital que desempe?a la Agencia Tributaria en el orden democr¨¢tico exige que las investigaciones sobre las actuaciones dudosas de sus funcionarios se lleven hasta el final y que se pongan en conocimiento de los tribunales las pruebas, si existen, de cualquier irregularidad. Pero ante el desbarajuste general en la Agencia, ya no cabe sostener, como hasta ahora se ha hecho desde el Gobierno, que estamos ante "casos aislados". Son demasiados casos y, lo que es peor, algunos confunden a la opini¨®n p¨²blica, quiz¨¢ porque est¨¢n mal o insuficientemente explicados. No es lo mismo un asunto como el de Aguiar y Huguet, cuyos protagonistas llevan a?os fuera de la administraci¨®n, que los expedientes abiertos en Barcelona y Valencia a inspectores en ejercicio.

Es obligado reconocer que el primer caso se destap¨® casi accidentalmente en el juicio civil seguido en Londres por el caso Torras, mientras que los otros han sido descubiertos por la Auditor¨ªa interna. Sin duda, esto mejora la confianza de los contribuyentes, pero el responsable de la Agencia, Juan Costa, deber¨ªa explicar por qu¨¦ se abren los expedientes y qu¨¦ relaci¨®n guardan con las denuncias que un juez instructor desestim¨® en su d¨ªa por falta de pruebas contra uno de los ahora expedientados. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre el alcance de las presuntas irregularidades detectadas y evitar as¨ª un clima de zozobra fiscal permanente.