Justicia se compromete a elaborar una ley espec¨ªfica para subir el sueldo a los jueces

El Ministerio de Justicia alcanz¨® ayer un principio de acuerdo con las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales sobre un asunto que les ha enfrentado en los ¨²ltimos meses: el aumento de las retribuciones. Todos coinciden en la elaboraci¨®n de una espec¨ªfica Ley de Retribuciones en la que se regulen las subidas salariales de los magistrados. ?stos aceptan que el incremento salarial pueda ser inferior al 25% que han venido solicitando, pero, a cambio, piden que, mientras se elabora esa futura ley, el Ejecutivo les conceda una subida provisional, algo a lo que el Gobierno no se ha comprometido.

Por parte de Justicia asistieron a la reuni¨®n -que dur¨® mas de dos horas y media- el secretario de Estado, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Montes; el subsecretario, Ram¨®n Garc¨ªa Mena, y el director general de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, Juan Ignacio Zoido.En su comparecencia ante la prensa, Gonz¨¢lez Montes destac¨®, m¨¢s que la subida de sueldos de jueces y fiscales, la propia elaboraci¨®n de la ley, un compromiso establecido en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985 e incumplido desde entonces. El art¨ªculo 403 de dicha norma prev¨¦ que "el r¨¦gimen de retribuciones de los jueces y magistrados se regir¨¢ por ley". Por su parte, el Estatuto del Ministerio Fiscal establece la equiparaci¨®n de las retribuciones de los fiscales con las de los jueces.

En l¨ªnea con lo manifestado en las ¨²ltimas semanas por la ministra de Justicia, que siempre desvincul¨® el aumento retributivo de la necesaria elaboraci¨®n de la ley, Gonz¨¢lez Montes no quiso comprometerse respecto a la subida salarial. Ni siquiera asumi¨® que, mientras se alcanza la aprobaci¨®n de esa ley, se aumenten provisionalmente los sueldos, como reclamaban jueces y fiscales. Se limit¨® a decir que consultar¨¢ tal demanda y contestar¨¢ en la segunda quincena de octubre. S¨ª adelant¨® que la futura ley podr¨ªa tener efectos retroactivos al 1 de enero del 2000.

Ley a largo plazo

Los representantes de las seis asociaciones -Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Uni¨®n Judicial Independiente, Asociaci¨®n de Fiscales y Uni¨®n Progresista de Fiscales- pusieron de manifiesto que, a la vista de lo que queda de legislatura, ser¨¢ pr¨¢cticamente imposible aprobar la ley antes de que se disuelvan las Cortes Generales. Temen tambi¨¦n que la elaboraci¨®n futura de la ley dependa de coyunturas electorales y pol¨ªticas, ya que los compromisos de una legislatura se cumplen necesariamente en la que le sucede.

De ah¨ª que la disposici¨®n de Justicia a consultar el proyecto de ley con las asociaciones, aunque es saludado positivamente como una muestra de reapertura del di¨¢logo, no ofrece garant¨ªas al colectivo judicial de que sus demandas ser¨¢n satisfechas. Por ello, jueces y fiscales pidieron que, ya que renuncian a convertir en exigencia inmediata el aspecto retributivo de la ley -aceptando que la futura subida salarial sea inferior al 25% que reivindican-, esperan del Gobierno que asuma un aumento provisional mientras la ley se tramita. Gonz¨¢lez Montes se neg¨® a asumir este compromiso.

El presidente de la APM, Santiago Mart¨ªnez-Vares interpret¨® que, con la apertura del di¨¢logo, se intenta "traer al presente el futuro y que lo que se vaya a reflejar en la ley tenga un reflejo inmediato en las retribuciones". En cuanto a las medidas de protesta anunciadas, declar¨®: "Mientras haya di¨¢logo, no forzaremos situaciones".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, dijo: "Esperaremos sin tomar ninguna iniciativa a que se produzca esta respuesta, y, si es positiva, negociaremos con la buena fe y la prudencia demostrada hasta la fecha, pero tambi¨¦n con toda la firmeza". Los altos cargos de Justicia intentaron tambi¨¦n apaciguar a otros colectivos. Gonz¨¢lez Montes anunci¨® que, una vez reguladas las retribuciones de jueces y fiscales, se extender¨¢ la misma filosof¨ªa a otros colectivos como los secretarios judiciales, los agentes o los forenses. Sin embargo, jueces y fiscales negaron que tales regulaciones puedan incluirse en la Ley de Retribuciones y valoraron la sugerencia como un deseo de ganar tiempo.