Alegato contra la tortura en Bow Street

Ayer, el juez brit¨¢nico Ronald Bartle ha enviado a la fiscal¨ªa espa?ola una desautorizaci¨®n que nunca hizo nuestro esquizofr¨¦nico Gobierno, y as¨ª ha dado la raz¨®n a las v¨ªctimas de Pinochet. En su fallo, el juez se pregunta, con sentido com¨²n genuinamente brit¨¢nico, si puede, sin conocer la ley espa?ola, desafiar los dict¨¢menes de los tribunales espa?oles. "Creo que no", se contesta a s¨ª mismo.Si Pinochet llegase a comparecer ante la Audiencia Nacional, como ha decidido el juez londinense, ser¨¢ juzgado por torturas en la forma en que lo ha definido y acotado ese juez. Primero, como conspiraci¨®n para la tortura, que es equivalente en nuestro derecho a la inducci¨®n o cooperaci¨®n necesaria para torturar, o sea, una autor¨ªa intelectual y de orden, un plan general dise?ado para asesinar y torturar a trav¨¦s de la siniestra DINA. Segundo, como tortura, en los casos concretos que hay en el sumario. Pero ser¨¢n nuestros tribunales los que juzgar¨¢n la culpabilidad de Pinochet; las pruebas no compete al Reino Unido valorarlas. Pero la decisi¨®n de Bartle es mucho m¨¢s que una fr¨ªa extradici¨®n. Es, y ah¨ª est¨¢ su radical trascendencia, el "punto final" de la impunidad autropreparada por los dictadores o genocidas de este mundo, que en la tortura han encontrado, durante siglos, su principal resorte de poder. Desde ahora, para la tortura no hay inmunidad.

El juez de Bow Street, en efecto, centra su fallo en la posible transgresi¨®n por Pinochet del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de 10 de diciembre de 1984, "de aplicaci¨®n universal" seg¨²n dice el juez. Un Convenio que el propio Pinochet tuvo la desfachatez de ratificar, antes que el Reino Unido lo hiciera el 8 de diciembre de 1988. La C¨¢mara de los Lores situ¨® en esa ¨²ltima fecha el fin de la inmunidad para Pinochet, y reconoci¨® algunos casos de tortura, a partir de entonces, atribuibles al dictador chileno, hasta su abandono del poder en l990. El juez Roland Bartle ha ensanchado espectacularmente los delitos sobre los que Espa?a podr¨¢ juzgarle: 34 casos de tortura y uno de conspiraci¨®n para la tortura, adem¨¢s de -y esto es fundamental- 1198 casos de desaparecidos, cuya vigencia como delito continuado no ha cesado, y por cuya causa sus familiares siguen sufriendo un dolor grave, f¨ªsico o mental ( art. 1 del Convenio). "La conspiraci¨®n es un delito duradero", apostilla Bartle. La menci¨®n del juez brit¨¢nico a los desaparecidos da una dimension enorme a la acusacion y posible juicio a Pinochet. Est¨¢ presente en ello la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kurt (1998). El origen es una denuncia de una madre de un kurdo contra Turqu¨ªa por la desaparicion de su hijo a manos del Ej¨¦rcito. El Gobierno turco minti¨® al atribuir la desaparicion al Partido del Kurdist¨¢n. El Tribunal no le crey¨®. Conden¨® al Estado turco por infligir a la madre denunciante tratos inhumanos y degradantes seg¨²n el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 3?) porque el Estado no satisfizo a esa madre, ni d¨¢ndole informacion del paradero de su hijo, ni persiguiendo efectivamente a los responsables del secuestro de su hijo. Le produjo otra forma de tortura. Esta doctrina es aplicable a Pinochet, seg¨²n la decisi¨®n de ayer.

Pinochet est¨¢ en una dif¨ªcil encrucijada. Si apela contra Bow Street ante el Alto Tribunal de Inglaterra (tiene un plazo de 15 d¨ªas), alargar¨¢ su supuesto malestar f¨ªsico insoportable, y restar¨¢ argumentos al pretexto de salud hasta ahora esgrimido, adem¨¢s de impedir que haga acto de presencia el ministro del Interior, Jack Straw, y su decisi¨®n pol¨ªtica final. Si no apela y prefiere directamente pedir a Straw la libertad por razones humanitarias, se arriesga a una inmediata entrega a Espa?a para su juicio. Esto ¨²ltimo s¨®lo lo har¨¢, sin duda, si est¨¢ seguro de que la respuesta de Straw ser¨¢ favorable a la liberaci¨®n. Pero si apela ser¨¢ a¨²n menos cre¨ªble la enfermedad que el dictador alega, conden¨¢ndose a una agonia mental en Londres. La decisi¨®n de ayer, en suma, traza el camino a la extradici¨®n , la hace casi irreversible y ampl¨ªa el ¨¢mbito del juicio en Espa?a.

Ha llegado ya el momento de que el Gobierno espa?ol, que tan bien actu¨® tramitando la extradici¨®n y tan mal arrepinti¨¦ndose despu¨¦s, interese del Fiscal General del Estado que el camino dibujado por la Justicia, aqu¨ª y en Londres, se siga escrupulosamente, y que rectifique la estramb¨®tica y preconstitucional pol¨ªtica del Fiscal Fungairi?o, obstruccionista del juicio.

Es este juicio el que da verdaramente p¨¢nico a quien aterroriz¨® a tanta gente. No teme tanto una condena que, para los ciudadanos y ciudadanas corrientes, ya est¨¢ pronunciada desde una perspectiva moral. Como dice Albert Camus, para quien ha ostentado poder lo que da pavor no es tanto la condena como el juicio. Lo que Pinochet, el residente de la mansi¨®n de Surrey, y su entorno social no desean es el juicio p¨²blico. Pero esto es precisamente lo que nos importa. Que la raz¨®n de Estado no aplaste los derechos humanos nunca m¨¢s, y que el enjuiciamento que tantas personas esperan desde hace tantos a?os abra una investigaci¨®n y reparaci¨®n definitiva sobre una de las mayores afrentas y fuente de dolor del siglo que tan elocuentemente finaliza. Lo hace intentando acabar con la peor locura de la in-civilizaci¨®n: la tortura. Ayer se realiz¨® un magno alegato contra ella en Bow Street, con un fallo tan sencillo como eficaz.