El caso Pinochet

Con la sentencia del juez brit¨¢nico Ronald Bartle se ha dado un paso m¨¢s hacia la extradici¨®n a Espa?a del general Pinochet para ser juzgado por cr¨ªmenes cometidos contra los derechos humanos durante los 17 a?os de la dictadura que presidi¨®. Se trata de un acontecimiento hist¨®rico que trasciende largamente la circunstancia chilena y que debe ser saludado con alegr¨ªa por todos los millones de seres humanos que, en el ancho mundo, son o han sido perseguidos, maltratados o silenciados por sus ideas, y por quienes no se resignan a que la cultura y las costumbres democr¨¢ticas sean el privilegio de apenas un pu?ado de pa¨ªses en tanto que la barbarie del despotismo y la autocracia sigan imperando en las tres cuartas partes restantes del planeta.Quienes, sin ser partidarios de los reg¨ªmenes dictatoriales, cuestionan el derecho de Espa?a y el Reino Unido de juzgar al exdictador chileno, alegan una serie de razones que, creo, no resisten un an¨¢lisis en profundidad. La m¨¢s socorrida de estas razones es pragm¨¢tica: el acoso internacional a Pinochet pone en peligro la transici¨®n chilena hacia la democracia y puede desestabilizar al gobierno actual, crispar y exacerbar la vida pol¨ªtica e, incluso, provocar un nuevo golpe de Estado. Este catastrofismo no est¨¢ avalado por los hechos. Por el contrario: la realidad es que el enfrentamiento entre partidarios y adversarios del juicio a Pinochet fuera de Chile, aunque de gran virulencia, es protagonizado por sectores radicales minoritarios, y que una mayor¨ªa de la sociedad chilena lo sigue a la distancia y con creciente indiferencia. Mucho m¨¢s intenso es el debate nacional con motivo de las pr¨®ximas elecciones, en el que -algo que suelen omitir las informaciones internacionales- el caso Pinochet ha dejado de figurar en primer plano, se dir¨ªa que por un t¨¢cito (y muy sensato) acuerdo entre los principales candidatos, Lagos (de centro izquierda) y Lav¨ªn (de centro derecha).

No hay un argumento serio que justifique los l¨²gubres vaticinios de que el caso Pinochet vaya a destruir la democracia chilena. Por el contrario, como acaba de mostrarlo The New York Times en un reportaje sobre el estado de la justicia en ese pa¨ªs, el procesamiento de Pinochet en Espa?a ha significado una reactivaci¨®n de las iniciativas legales en Chile contra los cr¨ªmenes y abusos cometidos durante la dictadura, y en los ¨²ltimos doce meses veintis¨¦is oficiales acusados de estos delitos han sido encarcelados por orden judicial. Este es un s¨ªntoma clar¨ªsimo de una mayor disponibilidad y libertad de los jueces chilenos para actuar sobre este tema, adquiridas gracias a la remoci¨®n del obst¨¢culo que, para el normal desenvolvimiento de la justicia, significaba la presencia del senador vitalicio dentro de uno de los ¨®rganos rectores del Estado chileno. En vez de debilitarla, la acci¨®n internacional contra Pinochet contribuye a perfeccionar y acelerar una democratizaci¨®n ya firmemente enraizada en Chile.

Otra de las razones alegadas en contra del procesamiento de Pinochet por el juez Baltasar Garz¨®n es de tipo nacionalista: la violaci¨®n de la soberan¨ªa nacional que significar¨ªa juzgar al exdictador fuera de su propio pa¨ªs. Este es un argumento de un anacronismo contumaz, que ignora la realidad hist¨®rica contempor¨¢nea signada por la globalizaci¨®n, es decir por la sistem¨¢tica erosi¨®n de las fronteras y del concepto decimon¨®nico del Estado-naci¨®n. La econom¨ªa se encarg¨® de ser la punta de lanza de la gran ofensiva moderna contra esa visi¨®n estrecha, excluyente y particularista de la soberan¨ªa, incompatible con la interdependencia que el desarrollo de la ciencia, la t¨¦cnica, la informaci¨®n, el comercio y la cultura ha establecido a finales del siglo veinte entre todas las sociedades del mundo. ?Por qu¨¦ la justicia quedar¨ªa excluida de este proceso generalizado de internacionalizaci¨®n de la vida contempor¨¢nea? De hecho, no lo est¨¢. Nadie objeta que los delincuentes comunes, o los traficantes y contrabandistas, sean perseguidos y sancionados judicialmente fuera de sus "patrias"; por el contrario, lo normal es que los gobiernos soliciten la acci¨®n mancomunada de los otros pa¨ªses contra sus delincuentes (por ejemplo, en lo que ata?e al terrorismo). ?Por qu¨¦ los cr¨ªmenes y abusos contra los derechos humanos constituir¨ªan un caso aparte? ?Son acaso menos graves desde el punto de vista ¨¦tico o jur¨ªdico estos delitos?

La importancia del caso Pinochet es, precisamente, que sienta un precedente para acabar con la impunidad de que hasta ahora han gozado sinn¨²mero de tiranuelos y s¨¢trapas, que, luego de perpetrar sus fechor¨ªas y pillar la hacienda p¨²blica hasta amasar cuantiosas fortunas, se retiraban a disfrutar de una vejez magn¨ªfica a salvo de toda sanci¨®n. Ahora, de Baby Doc al general Cedras, de Idi Am¨ªn a Menghistu, de Fidel Castro a Sadam Hussein, y tantos otros de la misma estirpe, saben que no podr¨¢n vivir tranquilos, que vayan donde vayan y est¨¦n donde est¨¦n la justicia puede llegar hasta ellos y obligarlos a responder por sus cr¨ªmenes. El efecto disuasivo que esta perspectiva tendr¨¢ sobre los candidatos a golpistas no deber¨ªa ser soslayado.

Hay quienes argumentan que en vez de disuadir a futuros dictadores, el acoso judicial a Pinochet va a incitar a los que ya usurpan el poder a atornillarse en ¨¦l, a no cometer la imprudencia que cometi¨® el exdictador chileno abandonando un gobierno que lo hac¨ªa invulnerable a las sanciones. Quienes eso piensan, tienen una idea arcang¨¦lica de los dictadores, pues creen que estos se retiran del poder porque un d¨ªa se vuelven buenos o dem¨®cratas y que hay que incitarlos a que experimenten esta conversi¨®n moral y pol¨ªtica garantiz¨¢ndoles de antemano la futura impunidad. La verdad es que nunca en la historia un dictador ha dejado de serlo por voluntad propia, por una s¨²bita transformaci¨®n espiritual, ideol¨®gica o ¨¦tica. Todos quisieran eternizarse en el poder (tambi¨¦n muchos gobernantes dem¨®cratas, desde luego), y si no lo consiguen es, sencillamente porque no pueden, porque una situaci¨®n determinada los empuja en un momento dado, de manera irresistible, a partir. Ni Fidel Castro ni el coronel Gaddafi ni Sadam Hussein ni sus cong¨¦neres van a acortar un solo minuto su permanencia en el poder porque cese el hostigamiento legal a Pinochet.

Otra de las razones esgrimidas en contra del procesamiento a Pinochet es el del distinto rasero con el que ciertos medios de comunicaci¨®n y ciertos intelectuales y pol¨ªticos juzgan a los dictadores: ?por qu¨¦ las satrap¨ªas de izquierda no les merecen el mismo repudio que las de derecha? ?Ha sido acaso m¨¢s cruel y sanguinario en sus diecisiete a?os de dictador Pinochet con sus adversarios que Fidel Castro en sus cuarenta a?os de tiranuelo con los suyos? Cualquier persona medianamente informada sabe que, aunque de distinto signo ideol¨®gico, ambos personajes son responsables de indecibles abusos contra los m¨¢s elementales derechos humanos, lo que deber¨ªa traducirse en una id¨¦ntica condena y acoso por parte de la comunidad internacional democr¨¢tica. Sin embargo, ya lo sabemos, en tanto que ni un solo gobierno democr¨¢tico defendi¨® a Pinochet, s¨®lo un ¨ªnfimo n¨²mero de gobiernos de esta ¨ªndole se atreve a llamar a Fidel Castro lo que en verdad es: un peque?o s¨¢trapa con las manos manchadas de sangre. Y una veintena de presidentes y primeros ministros iberoamericanos se dispone, dentro de unos d¨ªas, en un grotesco aquelarre pol¨ªtico, a viajar a La Habana a abrazarse con el repugnante personaje, y a legitimarlo, firmando con ¨¦l, una vez m¨¢s, sin que les tiemble la mano ni se les caiga la cara de verg¨¹enza, una declaraci¨®n a favor de la libertad y la legalidad como el marco adecuado para el desarrollo de la comunidad iberoamericana.

Desde luego que esta doble moral (esta "hemiplejia moral" la llama Jean Fran?ois Revel) para tratar a los dictadores seg¨²n sean de derecha o de izquierda es indignante, sobre todo en la boca, la pluma y la conducta de los c¨ªnicos que, a la vez que la practican, se llaman dem¨®cratas o, escarnio supremo, progresistas. Sin embargo, traducir esta indignaci¨®n en una propuesta de exoneraci¨®n de toda culpa a Pinochet ya que (por el momento) no se puede castigar de la misma forma que a ¨¦l a Fidel Castro, de carta blanca para los desafueros de los dictadores fascistas ya que los dictadores comunistas suelen ser menos vulnerables que aqu¨¦llos a la sanci¨®n internacional, es lo mismo que proponer que, como no existe una justicia universal y absoluta, la humanidad renuncie a toda forma de justicia, incluso relativa y parcial. Esa es una actitud fundamentalista y maniquea incompatible con la realidad humana social, en la que simplemente no es posible aspirar a la perfecci¨®n y a lo absoluto en ning¨²n orden. En el dominio penal siempre ser¨¢ preferible que un asesino sea juzgado y sancionado, aunque otros muchos escapen al castigo por sus cr¨ªmenes. Lo mismo vale para los delitos contra los derechos humanos. El caso Pinochet es alentador desde el punto de vista moral, jur¨ªdico y pol¨ªtico porque abre las puertas para que, en el futuro, otros dictadores -no importa de qu¨¦ signo ideol¨®gico- sean acosados y sancionados por sus cr¨ªmenes, y tambi¨¦n porque, en este caso particular, unas v¨ªctimas concretas de torturas, asesinatos, c¨¢rcel y despojos est¨¢n recibiendo una leg¨ªtima aunque tard¨ªa reparaci¨®n. Esta es una buena nueva para todas las v¨ªctimas de persecuciones y atropellos en los cinco continentes, un indicio de que, por fin, comienza una nueva era en la historia de la humanidad en la que los grandes criminales pol¨ªticos podr¨¢n ser llevados a los tribunales a enfrentarse con sus delitos, sin que puedan escudarse detr¨¢s de la "soberan¨ªa nacional" o las amnist¨ªas que se concedieron ellos mismos cuando estaban en el poder para pasar al retiro con la conciencia tranquila y los bolsillos llenos. Que haya tocado a un exdictador de derecha y no de izquierda ser el primero de lo que -depende de todos nosotros y no s¨®lo del juez Baltasar Garz¨®n- ser¨¢ en el porvenir una larga lista de s¨¢trapas sancionados, es un detalle circunstancial que no afecta para nada la trascendental importancia de lo alcanzado en el plano de la justicia con el caso Pinochet. Depende de los genuinos dem¨®cratas, de los verdaderos amantes de la libertad y la legalidad en el mundo entero, que lo ocurrido con Pinochet no sea una excepci¨®n sino una regla, no una mera victoria de la "izquierda", sino un primer acto efectivo de justicia para reducir dr¨¢sticamente los asesinatos y torturas pol¨ªticas en el mundo, cometidos no importa por qui¨¦n ni con qu¨¦ pretexto religioso o pol¨ªtico. De alguna manera, poniendo a Pinochet en el banquillo de los acusados, los jueces espa?oles y brit¨¢nicos han llamado a comparecer junto a ¨¦l a todas las efigies de una luctuosa e inmemorial dinast¨ªa.