El Gobierno cree insuficientes las incompatibilidades previstas por la ley de Cajas

El recurso interpuesto por el Gobierno central la semana pasada contra la ley andaluza de Cajas de Ahorros no s¨®lo considera inconstitucional la intenci¨®n del Parlamento andaluz de rebajar el peso de la Iglesia en los ¨®rganos de gobierno de CajaSur; la impugnaci¨®n del Ejecutivo tambi¨¦n carga contra algunos p¨¢rrafos del r¨¦gimen general de incompatibilidades previsto en la ley para los miembros de los Consejos de Administraci¨®n, asambleas y comisiones de control. "El legislador andaluz ha restringido el alcance y el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de las causas de incompatibilidad previstas en las normas b¨¢sicas", asegura el abogado del Estado en su escrito.

El grueso del recurso, anunciado por el Consejo de Gobierno el pasado 21 de enero y presentado ante el Constitucional cinco d¨ªas despu¨¦s, se dedica a argumentar porqu¨¦ considera el Ejecutivo central que la ley andaluza ha vulnerado la normativa estatal y los acuerdos internacionales con la Santa Sede al tratar de equiparar la representaci¨®n del cabildo catedralicio de C¨®rdoba en CajaSur al previsto para las entidades fundadoras de cajas de ahorros (ver EL PA?S del 2 de febrero) La primera parte de la impugnaci¨®n, sin embargo, se destina a explicar la supuesta "inconstitucionalidad" de algunos supuestos de incompatibilidad descritos en el art¨ªculo 44 para los miembros de los ¨®rganos de gobierno. La primera objeci¨®n del Gobierno se sit¨²a en los p¨¢rrafos en los que se indica que no podr¨¢n ser miembros de los ¨®rganos de gobierno aquellas personas "condenadas por sentencia firme" a penas que les inhabilite para el ejercicio de cargos p¨²blicos, ni tampoco los que hayan incurrido en "infracciones administrativas graves o muy graves", siempre que el proceso contencioso-administrativo se hubiese agotado.

El recurso del Ejecutivo central recuerda que la normativa estatal "simplemente exige para que se d¨¦ la incompatibilidad que hayan sido 'condenados' o 'sancionados". El abogado del Estado entiende que la ley andaluza permite a las personas "condenadas" o "sancionadas" pertenecer a un ¨®rgano de gobierno de las cajas, durante la tramitaci¨®n de los recursos judiciales que interponga, es decir mientras no haya sentencia en firme. "La ley no ha respetado el contenido m¨ªnimo de la base estatal".

Empleados

Un argumento similar emplea el abogado del Estado para tachar de inconstitucional el p¨¢rrafo en el que se deja fuera de los ¨®rganos de gobierno a todos aquellos que perciban alguna retribuci¨®n de la caja, excepci¨®n hecha de "la relaci¨®n laboral de los empleados" de la entidad. El recurso sostiene que esta excepci¨®n, recogida en la norma estatal, s¨®lo se refiere a los representantes elegidos por los trabajadores para intervenir en los ¨®rganos de gobierno y no a todos los empleados, como interpreta la ley andaluza.

La consejera de Econom¨ªa, Magdalena ?lvarez, pas¨® ayer de puntillas por la convulsa situaci¨®n del sistema financiero andaluz y apenas se refiri¨® a la hipot¨¦tica fusi¨®n entre El Monte y Caja San Fernado, que ha recibido la bendici¨®n de los andalucistas, informa Javier Arroyo. ?lvarez, que ha manifestado en varias ocasiones sus reservas ante la operaci¨®n, no vio "ning¨²n problema" en que el PA tuviera una posici¨®n y el PSOE otra.