Un estudio acad¨¦mico insta a la reforma del modelo de televisi¨®n p¨²blica
La televisi¨®n p¨²blica necesita una profunda y r¨¢pida reforma para adaptarse al nuevo panorama digital, marcado por la multiplicaci¨®n de ofertas y la concentraci¨®n de la producci¨®n audiovisual en pocas empresas. Precisa dotarse de una autoridad independiente pol¨ªticamente, profesional y no partidista. Y debe garantizar el pluralismo y el acceso igualitario de toda la poblaci¨®n a la sociedad de la informaci¨®n. ?stas son las principales conclusiones del estudio La televisi¨®n p¨²blica en la era digital, encargado hace dos a?os por el Consejo Audiovisual de Catalu?a (CAC) a los catedr¨¢ticos de Ciencias de la Comunicaci¨®n de la Universidad Aut¨®noma (UAB) Miquel de Moragas y Emili Prado, que se present¨® ayer en el Colegio de Periodistas.Seg¨²n el estudio, la televisi¨®n p¨²blica debe resolver simult¨¢neamente cuatro cuestiones clave: redefinir su misi¨®n pol¨ªtica, social, econ¨®mica y cultural; contar con un contrato programa que le asegure la financiaci¨®n; ser econ¨®micamente sostenible, y dotarse de una autoridad suprema e independiente, al margen del actual control pol¨ªtico. Dicho organismo tendr¨ªa la funci¨®n de ejercer de gu¨ªa ¨¦tica y social sobre los contenidos de las televisiones p¨²blicas y privadas, garantizar el pluralismo e imponer sanciones por incumplimiento de las normas establecidas. Sus miembros deber¨ªan demostrar su competencia ante el Parlament y conseguir el respaldo de una mayor¨ªa cualificada, una f¨®rmula ya experimentada en el Congreso de Estados Unidos.
Al acto de presentaci¨®n del informe acudieron algunos miembros de la ponencia encargada de elaborar el proyecto de la nueva ley del CAC, propuesta surgida a partir del debate parlamentario del pasado diciembre sobre el sector audiovisual.
Ante ellos, los autores del estudio destacaron la necesidad de un "pacto democr¨¢tico para elaborar una legislaci¨®n que integre los sectores p¨²blicos y privados audiovisuales y las industrias culturales", y a?adieron que el informe "no propone f¨®rmulas legislativas, sino que pretende ser un marco te¨®rico que facilite las decisiones pol¨ªticas sobre la reforma del modelo actual".
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