Vizcaya considera nula la pr¨®rroga de la A-68 por falta de consulta previa a las diputaciones

La Diputaci¨®n de Vizcaya considera nulo el acuerdo del Gobierno central que ha prorrogado la concesi¨®n de la A-68 hasta 2026 porque no se consult¨® previamente a las diputaciones vascas. Asegura que con la pr¨®rroga se incumplen varias leyes y un art¨ªculo de la Constituci¨®n, por lo que presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Supremo. El portavoz foral, Jos¨¦ Luis Bilbao, calific¨® la pr¨®rroga, que rebaja el peaje en un 40% a cambio de prolongar la concesi¨®n quince a?os m¨¢s, de "acuerdo-trampa en el que los realmente beneficiados son los accionistas de la empresa concesionaria".

Jos¨¦ Luis Bilbao hizo p¨²blico lo que se conoc¨ªa desde anteayer: que el acuerdo para prolongar la concesi¨®n de la segunda autopista que atraviesa Euskadi acabar¨¢ en los tribunales. Pese a que Vizcaya alberga s¨®lo 22 de los 72 kil¨®metros de la Vasco Aragonesa en su tramo vasco -el total supera los 294 a lo largo de cuatro comunidades aut¨®nomas-, la Diputaci¨®n foral ha sido la primera instituci¨®n en plantear un litigio judicial, acordada en su reuni¨®n semanal del consejo de gobierno. "Este tramo es uno de los m¨¢s usados por la ciudadan¨ªa de Vizcaya, porque es la v¨ªa m¨¢s directa para dirigirse a Vitoria", se?al¨® el portavoz y diputado de Presidencia.La argumentaci¨®n de la Diputaci¨®n vizca¨ªna se resume en varios hechos concatenados: los territorios vascos tienen la competencia en materia de carreteras, aunque un vial atraviese varias comunidades, seg¨²n el Estatuto de Autonom¨ªa; por lo tanto, una decisi¨®n sobre la pr¨®rroga de la concesi¨®n exigir¨ªa una consulta previa. El no cumplimiento de este tr¨¢mite supone, seg¨²n la Diputaci¨®n, la "nulidad de pleno derecho" del acuerdo.

Bilbao incidi¨® en la especificidad de las competencias forales. "En modo alguno puede alegarse la incompetencia en relaci¨®n con que la A-68 transcurre por m¨¢s de una comunidad aut¨®noma, pues en el caso especial de las diputaciones forales la competencia sobre carreteras no est¨¢ afectada por esa limitaci¨®n". "La especificidad foral", contin¨²a el planteamiento, "permite tener la competencia sobre carreteras sin los l¨ªmites aplicables a las comunidades aut¨®nomas".

El diputado de Presidencia record¨® que la competencia de las diputaciones en materia de carreteras est¨¢ reconocida en el decreto de transferencia de la otra autopista vasca, la A-8 (Bilbao-Behobia), firmado el pasado 4 de febrero. "Aqu¨ª no se trata de discutir o no la transferencia, se trata del inter¨¦s basado en los art¨ªculos que dan lugar a las transferencias (3 y 10.34 del Estatuto vasco) que son los que permiten a los territorios hist¨®ricos, y a nadie m¨¢s salvo a propio Estado, tener competencias sobre carreteras de inter¨¦s general".

"Caramelo envenenado"

Jos¨¦ Luis Bilbao asegur¨® que la falta de informaci¨®n previa del acuerdo incumple dos leyes y que incluso "la informaci¨®n p¨²blica previa audiencia al interesado est¨¢ recogida en el art¨ªculo 105 de la propia Constituci¨®n". "Est¨¢ claro que la Diputaci¨®n de Vizcaya tiene ese derecho y ese inter¨¦s en este caso, y que no se le dio audiencia", a?adi¨®.

La Diputaci¨®n admite el "beneficio inmediato" que proporciona a los usuarios la rebaja del peaje y, por ello, anunci¨® "que no hemos pedido la suspensi¨®n del acuerdo, sino la nulidad". Sin embargo, valora que la prolongaci¨®n de la explotaci¨®n de la autopista durante otros 15 a?os "no beneficia a los intereses globales de Vizcaya. No se puede hipotecar una infraestructura como ¨¦sta hasta el a?o 2026, como lo ha hecho el Gobierno espa?ol". Bilbao compar¨® la rebaja de los peajes con "un caramelo envenenado", porque el trato m¨¢s favorable para los usuarios esconde "otro beneficio para la concesionaria". "Queremos dejar claro que el beneficio del usuario no debe estar vinculado a la pr¨®rroga. Esto es un acuerdo-trampa, en el que los realmente beneficiados son los accionistas de la compa?¨ªa concesionaria".

Problema del Gobierno

A su juicio, si hubiera una decisi¨®n favorable del Tribunal Supremo sobre la demanda planteada por la Diputaci¨®n, ser¨ªa el Gobierno central quien tendr¨ªa que resolver con la concesionaria las consecuencias econ¨®micas de una anulaci¨®n de la pr¨®rroga.

Jos¨¦ Luis Bilbao afirm¨® desconocer si la Diputaci¨®n de ?lava, territorio, que acapara la mayor parte del tramo vasco de la A-8, recurrir¨¢ tambi¨¦n judicialmente. "No nos metemos en las competencias de otra instituci¨®n. Somos muy celosos en ese sentido". Tambi¨¦n rehus¨® valorar las ¨²ltimas declaraciones de Jos¨¦ Alberto Pradera, anterior diputado general de Vizcaya y actual presidente de la A-68, quien defendi¨® el acuerdo con el Gobierno central. "En la Diputaci¨®n no acostumbramos a valorar opiniones externas", afirm¨® y tampoco concret¨® si fue motivo de debate en el consejo de gobierno foral de ayer. "Los acuerdos [del consejo] son p¨²blicos y las deliberaciones, secretas", apunt¨®.

El Ministerio de Fomento, requerido por este diario para dar su decisi¨®n adoptada por la Diputaci¨®n vizca¨ªna, no quiso realizar ning¨²n comentario. "No tenemos nada que decir", afirm¨® ayer un portavoz oficial.