Un nuevo poder social

El nuevo Gobierno andaluz heredar¨¢ varios planes econ¨®micos que cuentan con el apoyo de sindicatos y empresarios

El Gobierno andaluz que salga elegido en la convocatoria electoral del 12 de marzo deber¨¢ condicionar sus decisiones a m¨²ltiples factores: la financiaci¨®n auton¨®mica, las competencias asumidas, la cuant¨ªa de los fondos europeos, la planificaci¨®n en infraestructuras realizada en anteriores legislaturas... La nueva Administraci¨®n regional, cualquiera que sea su color pol¨ªtico, heredar¨¢ tambi¨¦n un di¨¢logo social consolidado que, en muchas ocasiones, ha convertido a sindicatos y empresarios en socios de la actuaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa.La preocupaci¨®n de los agentes sociales por pactar con el Gobierno auton¨®mico las grandes decisiones econ¨®micas viene de lejos. "Tenemos una tradici¨®n muy fuerte, fuimos pioneros en el modelo de concertaci¨®n, con acuerdos bilaterales con la Junta en los a?os ochenta", recuerda Julio Ruiz, secretario regional de CC OO. La ¨²ltima legislatura, con el PSOE y el PA en el Ejecutivo regional, ha consolidado los mecanismos de comunicaci¨®n: ahora, en la mesa social se sientan las tres partes (sindicatos, empresarios y Administraci¨®n) y, en muchas ocasiones, llegan a un acuerdo.

La renovaci¨®n del Pacto por el Empleo, en 1997, ha sido el acuerdo de m¨¢s calado de la pasada legislatura: UGT, CC OO y la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa firmaron con la Consejer¨ªa de Industria un plan que destinaba, a trav¨¦s de incentivos, 200.000 millones a las empresas que creen puestos de trabajo; los sindicatos y la patronal intervienen tambi¨¦n en el dise?o de la formaci¨®n profesional.

El empleo es el campo de juego natural de los agentes sociales pero sus acuerdos con el Ejecutivo han ido mucho m¨¢s all¨¢. La firma de sindicatos y empresarios se encuentra en la ley de Turismo, el Plan Industrial de Andaluc¨ªa (1999-2003), el Plan Director de Infraestructuras (1997-2007); y tambi¨¦n han participado en la elaboraci¨®n de las propuestas de inversi¨®n que ha realizado la Junta a la Administraci¨®n central para que las incluya en el Plan de Desarrollo Regional que debe asignar los fondos comunitarios del periodo 2000-2006.

Los acuerdos han sido muchos, aunque tambi¨¦n ha habido desencuentros: los incentivos a la reducci¨®n de jornada laboral y, m¨¢s recientemente, el Plan de Modernizaci¨®n de la Agricultura, s¨®lo han contado con el refrendo sindical. En todo caso, el pr¨®ximo Ejecutivo se encontrar¨¢ con una bater¨ªa de planes macroecon¨®micos en marcha; aqu¨ª, socialistas y andalucistas se han anotado un tanto: el nuevo Gobierno tendr¨¢ dif¨ªcil desactivar propuestas apoyadas por los agentes sociales; si no quiere asumirlas tendr¨¢ que pagar el alto coste de las movilizaciones.

El mapa sindical andaluz muestra una concentraci¨®n similar a la del resto del pa¨ªs, si cabe ligeramente superior. Seg¨²n los datos ofrecidos por UGT, el periodo electoral reci¨¦n concluido ha situado a este sindicato con el 43,7% de los delegados sindicales, frente al 41.09% de CC OO. Las centrales mayoritarias apenas dejan el 15% al resto de organizaciones representativas de los trabajadores.

"En la pr¨®xima legislatura, se debe aprobar una Ley de Participaci¨®n Institucional que garantice el papel de interlocuci¨®n de los sindicatos", explica el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, quien recuerda que s¨®lo las centrales sindicales "tienen la legitimidad de ser elegidas de modo democr¨¢tico".

"Las organizaciones empresariales tienen carencias democr¨¢ticas, su representaci¨®n les viene otorgada por el reconocimiento de las otras partes", subraya Ruiz. Eso s¨ª, la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa ha conseguido aglutinar a la inmensa mayor¨ªa de la patronal de la regi¨®n. En la CEA est¨¢n asociadas m¨¢s de 600 organizaciones empresariales, que representan intereses sectoriales y territoriales y que, a trav¨¦s de la Asamblea (290 delegados) eligen por mayor¨ªa a su presidente.

Movilizaciones

Los logros de la concertaci¨®n social no han impedido que los sindicatos se echen a la calle para tratar de modificar la postura del Ejecutivo andaluz en algunas materias. La situaci¨®n de los funcionarios interinos y los conflictos de la ense?anza han provocado las mayores movilizaciones; en la primera parte de la legislatura, la Junta obvi¨® los conflictos, pero en el ¨²ltimo a?o ha cedido terreno y ha llegado a acuerdos en casi todos los casos.

En estas movilizaciones, el papel jugado por sindicatos sectoriales como CSIF (con una alta representaci¨®n entre los funcionarios), ANPE o Ustea (en la ense?anza) ha arrastrado a las centrales mayoritarias a postulados m¨¢s extremos; UGT y CC OO ten¨ªan que velar aqu¨ª por no perder delegados sindicales. En todo caso, la presi¨®n dio sus frutos: la Junta se comprometi¨® a convertir los 3.200 interinos de la Administraci¨®n auton¨®mica en funcionarios estables y acept¨® muchas propuestas para equiparar los sueldos y las condiciones de los profesores de la ense?anza p¨²blica y privada a niveles nacionales.

La intensidad de los contactos entre el Gobierno andaluz y los sindicatos de la pasada legislatura ha dejado tambi¨¦n su r¨¦dito electoral. A pesar del pacto, CC OO y UGT han evitado pedir expresamente el voto para PSOE e IU; pero s¨ª han visto como los socialistas admit¨ªan con una celeridad inusitada la mayor parte de las propuestas que han presentado a todos los partidos pol¨ªticos.