Guerra sin cuartel
El fallo de ayer en Miami marca un hito en la larga batalla judicial contra las tabacaleras de EE UU. ?stas son las fechas que han marcado este proceso:1988. Un jurado de Newark acuerda una indemnizaci¨®n de 400.000 d¨®lares para la familia de Rose Cipollone, muerta de c¨¢ncer de laringe y adicta al tabaco. Este caso trajo como consecuencia en 1992 la obligatoriedad de advertir en los paquetes de tabaco sobre los perjuicios que fumar tiene para la salud.
Mayo de 1994. Misisip¨ª se convierte en el primer Estado de EE UU que presenta una demanda contra los fabricantes de tabaco para solicitar el reembolso de los gastos m¨¦dicos destinados a cuidar a los fumadores.
Agosto de 1996. Primer rev¨¦s importante para la industria del tabaco, declarada culpable por un tribunal de Florida en el caso de un c¨¢ncer de un ex fumador. La Agencia de Control de Alimentos (FDA) afirma tener la autoridad para regular la tasa de nicotina en el tabaco y sobre todo para decidir restricciones a la venta de tabaco a j¨®venes y reglamentar la publicidad.
Marzo de 1997. Por primera vez, un grupo tabacalero, Liggett, reconoce que el tabaco genera dependencia.
Agosto de 1998. La decisi¨®n de la FDA en 1996 fue anulada por un tribunal de apelaciones.
Noviembre de 1998. Acuerdo entre 46 Estados y los fabricantes de cigarrillos, que desembolsar¨¢n 206.000 millones de d¨®lares para cubrir los costes pagados por los Estados para cuidar a los fumadores.
Marzo de 1999. La tabacalera Philip Morris es condenada por un tribunal de California a pagar 81 millones de d¨®lares de indemnizaciones a la familia de un hombre que muri¨® de c¨¢ncer. Un mes antes, el mismo fabricante hab¨ªa sido condenado a pagar indemnizaciones por 50 millones de d¨®lares por un tribunal de Nueva York.
Julio de 1999. El tribunal de Miami (Florida) considera que los fabricantes de tabaco son responsables de enfermedades como el c¨¢ncer, abriendo la v¨ªa a una multiplicaci¨®n de los juicios por parte de ex fumadores.
Septiembre de 1999. El Gobierno de EE UU ataca en juicios civiles a los industriales por haber ocultado al p¨²blico los peligros del tabaco y reclama el pago de la totalidad de los gastos de salud causados por el tabaquismo (20.000 millones de d¨®lares al a?o)
21 de marzo de 2000. El Tribunal Supremo estipula que el Gobierno no tiene autoridad para reglamentar el tabaco, compar¨¢ndolo con una droga.
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